Granada se blinda ante los coches viejos, pero solo si son de fuera

El equipo de gobierno del PP en la capital granadina tenía dos variables principales a la hora de implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la que impide circular por ciertos espacios a los coches más antiguos y contaminantes: la mayor o menor amplitud del espacio restringido y a quiénes afecta la restricción. La elección ha sido finalmente convertir casi toda la ciudad en ZBE y legislar que solo afecte a quienes no están empadronados en la capital, sin mayor limitación en el tránsito para quienes viven en ella. Desde el 1 de abril, ningún coche de gasolina matriculado antes de 2001, o de 2006 si es diésel, podrá circular por Granada si el dueño no es residente en la ciudad. Esos mismos coches, sin embargo, pueden circular libremente si el propietario está empadronado en la capital. En definitiva, lo relevante no es la capacidad contaminante del auto, sino el código postal de su titular. La capital ha hecho una norma que, finalmente, legisla sobre los no capitalinos.

En una ciudad en la que entre el 50% y el 70% del tráfico procede de fuera y en la que la relación entre la capital (232.612 habitantes) y su área de influencia (380.000 personas en su consideración más amplia) es constante por trabajo, ocio, compras o asistencia sanitaria, esta ordenanza afecta seriamente a las localidades cercanas. Son más de 230.00 posibles vehículos procedentes de las 29 localidades con casi 300.000 personas en lo que algunos estudios llaman primera corona, a 10-15 minutos; de los 18 pueblos con 48.000 personas más en una segunda corona a 20 minutos, y de otros 10 municipios con 33.000 personas en la tercera corona, a aproximadamente media hora de distancia. Mucha gente y vehículos de los que alrededor del 10% podría ver prohibido su acceso a la capital.

Por ello, el área metropolitana está molesta pero, oficialmente, solo en la orilla socialista. A la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, le parece una “norma anticonstitucional”. José Joaquín Prieto, de Gójar, opina “que amenaza la realidad del área metropolitana”. Para Fátima Gómez Abad, de Alfacar, es “un despropósito que afecta a muchos profesionales de aquí que van a diario a la capital a trabajar”, a Marco Pérez, de Moclín, le parece que “aísla el medio rural”, mientras que para José Enrique Medina, de Pinos Puente, “impone dificultades innecesarias para acceder a servicios esenciales como la sanidad, la educación y la actividad económica”. En la orilla popular, al menos en público, la norma ha caído en gracia. En un pleno de hace algunos meses en la localidad de Las Gabias, en el que se votaba una moción del PSOE contra la norma, la alcaldesa del PP, María Merinda Sadaba, además de votar en contra decía: “Si queremos conseguir que la calidad del aire, no solamente de Granada capital, sino de toda el área metropolitana mejore, no quedan más opciones que tomar decisiones y adaptarnos a la ley”. Algo más lejos, pero también afectada por la nueva norma, está Loja, cuyo alcalde, Joaquín Camacho, también ha rechazado votar una moción contra la ZBE de Granada.

Alguna grieta, no obstante, ha aparecido en el PP. Es el caso de Santa Fe, cuyo alcalde, Juan Cobo Ortiz, ha reclamado cambios en la ordenanza granadina como reducir la extensión, implementar la ZBE por fases y, dirigiéndose a un sector muy concreto de sus conciudadanos, ha remitido un escrito en el que solicita “un corredor a todos los vendedores ambulantes, que ejercen su actividad en cada uno de los mercadillos de Granada”. Este diario ha intentado hablar sin éxito con la alcaldesa de Las Gabias y el de Santa Fe.

Raquel Ruz, ahora concejal socialista en la oposición en la capital y concejala de movilidad en el periodo 2021-2023, recuerda que entonces hubo otras opciones sobre la mesa. Su propuesta, explica, tenía su origen en la idea de un concejal anterior del PP, “el modelo de almendra central, consensuado entre los dos grandes partidos y los alcaldes y alcaldesas del área metropolitana”. Ese modelo comenzaba por cerrar solo el centro histórico de la ciudad, pero a todos los vehículos contaminantes, sin importar la procedencia. A ese primer espacio restringido, seguirían el de otros anillos concéntricos sucesivos.

La norma, que entra en vigor en unas semanas, ha cerrado su periodo de alegaciones hace unos días. El PSOE granadino ha presentado 20, que se suman a otras de diversos ayuntamientos y colectivos, hasta alcanzar las 250 reclamaciones, según ha confirmado Ana Agudo (PP), concejal de Movilidad, además de 1.200 consultas y peticiones por correo electrónico más. Más de una docena de localidades gobernadas por el PSOE han comunicado sus alegaciones a esta norma. Agudo lamenta que “la ley de cambio climático exigía la implantación de una ZBE a 1 de enero del 2023, pero el equipo de gobierno socialista no dejó ni un papel hecho y nos ha tocado todo el trabajo de fondo, tanto de proyecto como de ordenanza”. Algunas fuentes confirman que la ordenanza ha sido redactada, en todo o en parte, por una consultora externa.

La norma que regula las ZBE obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes a definir áreas de circulación restringida al inicio de 2023. El acuerdo es generalizado en la necesidad de tomar medidas para que Granada, la ciudad con peor calidad de aire del país tras Madrid y Barcelona, mejore ese parámetro. La queja es sobre el modelo adoptado. La alcaldesa socialista de Alfacar admite que “por supuesto tenemos que procurar un mejor aire para la capital y el área metropolitana, pero no puede ser que si vives en mi pueblo no puedas ir en ciertos coches, pero si vives en La Chana [barrio de la capital] puedes coger un tractor viejo que suelte aceite y humo y circular como si nada”. Gómez Abad recuerda que ella misma ha tenido que vender su coche y comprarse otro para que su familia pueda ir y venir a la capital.

Para la alcaldesa de Armilla –ciudad sin frontera real con la capital–, “nos parece inconstitucional porque no se utilizan criterios ambientales, sino de empadronamiento, que son discriminatorios y no mejoran la calidad del aire”, se queja y dice estar dispuesta a acudir al Tribunal Constitucional si no se cambia la norma. Raquel Ruz, de la capital, añade dos factores: “Ni han mejorado el transporte público con nuevas líneas o más frecuencias ahora, ni se va a hacer en los próximos dos años. Tampoco existe un plan sensato de parkings de borde. Se han designado unos pocos que, en realidad, son aparcamientos privados, con otros usos y lejos del centro”. Por otro lado, la restricción del próximo abril es solo el principio. En diciembre de 2027, dice Rus, “revisarán la norma y en principio habrá restricciones para vehículos con etiqueta B, que amplía muchísimo la lista de vehículos vetados, ya que afectaría prácticamente a todos los anteriores a 2016″.

El Ayuntamiento de Granada aún tiene tres semanas para modificar la normativa a partir de esas 250 alegaciones. Es esas semanas, el mercado de coches de segunda mano está en alza en la provincia, con ventas de coches baratos e inútiles para la gente de la periferia pero perfectamente útiles para los de la capital. La gente también baraja otras alternativas antes que vender: “También puedo empadronarme con mi madre, que vive en Granada, o poner el coche a su nombre”, dice alguien que prefiere no identificarse.