La misteriosa caída de las detenciones de la Policía Municipal de Madrid

El número de detenciones de la Policía Municipal de Madrid se ha desplomado. Sus portavoces oficiales lo atribuyen a “cambios tecnológicos” y carencia de personal, aunque otras fuentes reconocen un descenso en el contexto del conflicto con la anterior alcaldesa, Manuela Carmena. Casualmente, la actividad ha repuntado tras la investidura de José Luis Martínez-Almeida.

Los agentes de la ciudad pasaron de arrestar a 14.119 personas en 2017 a solo 9.598 en 2018. En enero de 2018 se detuvo a la mitad que el mes anterior, un récord de baja actividad, según se refleja en el portal de datos municipal. En ese tiempo, las cifras de la Policía Nacional y Guardia Civil se han mantenido estables.

De acuerdo con la explicación oficial, en enero de 2018 se introdujo una herramienta informática “más exigente”, porque el procedimiento "anterior era menos escrupuloso y la introducción de datos quedaba al albur del policía”, según un portavoz del cuerpo. Fue una petición de Javier Barbero, el concejal de Seguridad de la alcaldesa Manuela Carmena, con el fin de que la estadística municipal fuera más fiable, según explica él mismo a este diario. Según la estadística del Ayuntamiento, de un mes para otro se produjo un desplome a la mitad del número de arrestos por los agentes de ese cuerpo, de 1.182 a 613.

Esa bajada se mantuvo, con distintos porcentajes, hasta hace unas semanas, justo cuando llegan las elecciones y se vislumbra la llegada de un nuevo alcalde. Desde ese momento, según fuentes consultadas, se aprecia un aumento de la actividad y las patrullas policiales, si bien ese incremento todavía no se ha registrado en las estadísticas.

Los sindicatos dicen que esa explicación tecnológica es “un cuento chino”. Los policías apuntan al conflicto con el gobierno de Carmena que ha marcado los últimos cuatro años, a lo largo de los que han aflorado choques ideológicos y laborales. “Esto tiene que ver con la desmotivación por la falta de respaldo, respeto y reconocimiento”, dice José Francisco Horcajo, portavoz de CSIT-UP.

La otra causa es la caída de la plantilla, limitada por las restricciones impuestas en lo más profundo de la crisis económica por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El descenso de personal, que ha afectado a todos los cuerpos policiales, ha supuesto que de más de 7.000 efectivos en 2014 el cuerpo de agentes municipales sea de algo más de 5.800 en la actualidad, según los sindicatos.

El hundimiento de las detenciones de la Policía Municipal se produce a pesar de que la actividad en la ciudad no ha parado de crecer y la criminalidad no ha disminuido. Las infracciones penales en el municipio de Madrid crecieron de 235.475 en 2017 a 240.138 en 2018, una cifra que computa el Ministerio de Interior con la suma de los datos de todos los cuerpos de seguridad en Madrid.

La Policía Municipal, que se ocupa principalmente de la convivencia vecinal y la ordenación del tráfico, asiste a la Policía Nacional cuando se producen delitos graves. En la estadística municipal se observa una caída de las detenciones por todo tipo de motivos, desde los delitos con violencia como lesiones o violencia de género, hasta los motivados por salud pública o seguridad vial.

La confusión ha puesto en cuestión la fiabilidad de las cifras de criminalidad en la capital de España. Sin embargo, el comisario general de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, celebró ayer, en la ceremonia del patrón de los agentes, que Madrid “sigue siendo la capital más segura de Europa”.

El mandato de Carmena ha estado salpicado de episodios que han revelado la tensión entre los policías y los políticos que les dirigían. En chats policiales Carmena ha sido insultada y amenazada. Las nuevas medidas garantistas para evitar abusos, como el comité ético o el programa para evitar las identificaciones callejeras racistas, fueron muy mal recibidas por los agentes. Sintieron que se ponía en tela de juicio su profesionalidad.

Uno de los picos de tensión se produjo tras la muerte del inmigrante senegalés Mame Mbaye, en marzo del año pasado. Los agentes se indignaron por los tuits de la concejal Rommy Arce, que vinculó la muerte de Mbaye por un infarto con una persecución policial a manteros. Más tarde la justicia concluyó que la muerte de Mbaye no tuvo relación con la actuación de los agentes, de los que huían otros inmigrantes.

