Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El perito judicial avala la compra de BiciMad por 10,5 millones de euros

El Partido Popular denunció al Ayuntamiento por la adquisición del sistema público de bicis al considerar la cantidad excesiva y lesiva para el erario público

Estación de BiciMad en la calle Alcalá, cerca de la Plaza de Cibeles. Ampliar foto
Estación de BiciMad en la calle Alcalá, cerca de la Plaza de Cibeles.

“El precio aprobado y abonado a la entidad Bonopark, de 10,5 millones de euros, por la cesión a la Empresa Municipal de Transporte (EMT), es acorde y ajustado al contrato”. Con estas palabras, el perito judicial encargado de examinar la compraventa de BiciMad avala la operación, según un informe de 18 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Partido Popular, además de crear una comisión de investigación municipal, apoyada por Ciudadanos y PSOE, denunció la operación en los juzgados al considerar que la venta del sistema público de bicis eléctricas se había realizado “a un precio muy superior al real”.

Madrid llegó tarde a la bicicleta pública. En 2014, la entonces alcaldesa Ana Botella (del Partido Popular) inauguró las flamantes bicis eléctricas de la capital. Para sacarlas adelante, licitó un concurso público que acabó ganando la empresa Bonopark: durante 12 años, el Ayuntamiento abonaría 25 millones de euros al año a cambio del servicio.

El acuerdo saltó por los aires en 2015: el servicio estaba al borde del colapso. Bicicletas que no funcionaban, quejas, vehículos vandalizados —algunas de las bicis eléctricas llegaron a aparecer en webs de segunda mano de Rumanía— o estaciones inoperativas. Bonopark no solo no cubría gastos sino que aseguraban que mantener el servicio les estaba creando un agujero en sus cuentas de unos 300.000 euros al mes. En ese momento pidieron al Ayuntamiento 3,6 millones de euros.

El Ayuntamiento, gobernado ya por Manuela Carmena (Ahora Madrid), tenía que decidir si dejaba caer el servicio o lo rescataba. Encontraron una solución a medio camino: una cesión del contrato de las bicis públicas a la Empresa Municipal de Transporte (EMT). En octubre de 2016, el Ayuntamiento cerró un acuerdo con Bonopark por el que abonaba 10,5 millones de euros a cambio de que el sistema público pasase a estar gestionado por la EMT.

Al Partido Popular de Madrid no le gustó la operación. Los populares, con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, crearon una comisión municipal para investigar el asunto. A comienzos de este año subieron la presión y llevaron el caso a los juzgados. Pedían responsabilidades al Ayuntamiento —concretamente a la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y al gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia— argumentando que la cantidad pagada por el Consistorio a Bonopark era “arbitraria”. En su querella, los conservadores denunciaban que la venta se había realizado “a un precio muy superior al real”. También describieron el gasto como “inoportuno” y que “producía un grave daño al patrimonio público”.

El perito judicial encargado de examinar la operación no opina lo mismo: “El precio pactado, aprobado y abonado a la entidad Bonopark, de 10,5 millones de euros, por la cesión a la EMT, es acorde y ajustado al contrato celebrado”, según consta en su informe de 18 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Para elaborar su valoración, pedida por el Ministerio Fiscal, el perito ha prestado especial atención a 17 documentos, entre los que se encuentran los contratos realizados o la querella interpuesta por el PP. “El precio fijado entre ambas entidades fue fruto de una negociación entre partes independientes y razonable en el marco de la operación”, continúa el informe. El perito judicial resalta que con la cesión “finaliza un problema con Bonopark, que amenazaba con acudir a los Tribunales”; que la operación “no deteriora la imagen de BiciMad” y que se “garantiza la continuidad del necesario servicio”.

A pesar de que el informe lo ha realizado un profesional, miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, desde el PP dicen que “puede haber incongruencias en el informe”. Argumentan que “en el dictamen se realizan valoraciones subjetivas, pero sin evidencias”. Además, para los populares, “este informe no es definitivo”. Hacen referencia a que las partes —el Ayuntamiento y el PP— pueden presentar alegaciones y a que la jueza tiene aún que ratificar la prueba, pero esta ya está depositada en el juzgado.

Los conservadores insisten en que “no ha habido auditoría previa para valorar el precio de BiciMad”. Pero entre los documentos analizados por el perito, sí que aparece listada una auditoría, realizada por Ernst&Young en 2016, sobre las cuentas de Bonopark. En cualquier caso, para el PP, “el documento pericial conocido hoy no desacredita el informe realizado por la Cámara de Cuentas”.

Hablan de un dictamen elaborado el mes pasado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid —gobernada por el Partido Popular— que argumentaba que no veía justificado que el Ayuntamiento hubiese pagado 10,5 millones de euros por el servicio. “Avala la tesis del PP de que no se hizo una valoración correcta”, dijo entonces el portavoz municipal de los conservadores, José Luis Martínez-Almeída, que pidió la comparecencia de la alcaldesa en la comisión de investigación y anunció que desde su partido se estaban planteando “ampliar la querella presentada contra el Consistorio”.

"Hay que esperar a que acabe el proceso judicial, pero el informe del perito deja muy claro que se fijó el precio correctamente y que la decisión de pasar la gestión a EMT ha tenido beneficios para el servicio y la ciudad", dicen fuentes del Área de Medio Ambiente. "El PP debería dejar de centrar su política en los tribunales y empezar a preocuparse por los verdaderos intereses de los madrileños y madrileñas", agregan.

Bicis de gestión privada que acabaron siendo públicas

El primer plan para dotar de un sistema de bici pública a Madrid fue de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que lanzó la idea en 2009 con el compromiso de inaugurarlo dos años después. Fue su sucesora, Ana Botella (PP) la que lo presentó el verano de 2014.

En Madrid había ganas de bicicleta: el sistema vivió momento de colapso cuando los ciudadanos intentaron abonarse al mismo. Seis meses después de su inauguración, BiciMad contaba con 28.000 abonados y el uso de la bici había crecido un 16% en la capital. Después llegó el caos: más de mil bicis robadas; quejas continuas de los ciudadanos por su mal funcionamiento (en 2015 BiciMad ocupó la segunda posición entre las reclamaciones al Ayuntamiento) y crisis económica de la empresa adjudicataria, Bonopark, que estuvo al borde de la quiebra.

Fue en ese momento cuando el Ayuntamiento, con Manuela Carmena al frente (Ahora Madrid) se hizo cargo del sistema. “Las instituciones estaban acostumbradas a realizar privatizaciones, pero no a realizar el camino inverso”, apuntan desde Medio Ambiente, área de la que depende BiciMad.

Al finalizar el primer año de gestión pública (2017), BiciMad había mejorado sus cifras: se realizaron 3,3 millones de viajes, un 19% más que el año anterior. Además, las bicis ya no eran una de las principales quejas de la ciudadanía. Actualmente, el sistema cuenta con 65.715 abonados y hace tres meses batió su récord de viajes diarios superando los 16.000 trayectos.

En octubre de 2017, el Ayuntamiento anunció una ampliación de BiciMad (42 estaciones en ocho distritos) que por primera vez se iba a superar la frontera de la M-30. Cuando el PP se querelló contra el Consistorio por la cesión de las bicis, la ampliación quedó congelada. Desde el Ayuntamiento argumentaban que se estaban formalizando los trámites administrativos. Tampoco gustaba que el ruido de la comisión de investigación o de la causa judicial pudiese eclipsar esa ampliación. Con el informe del perito, avalando la venta, puede que se acelere la anhelada ampliación del sistema.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información