La EMT abonó cámaras de vigilancia a la empresa de BiciMad que no están en funcionamiento
El Ayuntamiento no dio los permisos preceptivos; las pondrán en marcha próximamente, afirman
![Un turista mira una bici de BiciMad.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/HCO43HTCQANFKMI7XU7PDNZQ7M.jpg?auth=bdd281c7f8c5fa0224f61528a4a5d0abc825c82dc7c43244cf8e6261ecb31911&width=414)
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) abonó cámaras de vigilancia del servicio Bicimad a Bonopark que no estaban en funcionamiento porque el Ayuntamiento de Madrid no había dado los permisos preceptivos, que se pondrán en marcha próximamente.
Según ha explicado en la comisión de investigación sobre Bicimad el director de Servicios de Movilidad de la EMT, Isidro García Uceda estas cámaras están en un almacén a la espera de tramitar su instalación, aunque el director de Tecnología de la empresa, Enrique Diego Bernardo, ha dicho que están instaladas y sin funcionar.
Según ha asegurado la portavoz del PSOE-M en la comisión de investigación, Mercedes González, se abonó 180 euros por cada una de las 120 cámaras, todas ellas sin funcionamiento a día de hoy. Fuentes municipales han aclarado que hay cámaras instaladas en las bases y otras, las que faltaban y que con la cesión la EMT exigió comprar, guardadas en almacenes al estar bloqueada la posibilidad de que pudieran grabar.
El Ayuntamiento de Madrid no pudo exigir a Bonopark el incumplimiento de las cámaras en ya que estas funcionaban y estaban instaladas, pero no grababan porque el propio Consistorio se negó a dar de alta ese archivo y no podía exigirlo a la concesionaria que, como compañía privada, no tenía las condiciones legales para poder hacerlo al ser una empresa y grabar la calle.
Ahora, la EMT está gestionando los permisos de grabación, como empresa pública, para ponerlas en funcionamiento y que actúen como elemento disuasorio de cara al vandalismo en las estaciones de Bicimad. Desde el Consistorio señalan asimismo que las cámaras no suponen ningún coste continuo ni se tiene en cuenta en la aportación que hace el Ayuntamiento al contrato mensualmente.
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