Hay varias pruebas que confirman que el conflicto ha sido un factor importante en la caída de las estadísticas de detenciones, como si el desánimo de los policías les hubiera arrastrado a una especie de huelga de brazos caídos. En la fiesta del Orgullo del año pasado, la semana más concurrida del año,  más de 200 municipales se dieron de baja alegando enfermedad. Como medida de presión contra Carmena, pocos de ellos se apuntaron de forma voluntaria para trabajar el día de la Maratón Popular de Madrid de 2018.

“Si de verdad ha caído la actividad eso es baja profesionalidad, pero no voy a hablar de eso porque no lo sé”, manifestó ayer a este diario el ya exconcejal de Seguridad Javier Barbero.

Desde que Carmena abandonara el cargo hace diez días la situación parece haberse revertido. En parques y calles de Madrid, asociaciones y partidos de la oposición han advertido que los policías vuelven a patrullar por lugares que hasta ahora frecuentaban menos.

En Twitter, Izquierda Unida de Madrid ha denunciado con imágenes intervenciones contra manteros y en un parque de Carabanchel al que suelen acudir inmigrantes los fines de semana a hacer barbacoas.

En Lavapiés también han notado que ha vuelto la Policía Municipal. Begoña Sebastián, presidenta de la Plataforma Vecinal del Barrio de Lavapiés, dice que desde que ganó Almeida se ven más coches de Policía Municipal por las calles. Sebastián dice que la desconfianza en la labor de la policía ha llegado en los últimos años hasta el punto de que los vecinos han dejado de llamarles. “No bajaban a Lavapiés”, asegura.

“Sin ganas de trabajar”

Sin duda, la muerte del mantero en Lavapiés supuso el mayor conflicto entre policías y políticos. “Se vio que ante cualquier conflicto el Ayuntamiento se iba a poner de parte de los delincuentes. Aunque un policía actúe de forma adecuada se le puede meter mano”, dice por teléfono el secretario de la asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), Carlos Bahón.

Pone como ejemplo el expediente que se le abrió a un policía que, durante un desahucio, avisó a los antidisturbios municipales, lo que contravenía una orden municipal de no utilizar esta fuerza para un desalojo. “Con cosas así se te quitan las ganas de trabajar”. En estos momentos hay más de 200 expedientes abiertos, “muchos con un punto sectario”, a su modo de ver.

Barbero dice que los controles están justificados: “Por ley los policías tienen el monopolio del uso de la fuerza y eso hay que regularlo”. Barbero, persona que tuve continuas desavenencias con los policías municipales, impulsó el comité de ética, un grupo de ciudadanos voluntarios encargados de estudiar y valorar las actuaciones de la policía. Los agentes se lo tomaron como una forma de control impuesta por grupos de izquierdas. El nuevo gobierno ha prometido eliminarlo.

La reducción de plantilla también es un factor que explica el desplome de arrestos. Desde diciembre se han jubilado de manera anticipada 550 policías que todavía no han sido repuestos. Con menos policía en las calles, menos detenciones. La media de edad de los agentes aumenta (ahora es de 47 años, según los sindicatos) y son más los que se dedican a tareas de oficina que a patrullar.

Pero esa caída de efectivos también ha afectado desde la crisis económica al trabajo de otros cuerpos sin que se descendiese su actividad. El delegado del Gobierno en Madrid entre junio de 2018 y febrero de este año, Juan Manuel Rodríguez Uribes, dice que con menos la Policía Nacional y Guardia Civil han trabajado muy bien. "Se ha hecho de la necesidad virtud", dice Rodríguez Uribes.

La Policía Municipal y sus sindicatos están de acuerdo sobre el efecto negativo en las detenciones de su plantilla menguante. No pasa lo mismo con la explicación tecnológica, que no se la tragan los sindicatos más opuestos a Carmena.

Según esa tesis, una aplicación informática llamada Parte de Intervención Policial habría puesto orden en la recogida de datos. Los agentes, en su labor diaria, apuntan a mano sus actuaciones y al acabar el día pasan al sistema informático en comisaría sus anotaciones. En ese trasvase del papel a la pantalla los números crecían por arte de magia. El nuevo sistema es más exigente y pide identificar a todos los detenidos e investigados con el número de DNI o NIE, según fuentes oficiales. Ya no es posible meter datos a la ligera.

“Eso es una milonga”, termina el sindicalista Horcajo. “La moral ha estado por los suelos”.