Ayuso autoriza al Canal a endeudarse tras subir la tarifa del agua

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha dado permiso al Canal de Isabel II, la principal compañía pública de la región, para endeudarse en hasta 450 millones de euros, según consta en la documentación a la que ha accedido EL PAÍS. Tras repartir hasta 1.500 millones en dividendos entre sus accionistas desde 2012 ―57,8 de ellos solo en 2024― la empresa tiene que afrontar el 26 de febrero el vencimiento de una emisión pública de 500 millones que firmó hace un decenio, cuando Ignacio González presidía la región. En paralelo, el Canal ha decidido subir la tarifa que pagan por el agua todos los consumidores un 3% en el segundo semestre de 2025, y con carácter anual de 2026 a 2030, para afrontar así inversiones en la red y el servicio por valor de 2.000 millones. Una situación que el PSOE califica de “sorprendente” y de “falta de transparencia” y cuya normalidad defiende el Ejecutivo, que ve “compatible” el endeudamiento con el reparto de dividendos a la propia administración regional y los más de 100 ayuntamientos que participan la entidad.

“No tiene sentido subir el precio del agua a los madrileños cuando el Canal ha repartido más de 370 millones de dividendos desde 2020″, se queja esta semana Manuela Bergerot, la líder de Más Madrid, ante el cambio de política tarifaria, que sumará 3,5 euros de medias al consumidor tipo cuando acabe el proceso. “No tiene sentido subir el agua a los madrileños para tapar los pufos del Canal en Latinoamérica y Lanzarote desde la época de [Esperanza] Aguirre y González”, sigue. “Y por supuesto no tiene sentido subir el precio del agua a todos los madrileños mientras bajan los impuestos a los ricos. Marca PP”.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, secunda esa protesta al censurar “el doble discurso” del PP, consistente, dice, en, por un lado, “quitar impuestos” y, por otro, subir tarifas. Tampoco Vox apoya la subida. “Ayuso llegó hablando de comunismo o libertad, pero cuando se está atacando el bolsillo de todos los madrileños, cuando se están tomando decisiones como subir la tarifa del agua a todos los madrileños, se está atacando la libertad de los madrileños, la libertad económica”, dice la portavoz de la extrema derecha, Isabel Pérez Moñino.

Pero, mientras todo eso ocurre, en la compañía pública se toman decisiones de fondo lejos de los focos, y que afectan a cientos de millones de euros. “Canal de Isabel II pone de manifiesto que de acuerdo con su planificación financiera resulta necesario realizar operaciones financieras a largo plazo para financiar el plan de inversiones recogido en la actualización del Plan Estratégico 2025-2030, así como para hacer frente en 2025 a la amortización, por importe de 500 millones de euros, de la emisión pública llevada a cabo en el año 2015”, se lee en un informe de la dirección general de política financiera y tesorería del Gobierno regional fechado el 17 de enero.

“Esta Dirección General, una vez analizada la documentación aportada, no ve inconveniente en que se autorice un endeudamiento a largo plazo por importe máximo de 450 millones de euros, lo que supondrá, a 31 de diciembre de 2025, una reducción neta de endeudamiento de 64.761.905 euros”.

Del ‘caso Lezo’ al Tribunal Supremo

El Canal lleva en el ojo del huracán desde hace más de un lustro por su expansión internacional, que se investigó en el caso Lezo de corrupción; por su litigio con el Gobierno de Colombia por el control de la Triple A, expropiada en aplicación de una ley antinarco; por la venta de su patrimonio inmobiliario en Madrid; por hacer perder a Madrid al menos 40 millones destinados a promocionar vivienda pública con una decisión administrativa; o por ser empleada por Ayuso en su choque permanente con el Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez (el Tribunal Supremo rechazó a finales de 2024 un recurso de la compañía contra el plan hidrológico del Tajo).

Por todo ello, sus beneficios, y su particular accionariado, compuesto por la Comunidad y cientos de ayuntamientos, la oposición fiscaliza con lupa cada movimiento de la compañía. “Sorprende la opción de Canal de Isabel II de recurrir al endeudamiento cuando estamos hablando de una empresa que tiene a gala su solvencia económica, ratificada tanto con recientes e importantes inversiones como con el reparto de dividendos entre su accionariado público”, describe Diego Cruz, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid.

“Y lo hace especialmente por la falta de transparencia con la que se ha tomado esta decisión”, añade, tras registrar una batería de preguntas sobre la decisión. Y se pregunta: “¿Si es necesario recurrir a financiación externa no sería mejor vender activos tóxicos de las inversiones realizadas en Latinoamérica que lo único que hacen es aportar números rojos a las cuentas de Canal y perjudican la imagen de marca y prestigio de la empresa pública más importante de la Comunidad de Madrid?“.

En contraste, el Gobierno regional defiende la decisión, la solidez de los números de la empresa, y su condición de referente empresarial en la región. “Se trata de una operación de refinanciación para poder llevar a cabo obras de mantenimiento y de mejora de las infraestructuras del Canal de Isabel II así como diversas adaptaciones a las exigencias normativas, y que permitirán seguir garantizando un servicio de calidad y al mismo tiempo mejorar las condiciones de la deuda actual tanto en coste como en plazo”, explica un portavoz gubernamental.

“Esto no es incompatible con el reparto de dividendos, como ocurre con cualquier empresa que lo hace y que al mismo tiempo requiere de financiación para poder afrontar el coste en nuevas inversiones o proyectos”, añade. “Además, hay que recordar que en el caso del Canal de Isabel II una de las destinatarias de estos dividendos es la propia Administración regional, con los que mejora los servicios públicos de todos los madrileños”, apunta. ”El resto de accionistas son Ayuntamientos”, recuerda.