Una decena de cargos públicos rechaza declarar sobre BiciMad

Una decena de cargos públicos intermedios del Ayuntamiento de Madrid y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han rechazado comparecer en las cuatro sesiones de la comisión de investigación sobre la adquisición de BiciMad. La EMT compró el servicio de bicis compartidas por 10,5 millones, pero la oposición promovió una investigación para aclarar posibles irregularidades en la operación. El PSOE lamentó los retrasos y la ausencia de esos comparecientes, un hecho inédito, según la edil Mercedes González. También el PP fue crítico, mientras que Ahora Madrid argumentó que no están obligados a ir a la comisión.

La oposición compartió este viernes su sensación de "preocupación" y "sorpresa" al constatar, en la cuarta sesión de la comisión de investigación sobre BiciMad, que tres comparecientes rechazaron acudir para contestar a las preguntas de los representantes públicos. Se trató, en concreto, de la anterior interventora del Ayuntamiento, la anterior secretaria general técnica del Área de Medio Ambiente y el responsable del servicio de BiciMad, que se sumaron a otros comparecientes que también se negaron a participar en la comisión.

Estos son: una subdirectora de Movilidad; una subdirectora de la oficina de colaboración público-privada; un miembro del departamento de contratación de la EMT; una titulada superior de BiciMad; una jefa de negociado del departamento de contratación de la EMT; un subdirector de contratación de la EMT; un responsable del centro operativo de Fuencarral de BiciMad y un anterior responsable de servicios de Movilidad y subjefe de estaciones de servicios de BiciMad. Con ellos, también un responsable de una asociación de ciclistas y un representante de una empresa privada han rechazado dar la cara en la comisión.

"No queremos pensar que [estas ausencias] obedecen a una estrategia para obstaculizar los trabajos de esta comisión", comentó la socialista Mercedes González en la sesión de este viernes, aunque alertó de que "son evidentes las dificultades que están suponiendo", para aclarar si todo fue regular en la adquisición por 10,5 millones del servicio de bicis compartidas. Los funcionarios no tienen la obligación de acudir a las comisiones de investigación del Ayuntamiento, pero la concejal socialista González consideró que "es bastante raro que empleados públicos no comparezcan".

Esther Gómez, representante de Ahora Madrid, aseguró que a la comisión "está siendo llamados muchísimos comparecientes", y que "parte de la responsabilidad [de las ausencias] tiene que ver con los grupos que solicitan los comparecientes". Fuentes oficiales del Ayuntamiento sostuvieron que aquellos que no han acudido lo hicieron por "una decisión personal". "No están obligados a ir", añadieron, y consideraron que "hay personas llamadas que no tienen nada que ver con la comisión".

No obstante, la socialista González recordó que en otras comisiones, como la de la venta de pisos públicos a fondos de inversión, todos los funcionarios ofrecieron sus explicaciones. Aun así, criticó al PP por haber pedido "muchos comparecientes de diferentes niveles dentro de la EMT". El popular Álvaro González tildó de "llamativo" que tantos cargos públicos rechazaran dar su versión de los hechos.

La coalición de gobierno también recalcó que es la más interesada en que "se aclare que no hubo irregularidades en el proceso". Al término de la sesión, Gómez dijo que la cesión a la EMT de BiciMadera la "mejor alternativa", y destacó que la propuesta económica del Ayuntamiento fue elaborada con cuentas auditadas de Bonopark por trabajadores de la EMT, "absolutamente capacitados para valorar las alternativas, que es lo que se empezó a hacer en octubre de 2015".

Bonopark desembarcó en Madrid durante la etapa de la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP). Perdía 300.000 euros al mes cuando la EMT adquirió el servicio, y el PP cuestiona esa operación. Cree que puede encerrar un caso de malversación. En febrero, el partido de José Luis Martínez-Almeida decidió querellarse contra el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, y la edil de Medio Ambiente, Inés Sabanés.

La comisión sobre BiciMad se creó tras una votación del pleno, que fue apoyada por todos los partidos, salvo Ahora Madrid. La EMT se hizo con la gestión del servicio en 2016. A los 10,5 millones que pagón la empresa pública hay que añadir otros cinco millones en convalidaciones de gasto desde entonces. La operación tiene algunas sombras, coincide la oposición. Como la falta de una valoración externa o el hecho de que el Ayuntamiento no contestara a un interventor sobre una posible "remunicipalización de hecho" del servicio, algo cuestionable legalmente. El Ejecutivo siempre defendió su legalidad.