La paralización de Madrid Central se enfrenta a una batalla judicial

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El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que paralizará las multas en Madrid Central (MC) el 1 de julio, permitiendo a los vehículos más contaminantes acceder al centro. Si la medida se confirma (aun no se ha aprobado) se enfrentará a una batalla judicial en varios frentes. El PSOE municipal impugnará esa decisión en los juzgados porque cualquier modificación requiere la aprobación en el Pleno. Ecologistas en Acción también lo denunciará ante la justicia y las principales organizaciones ecologistas europeas han pedido a la Comisión Europea que lleve a España a los tribunales si se desmantela la medida.

Almeida (PP) ha propuesto iniciar un periodo sin multas en Madrid Central que comenzará el 1 de julio y durará al menos dos meses. La iniciativa, que todavía no ha sido aprobada, supondría de hecho que los vehículos más contaminantes (aquellos sin etiqueta) podrían acceder a todo el centro, algo que tienen prohibido desde el pasado 30 de noviembre (salvo que un residente o comerciante les otorgue un permiso especial). De hecho, supondría también que los coches pudieran circular incluso por las calles estrechas de las áreas de prioridad residencial (APR), áreas de tráfico restringido que instaló el propio PP hace 15 años y que han quedado integradas dentro de MC.

La medida estrella de Carmena ha reducido el tráfico privado casi un 25% en la Gran Vía y ha bajado la contaminación en la capital a niveles históricos. Por eso, su posible reversión ha generado una fuerte contestación social que ejemplifica la creación de una gran plataforma para defenderla. Pero además, esta suspensión de facto se enfrenta a una batalla judicial que se pondrá en marcha en cuanto se apruebe la iniciativa.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid asegura que va a impugnar el periodo sin multas. La Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en 2018 indica que el acceso no permitido a Madrid Central se sancionará de acuerdo con lo establecido en dicha ordenanza. La modificación de esta normativa, la de mayor rango municipal, requiere su aprobación en el Pleno por mayoría absoluta. “El gobierno de la derecha no puede establecer ninguna moratoria unilateralmente sin modificar la norma, que requiere la decisión del Pleno”, explica una portavoz socialista. Además, la supresión de las sanciones en Madrid Central supone en la práctica “eliminar la medida más importante para reducir la contaminación y el tráfico en la ciudad”, añade.

El cabeza de lista del PSOE en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, es muy crítico con la propuesta: “No nos extraña del PP, que ya ha demostrado que si tiene que escoger entre la libertad de contaminar y el derecho a la salud, elige los coches antes que las personas. Tampoco de Vox, que defiende que el cambio climático es una tomadura de pelo, o como lo llama la señora Monasterio, un camelo climático”.

Los tres partidos de derechas no han mantenido consenso en la campaña electoral sobre qué hacer con la Madrid Central: el ultraderechista Vox pide eliminarlo por completo; el PP, permitir pasar por las grandes arterias; y Ciudadanos solo quiere hacer unos pequeños cambios. Por eso, las palabras más duras de Hernández son para la formación de Begoña Villacís: “Es Ciudadanos quien debe dar explicaciones porque tiene toda la pinta de que sus socios les vuelven a engañar. Parece que no se cansan de causar asombro en Europa: primero con su pacto con Vox, ahora con la reversión de MC”.

Mejorar la gestión

El PSOE, que impulsó el lanzamiento de la medida junto a Ahora Madrid, se muestra en cambio abierto a mejorar la gestión de Madrid Central con medidas como ampliar la información a los ciudadanos, mejorar la participación de los afectados e incluso mejorar conexiones de la zona a través de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes. “Pero la condición de ese diálogo es que el gobierno dé marcha atrás y no suprima las sanciones el 1 de julio”, añade Hernández.

El Ayuntamiento, por su parte, se apoya en el artículo 247 de la ordenanza, que permite un periodo de avisos sin multas “antes de la implantación definitiva o la modificación substancial de dispositivos automatizados que permitan la identificación de las matrículas de los vehículos”. No explican qué modificación quieren hacer.

La ONG Ecologistas en Acción, que cada mes evalúa la calidad del aire en Madrid a partir de los datos municipales, ha constatado con datos la eficacia de Madrid Central. En mayo, la contaminación bajó en todas las estaciones de medición de la capital, y que en 14 de los 24 puntos de medición el valor alcanzado de 2019 era el más bajo de los últimos 10 años para ese mes. Es cierto que en el primer trimestre del año, con unas condiciones meteorológicas adversas, subió la polución, pero la medida también ha sido efectiva: mientras en la ciudad los contaminantes aumentaron un 19%, en la Comunidad (sin ninguna restricción) lo hicieron un 29%. Por eso, en cuanto se apruebe la anulación de las multas la organización ecologista llevará al Ayuntamiento ante la justicia, tanto en España como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por su parte, las principales organizaciones ecologistas europeas han dirigido una carta a la Comisión Europea pidiendo que reconsidere la vía de los tribunales si se desmantela esta Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Además, han dirigido cartas a las embajadas españolas solicitando una rectificación. Si la vía judicial europea se pusiera de nuevo en marcha, podría suponer una multa de hasta 500 millones de euros.