Policías con vía libre para cachear inmigrantes

Cheikh Ndiaye conduce sereno por el centro de Madrid. Lleva el cinturón puesto, no se salta ningún semáforo ni rebasa la línea continua. En ese momento se cruza con una patrulla de policía con la que sostiene la mirada unos breves segundos. Por el retrovisor, los ve dar la vuelta en la rotonda de Embajadores y colocarse detrás de él. Lo siguen por varias calles hasta que por fin le dan el alto. Enfadado, según su relato, les lanza la documentación y acaba encarándose:

—¿Qué? Negro y terrorista, ¿no?

Ndiaye, de 28 años, jefe de tecnología en una empresa de seguros, cuenta ahora, dice estar harto de que los agentes ejerzan un control “fuera de tono” con las minorías. Como activista social, viajó el año pasado a Nottingham con policías municipales de Madrid como parte de un programa del Ayuntamiento de Manuela Carmena para conocer de primera mano su protocolo para evitar actuaciones racistas como la que sufrió a bordo de su coche. La idea era aplicarlo en la capital de España pero el aprendizaje ha caído en saco roto porque el nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, se ha comprometido a eliminar el PIPE, el Proyecto de Identificación Policial Eficaz. Era un proyecto piloto iniciado en noviembre para hacer una ciudad más amable con los inmigrantes. Los policías han celebrado el próximo fin de un programa que coincide con las llamadas de Almeida a la "tolerancia cero" contra los manteros.

El programa piloto de siete meses, entre noviembre y mayo en el distrito de Ciudad Lineal, ha sido un fracaso porque los propios agentes lo han boicoteado. Debían rellenar unos formularios cada vez que realizaban una identificación, detallando la etnia y el motivo de la parada y entregarle una copia al ciudadano. La experiencia en otras ciudades ha demostrado que los agentes acaban haciendo menos paradas y cacheos a minorías porque son más conscientes de que no hay un vínculo entre su etnia o nacionalidad y su potencial delictivo. La eficacia policial aumenta y también mejora la convivencia vecinal.

Solo se han rellenado 70 formularios en estos siete meses de prueba, según fuentes conocedoras de los datos. La policía no entregó los datos a este diario alegando que aún no se ha hecho el informe final sobre el PIPE. “Los compañeros eran reacios a rellenar ese papel porque suponía duplicar la labor”, dice José Francisco Horcajo, portavoz del sindicato CSIT-UP.

Esa era la excusa técnica. Pero también les movió el orgullo profesional y su continuo conflicto con un Ayuntamiento de izquierdas en Madrid, que trató de ser más garantistas con los derechos de los ciudadanos. Los agentes lo interpretaron como una muestra de desconfianza en su labor. “Lo que han hecho es poner en entredicho nuestra labor. El sistema actual funciona”, sostiene Horcajo.

La supresión del PIPE es parte del desmontaje de las políticas de la administración de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena. Como Madrid Central, el PIPE era una medida recomendada por organismos internacionales. El objetivo es impedir las identificaciones policiales racistas en sociedades cada vez más diversas de acuerdo con las recomendaciones del Relator Especial de la ONU para el racismo y la agencia de Derechos Humanos de la Unión Europea. El Ayuntamiento lo probó en Ciudad Lineal por su diversidad étnica. Almeida se ha comprometido a eliminarlo porque, según los pactos que le han hecho alcalde con Cs y Vox, “no busca sino entorpecer la labor policial”.

El Ayuntamiento de Carmena no había introducido el PIPE a la ligera. Quiso aprender de la experiencia de las muchas ciudades europeas que han adoptado medidas de este tipo. A los policías que fueron a Nottingham tres días, entre el 3 y el 5 de septiembre, les acompañaron líderes inmigrantes en Madrid como el senegalés Ndiaye, que se sumaron a las patrullas policiales. “Ese viaje fue un antes y un después”, dice Ndiaye, presidente del área joven de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España. “Vi a una policía realmente eficaz, sin sesgos racistas. Sentí que en España nos hacen falta años para llegar a ese punto”.

Ndiaye dice que en Madrid la policía le ha parado “tropecientas veces” sin ningún motivo más allá del color de su piel. Le han pedido que se identificara en transporte público, en BiciMad e incluso en un restaurante senegalés de Lavapiés, donde según dice, la policía entró a pedir documentos solo a los clientes y trabajadores negros, pero no a los blancos.

Vladimir Paspuel, presidente de la asociación Rumiñahui, recuerda de las patrullas en la ciudad inglesa que no había miedo ni tensión en las interacciones entre agentes y vecinos de minorías. En Madrid, es muy distinto. Dice que una vez la policía le humilló antes de subir a un autocar, obligándole a abrir la maleta y rebuscar delante de otros pasajeros en su ropa interior. “Fue muy doloroso”, dice Paspuel. “España es mi país y me duele que me trate de esa manera”.

Profesores de prestigio

Además del viaje a Nottingham, jefes de policía de Amsterdam, Zurich y West Midlands (área metropolitana de Birmingham) vinieron a Madrid para dar un seminario a los agentes en mayo del año pasado. También intervinieron profesores de universidades de prestigio.

Uno de los que habló, el profesor de la London School of Economics Michael Shiner, lamentaba ayer en conversación con este diario el anuncio del fin de PIPE. En su país estos programas datan de 1984 y aunque a lo largo del tiempo han generado resistencias, han sido aceptados cuando los resultados han mostrado una mejora de la relación entre policías y ciudadanos. “La idea de que la policía se puede autorregular demuestra inocencia y acaba siendo contraproducente”, valora Shiner.

Las identificaciones policiales por perfil racial son cada vez más conflictivas en España. En Barcelona, el joven paquistaní Muhammad Zeshan emprendió en 2013 tras una parada policial una batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Zeshan demandó al Estado español por una parada de un Policía Nacional que puso como justificación que “no iba a parar a un alemán”.

Para las asociaciones involucradas la decisión de eliminar el programa es “lamentable”. “¿Por qué una medida que es positiva se tiene que implementar en función de que gobierne un partido u otro?”, se pregunta Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain, una ONG que guió al Ayuntamiento de Carmena a lo largo del proceso.

El exconcejal de Seguridad, Javier Barbero, acusa de “sectarismo” al nuevo equipo de gobierno por eliminar el trabajo hecho por la corporación anterior. Y se pregunta sobre las causas de la resistencia policial, apuntando que el sindicato mayoritario de la policía, CCPM, nunca reprobó los mensajes racistas que se filtraron de un chat policial. “Hay que comenzar con las cacerías de guarros, panda hijos de puta, los moros y los que los defienden”, decía un mensaje.

Pensaban que Madrid podía servir de ejemplo para otras ciudades de España, donde son poco habituales las medidas contra los sesgos raciales. Pero activistas como Dniaye sienten que Madrid retrocede. “Volvemos atrás”.