El Canal de Isabel II, erre que erre: desprecio a los municipios y venta del patrimonio público

Canal de Isabel II es la gran empresa pública de la Comunidad de Madrid. Es la empresa que presta los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento en la mayoría de los municipios de la región. Una empresa con más de 170 años de historia, a lo largo de los cuales ha acumulado un gran patrimonio inmobiliario. Un gran patrimonio público.

Es una empresa cuya cifra de negocio en 2023 ascendió a 881,5 millones de euros, siendo su beneficio después de impuestos de 154,7 millones de euros, un 23% por encima del registrado el 2022. Esto le ha permitido repartir entre sus accionistas, Comunidad de Madrid y 114 ayuntamientos de la región, un dividendo total de 85.276.385,60 euros.

Este año, justo antes del verano, subió el precio de las tarifas supuestamente no por motivos económicos, no para ganar más dinero, sino para fomentar el ahorro y el consumo eficiente del agua, lo cual forma parte del ADN de una empresa que tiene a gala destacar su posicionamiento fuertemente comprometido con la sociedad, aunque este fomento del ahorro y de la eficiencia solo se centrase en los consumidores domésticos sin justificar la razón de esa discriminación ni determinar los márgenes de fomento en el uso responsable del agua y su consumo eficiente en todos los usuarios en función del uso al que se destinan, así como de la actividad de la finca suministrada.

Es, por tanto, una empresa financieramente sólida. O por lo menos, eso aparenta. Sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte ha venido vendiendo parte de su patrimonio inmobiliario, el último, un inmueble de oficinas de 2.527 metros cuadrados en José Abascal 57, por 13.3 millones de euros que, previsiblemente, se convertirá en una finca de viviendas de lujo. En este caso este nuevo expolio del patrimonio público cayó en las manos de la sociedad Next Allied, una empresa constituida en abril de 2024, habiendo obtenido esta adjudicación meses después con lo que, además de contribuir a su enriquecimiento, se escala un peldaño más en la carrera de inversiones puramente especulativas que están detrás de los datos de los que tanto se ufana la señora Ayuso y contribuyen a la escalada absolutamente vergonzosa del precio de la vivienda en nuestra Comunidad que frustra las expectativas de vida y futuro de las mujeres y hombres de Madrid, especialmente de la juventud que asiste entre atónita y asqueada a esta insufrible realidad.

Si Canal de Isabel II fuese una empresa verdaderamente comprometida con la sociedad, antes de vender el citado inmueble debería haber analizado las necesidades sociales del entorno en el que se ubica. Haber abierto un diálogo social con el Ayuntamiento de Madrid, con las asociaciones del barrio, igual que se hizo tras años de peleas y luchas ciudadanas con la reforma del Parque Santander, para ver alternativas de uso y, en última instancia, una vez descartadas todas las opciones, si el inmueble no podía tener un fin social y/o público, proceder a su venta. Sin embargo, aquí se optó directamente por la venta.

Canal de Isabel II todavía está a tiempo de demostrar su compromiso con la sociedad madrileña e invertir el dinero sacado de la venta en acciones que tengan un impacto social en la ciudadanía. A modo de sugerencia, los fondos se podrían destinar a programas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, a recuperar parte del deteriorado patrimonio inmobiliario del Canal, algunos de ellos, inmuebles históricos que llevan años cerrados y deteriorados, o a un plan de reversión ambicioso a todo lo que aportan los municipios de la Sierra Norte, restringidos en sus desarrollos económicos precisamente por ser cuna y fuente del Canal. Municipios que ven deteriorarse las muchas infraestructuras que el Canal tiene en ellos, y cuyas posibles utilidades siempre son inviables o lesivas para estos municipios, mediante convenios inasumibles para ellos.

El prestigio del Canal, demasiadas veces lesionado por actuaciones que nunca debieron suceder, las necesidades que tiene nuestra Comunidad a las que se puede atender y, sobre todo, las madrileñas y los madrileños merecen que recapaciten y corrijan este erróneo, improductivo e insolidario rumbo.