El perito judicial avala la compra de BiciMad por 10,5 millones de euros

Madrid llegó tarde a la bicicleta pública. En 2014, la entonces alcaldesa Ana Botella (del Partido Popular) inauguró las flamantes bicis eléctricas de la capital. Para sacarlas adelante, licitó un concurso público que acabó ganando la empresa Bonopark: durante 12 años, el Ayuntamiento abonaría 25 millones de euros al año a cambio del servicio.

El acuerdo saltó por los aires en 2015: el servicio estaba al borde del colapso. Bicicletas que no funcionaban, quejas, vehículos vandalizados —algunas de las bicis eléctricas llegaron a aparecer en webs de segunda mano de Rumanía— o estaciones inoperativas. Bonopark no solo no cubría gastos sino que aseguraban que mantener el servicio les estaba creando un agujero en sus cuentas de unos 300.000 euros al mes. En ese momento pidieron al Ayuntamiento 3,6 millones de euros.

El Ayuntamiento, gobernado ya por Manuela Carmena (Ahora Madrid), tenía que decidir si dejaba caer el servicio o lo rescataba. Encontraron una solución a medio camino: una cesión del contrato de las bicis públicas a la Empresa Municipal de Transporte (EMT). En octubre de 2016, el Ayuntamiento cerró un acuerdo con Bonopark por el que abonaba 10,5 millones de euros a cambio de que el sistema público pasase a estar gestionado por la EMT.

Al Partido Popular de Madrid no le gustó la operación. Los populares, con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, crearon una comisión municipal para investigar el asunto. A comienzos de este año subieron la presión y llevaron el caso a los juzgados. Pedían responsabilidades al Ayuntamiento —concretamente a la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y al gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia— argumentando que la cantidad pagada por el Consistorio a Bonopark era “arbitraria”. En su querella, los conservadores denunciaban que la venta se había realizado “a un precio muy superior al real”. También describieron el gasto como “inoportuno” y que “producía un grave daño al patrimonio público”.

El perito judicial encargado de examinar la operación no opina lo mismo: “El precio pactado, aprobado y abonado a la entidad Bonopark, de 10,5 millones de euros, por la cesión a la EMT, es acorde y ajustado al contrato celebrado”, según consta en su informe de 18 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Para elaborar su valoración, pedida por el Ministerio Fiscal, el perito ha prestado especial atención a 17 documentos, entre los que se encuentran los contratos realizados o la querella interpuesta por el PP. “El precio fijado entre ambas entidades fue fruto de una negociación entre partes independientes y razonable en el marco de la operación”, continúa el informe. El perito judicial resalta que con la cesión “finaliza un problema con Bonopark, que amenazaba con acudir a los Tribunales”; que la operación “no deteriora la imagen de BiciMad” y que se “garantiza la continuidad del necesario servicio”.

A pesar de que el informe lo ha realizado un profesional, miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, desde el PP dicen que “puede haber incongruencias en el informe”. Argumentan que “en el dictamen se realizan valoraciones subjetivas, pero sin evidencias”. Además, para los populares, “este informe no es definitivo”. Hacen referencia a que las partes —el Ayuntamiento y el PP— pueden presentar alegaciones y a que la jueza tiene aún que ratificar la prueba, pero esta ya está depositada en el juzgado.

Los conservadores insisten en que “no ha habido auditoría previa para valorar el precio de BiciMad”. Pero entre los documentos analizados por el perito, sí que aparece listada una auditoría, realizada por Ernst&Young en 2016, sobre las cuentas de Bonopark. En cualquier caso, para el PP, “el documento pericial conocido hoy no desacredita el informe realizado por la Cámara de Cuentas”.

Hablan de un dictamen elaborado el mes pasado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid —gobernada por el Partido Popular— que argumentaba que no veía justificado que el Ayuntamiento hubiese pagado 10,5 millones de euros por el servicio. “Avala la tesis del PP de que no se hizo una valoración correcta”, dijo entonces el portavoz municipal de los conservadores, José Luis Martínez-Almeída, que pidió la comparecencia de la alcaldesa en la comisión de investigación y anunció que desde su partido se estaban planteando “ampliar la querella presentada contra el Consistorio”.

"Hay que esperar a que acabe el proceso judicial, pero el informe del perito deja muy claro que se fijó el precio correctamente y que la decisión de pasar la gestión a EMT ha tenido beneficios para el servicio y la ciudad", dicen fuentes del Área de Medio Ambiente. "El PP debería dejar de centrar su política en los tribunales y empezar a preocuparse por los verdaderos intereses de los madrileños y madrileñas", agregan.