La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo regional ha demandado al Gobierno de la nación ante el Tribunal Supremo por el diseño del plan hidrológico del Tajo. Como avanzó EL PAÍS en marzo, la Administración regional considera que el decreto que regula el uso del agua de esa cuenca está diseñado en contra de los intereses de Madrid, por lo que registró el recurso el 4 de octubre, aunque no lo ha dado a conocer hasta ahora. De esta manera, la Comunidad de Madrid se suma a la guerra del agua, un pulso en el que llevan enzarzados desde hace años las regiones de Castilla-La Mancha ―donde se capta el agua―, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia ―donde se recibe, y que también han anunciado su recurso ante el Supremo―. Tras escuchar cómo Díaz Ayuso calificaba el plan para el Tajo de “mezquino e inhumano”, con el argumento de que “pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi siete millones de personas”, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tildado de “ocurrencia” el anuncio.

“La obsesión de Sánchez con Madrid no tiene límites”, ha dicho Díaz Ayuso durante una intervención este lunes, en la que no ha aceptado preguntas de los periodistas. “Ahora pretende que esta región se rinda por sed”, ha acusado. “Ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi siete millones [de personas]”, ha añadido. “Ha diseñado un plan hidrográfico del Tajo para sitiar Madrid, que no se doblega ante sus atropellos”, ha continuado.

“El nuevo plan hidrológico cambia las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid que es el mayor de España, y uno de los mejores de mundo”, ha proseguido sobre el proyecto, que ha calificado de “mezquino e inhumano”. Y ha rematado: “No hay nada peor que el pretender racionar el agua a siete millones de personas. Cuando piensas que Sánchez ya ha dado lo peor de sí mismo, siempre nos sorprende con una nueva”.

Unas afirmaciones que han despertado algo más que sorpresa en el Gobierno central. Así, en opinión de la ministra Ribera, la única intención de la presidenta madrileña es la de “generar polémica”. Ribera ha hecho estas declaraciones junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también del PP, con el que ha presentado este lunes el acuerdo por el que se cierra el conflicto por la regularización de regadíos ilegales en el entorno de Doñana.

Que el anuncio de Díaz Ayuso haya coincidido con ese acuerdo entre el PP y el PSOE no ha pasado desapercibido para ninguno de los observadores de la política regional.

“El plan se aprueba en enero, y once meses después, el mismo día que Moreno Bonilla pacta con Ribera una posible solución al agua en Doñana, a Ayuso se le ocurre decir que el Gobierno de España ahoga a Madrid”, ha criticado Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños. “¡Precisamente hoy!”

En esta misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha manifestado que “vemos cómo Ayuso no pierde oportunidad para hacerle la guerra a Pedro Sánchez”, una actuación que ha Bergerot ha traducido con la intención de “disputarle el puesto a Feijóo, mirando siempre a la Moncloa, en lugar de a Madrid”.

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, cree que esta denuncia es “incoherente” porque “todos los documentos del Canal de Isabel II están trufados de la Agenda 2030, pero luego lo recurren”. “Es así de fácil, no cumplir con los criterios de la Agenda 2030, que es mucho más importante, no hace falta acudir a los tribunales”, ha expresado Monasterio.

Embalse de Valmayor

El nuevo plan hidrográfico, que estará vigente hasta 2027, fija por primera vez un caudal mínimo para el Tajo, como exigían cinco sentencias del Tribunal Supremo, la normativa europea y la Ley de Aguas desde hace 22 años. El punto de control más importante es Aranjuez, donde se establecerá un mínimo, aunque de forma progresiva. Para 2023 deberá ser de 7 metros cúbicos por segundo, en 2026 subirá a 8 metros cúbicos y en 2027, a 8,6. La Comunidad considera que el plan fija los valores “de forma absolutamente injustificada, sin tomar en consideración la singularidad de las masas de agua a las que afectan” y sin respaldo de estudios técnicos. Hasta ahora, y ante los recursos planteados, entre otros, por la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Diputación de Alicante, el Supremo se ha negado a la suspensión cautelar de los caudales ecológicos para 2026 y 2027.

En el caso de Madrid, el núcleo del conflicto está en el embalse de Valmayor que, con una capacidad de 124,4 hectómetros cúbicos de agua, es el segundo más importante de la Comunidad de Madrid. De él dependen para beber 1,7 millones de madrileños, el 25% de la población, según el Gobierno regional. Y la nueva regulación condiciona a una autorización previa del Estado que el embalse pueda recibir agua del río Alberche, a través del trasvase San Juan-Valmayor.

El Gobierno de Ayuso prevé que el pulso legal puede llegar a durar cuatro años, según recoge el contrato de 35.000 euros que licitó para buscar un despacho que le defendiera en los tribunales. Ese acuerdo, que se puede consultar en el portal de contratación regional, describe al detalle los puntos de conflicto entre las dos administraciones.

Así, el Canal de Isabel II entiende que sus intereses se ven afectados en lo que se refiere al “mantenimiento del principio de supremacía del uso del agua para abastecimiento a poblaciones en todo momento y especialmente a situaciones de sequía o escasez”; el “establecimiento de una autorización previa a la realización de un trasvase entre embalses de diferentes sistemas de explotación de la Demarcación”; “de un régimen de caudales ecológicos en masas de agua”; la “imposibilidad de establecer caudales ecológicos al azud de Las Nieves y Pozo de los Ramos por carecer de capacidad de regulación”; o la “ausencia de justificación de los caudales generadores establecidos”; la “falta de definición de los parámetros y condiciones de calidad de los caudales ecológicos que se definan”.

Frente a esas alegaciones, la abogacía del Estado precisa que, en su opinión, “el regimen establecido no afecta a la garantía de satisfacción de las demandas del Canal de Isabel II”; que los caudales ecológicos se ajustan a la normativa vigente; que “su eliminación provocaría efectos ambientales y/o socioeconómicos indeseables, que afectarían a todas las masas de agua de la cuenca; y que el Canal tiene recursos económicos suficientes para acometer los cambios a los que le obliga el nuevo sistema, pues reparte beneficios anualmente entre sus accionistas.

La incorporación de Madrid a la guerra del agua profundiza el choque institucional entre el Gobierno regional y el nacional. Desde que Díaz Ayuso llegó al poder por primera vez, en agosto de 2019, el Ejecutivo madrileño ha acudido a los tribunales contra 12 decisiones del Estado de todo tipo: desde la gestión de la pandemia, hasta los currículos educativos, pasando por la política fiscal.

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