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El ‘caso Bicimad’ no existe

La Justicia desestima la denuncia puesta por el PP contra la adquisición municipal del servicio público de bicicletas por 10,5 millones de euros

bicimad
Una mujer con una bicicleta del servicio público de alquiler BiciMad.

No podían soportar que tuviéramos éxito”. Inés Sabanés, delegada de Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid, cerró la campaña de Más Madrid exultante y emocionada. El mismo viernes recibió la noticia de que la juez que trataba el caso no encontraba ningún hecho “constitutivo de infracción penal” con respecto a la adquisición de Bicimad, el servicio público de bicicletas. Este fallo —cuyo auto se publicará el lunes zanjaría las dudas insinuadas por el PP, que puso una denuncia contra la operación. También es un golpe a los conservadores, que clamaron a los cuatro vientos la supuesta ilegalidad de la compraventa.

Resolvimos un problema que había generado el Partido Popular y que era un desastre”, continuó Sabanés. La alcaldesa Ana Botella (PP) inauguró en 2014 las bicicletas públicas de la capital. Tras años de idas y venidas con el proyecto su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón lo anunció varias veces , la empresa Bonopark ganó el concurso público municipal: gestionarían el servicio durante 12 años y el Ayuntamiento les abonaría 25 millones de euros anuales.

Ni un año después, en 2015, el sistema estaba hundido con decenas de bicis estropeadas y vandalizadas; numerosas estaciones inoperativas y continuas quejas de los usuarios. Bonopark se dejaba 300.000 euros al mes para evitar que el sistema no colapsara lo que le estaba dejando un agujero en sus cuentas. Por ello, pidieron al Ayuntamiento, ya gobernado por Manuela Carmena, una inyección de capital de 3,6 millones de euros. La solución pasaba por meter dinero o por dejar caer el sistema.

“Valoramos la situación y nos pareció que era mejor gestionar Bicimad de manera directa”, explican desde el Área de Medioambiente municipal. Así, llegaron a una solución intermedia: realizar una cesión del contrato de las bicis públicas en favor de la Empresa Municipal de Transporte (EMT). En octubre de 2016, el Ayuntamiento cerró el acuerdo con Bonopark por el que abonaba 10,5 millones de euros a cambio de que el sistema público pasase a estar gestionado por la EMT.

Desde el PP no vieron con buenos ojos la operación. Con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, organizaron una comisión municipal para investigar el asunto. Después, a principios del año pasado, denunciaron al Ayuntamiento —concretamente a la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y al gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia—. Sus argumentos se basaban en que la cantidad pagada por el Consistorio a Bonopark era “arbitraria”, consideraban que habían abonado“un precio muy superior al real”, que “producía un grave daño al patrimonio público”.

Nos han puesto trabas. Pero nos hemos dejado la piel y teníamos la confianza de estar haciéndolo bien”, explicaba Sabanés. Esa querella del PP retrasó notablemente la ampliación del sistema, que acaba de inaugurar esta semana dos nuevas estaciones. Ahora, la justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Manuela Carmena. Aunque el auto todavía no se ha publicado, los abogados de Sabanés y Fernández Heredia les comunicaron ayer que el juzgado iba a dar por sobreseída la causa como pedía la Fiscalía; es decir, que no veía ningún tipo de delito en la adquisición del servicio por parte del Ayuntamiento. El dictamen se basa, entre otras pruebas, en el peritaje judicial realizado a la operación que concluyó lo siguiente: “El precio pactado, aprobado y abonado a la entidad Bonopark, de 10,5 millones de euros, por la cesión a la EMT, es acorde y ajustado al contrato celebrado”.

La judicialización de la política ha sido una de las estrategias de oposición del Partido Popular”, apunta el gerente de la EMT. “El PP sacó un concurso infradotado y no supo gestionar el servicio”, continúa, “por ello, el Ayuntamiento y la EMT tuvimos que actuar para asegurarnos que se ofrecía a la ciudadanía un servicio de calidad. Nuestro compromiso sigue siendo con los servicios públicos y el bien común”.

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