La subida de tarifas de Canal de Isabel II, una decisión injustificada

El reciente anuncio de la Comunidad de Madrid sobre el Plan Estratégico 2025-2030 de Canal de Isabel II, que contempla una inversión superior a 2.000 millones de euros para mejorar la calidad del servicio de agua, ha suscitado sorpresa y preocupación entre los ciudadanos, sobre todo por la subida tarifaria que supone un 3 % anual hasta 2030. Aunque la inversión podría ser necesaria, pues el agua es un recurso esencial, la falta de transparencia y diálogo en su formulación y ejecución plantea serias dudas sobre su justificación y eficacia.

El informe menciona proyectos como la ampliación de la ETAP de Colmenar Viejo y la instalación de contadores inteligentes. Sin embargo, no se detallan criterios para priorizar ni fondos, ni proyectos. ¿Cómo sabemos entonces si es realmente lo que se necesita?

El aspecto más controvertido es la subida de las tasas de agua. Aunque se asegura que las tarifas se mantendrán por debajo de la media nacional, el informe no explica cómo se ha llegado a esta conclusión ni si se evaluaron alternativas menos gravosas para los usuarios. La falta de justificación para el aumento de tarifas genera desconfianza, especialmente considerando que este ajuste llega tras una década sin subidas. Esta ausencia de incrementos, utilizada como argumento propagandístico por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, refleja una evidente incapacidad para prever las necesidades de inversión a corto y medio plazo en una empresa de la envergadura de Canal de Isabel II.

Lo más preocupante es que el aumento de tarifas no debería ser la única vía para financiar las inversiones. En lugar de incrementar los costos para los usuarios, se deberían explorar otras alternativas.

Canal de Isabel II ha generado importantes beneficios en los últimos años. En diciembre de 2024, la empresa aprobó un dividendo superior a 57 millones de euros, distribuyendo el 17, 68 euros entre 115 ayuntamientos madrileños, y la Comunidad de Madrid el 87,32%. Si se consideran los dividendos acumulados en la última década, la Comunidad de Madrid habría recibido alrededor de 460 millones de euros. En lugar de repartir estos beneficios entre los accionistas, ¿no sería más razonable reinvertir parte de ellos, especialmente los destinados directamente a las arcas de la Comunidad, en infraestructuras hidráulicas? Esto podría reducir o incluso eliminar la necesidad de aumentar las tarifas. Además, procurar la recuperación de los fondos invertidos en las desafortunadas aventuras del Canal en América no solo podría ser otra fuente de ingresos, sino también una oportunidad para cerrar una etapa ignominiosa en la historia de esta empresa con más de 174 años de trayectoria.

En definitiva, la decisión de aumentar las tarifas del agua carece de una justificación sólida y de un proceso transparente que involucre a la ciudadanía. Es fundamental que Canal de Isabel II reconsidere esta medida y explore alternativas que no recaigan sobre los usuarios, priorizando siempre el bienestar y las necesidades de la comunidad, con una gestión eficiente y participativa del agua.