El Parlament aprueba que los seis diputados suspendidos mantengan el acta pero deleguen el voto

El pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado este martes la sustitución por un tiempo indefinido de los seis diputados suspendidos de sus funciones por el juez Pablo Llarena el pasado mes de julio. La medida supone en la práctica que los parlamentarios mantendrán su acta, pero delegarán el voto, una situación insólita en una Cámara legislativa.

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La medida ha sido apoyada por 66 diputados de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y los comunes. Ciudadanos, PSC y PP no han participado en la votación y los cuatro parlamentarios de laCUP han votado en contra. Los parlamentarios de la formación naranja y los populares han abandonado el hemiciclo antes de que se produjera la votación tras un debate áspero.

Los diputados electos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez dejaron de cobrar sus retribuciones como parlamentarios a mediados de julio, en cuanto el Parlament recibió la notificación del auto del juez Llarena que declaraba firme su procesamiento por un delito de rebelión, y al amparo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Hasta entonces tenían delegado su voto y no estaban suspendidos, pero la decisión judicial lo cambió todo y abrió una crisis en los dos grupos independentistas que se ha resuelto este martes con esa medida salomónica y un tanto contradictoria.

La Cámara ha votado primero por 71 votos a favor (de un total de 135) que rechazaba la suspensión de los derechos y deberes de los seis parlamentarios, pero a renglón seguido ha votado también que aceptaba de facto su sustitución y que "mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios de los diputados podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen".

La votación acaba con la crisis desatada entre las dos formaciones secesionistas, después de que Junts per Catalunya se negara a que se aplicara para Puigdemont el mismo criterio que para los otros cinco parlamentarios. Al final, el expresidente ha perdido el pulso y se ha impuesto la petición de Esquerra de tratar por igual a los seis parlamentarios, cinco de los cuales están encarcelados

El acuerdo del Parlament se ha adoptado después de un debate en el que la líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha confirmado que presentarán una querella por desobediencia contra los miembros de la Mesa de la Cámara que votaron a favor de someter a votación el auto del juez Llarena.

La líder de la oposición ha calificado la votación como "un ataque a la democracia", porque un Parlamento no puede cuestionarse si acataba o no una decisión judicial. En términos parecidos, pero más suaves en el tono, se ha expresado la representante del PSC, Alicia Romero, quien ha calificado de "engaño" la votación, porque los seis diputados ya dejaron de cobrar cuando se conoció la decisión del juez Llarena. En ese argumento ha coincidido también el diputado del PP Santi Rodríguez.

Marta Ribas, de Catalunya en Comú Podem, ha justificado el voto de su grupo ante lo que ha calificado de "doble bloqueo del Parlament" a causa del auto del juez Llarena y la división del independentismo, mientras que Vidal Aragonés (CUP) ha afirmado que no permitirían "que los jueces dejen sin efecto lo que votó el pueblo de Cataluña".

Por su parte, los dos grupos mayoritarios del independentismo han coincidido en señalar que no permitirían que la justicia española altere las mayorías del Parlament, obviando que el auto del juez Llarena ya abría la puerta a que los seis diputados fuesen sustituidos.

Marta Madrenas, diputada de Junts per Catalunya y alcaldesa de Girona, ha esgrimido el carácter "democrático" de la decisión que se estaba adoptando y ha pedido al resto de formaciones que se sumen a la defensa de los intereses de los seis diputados.

Más contundente ha sido Gerard López del Mora (Esquerra), que ha realizado una dura crítica a la justicia y al Estado español por "inventarse un relato contra el independentismo, que ha vulnerado la tutela judicial efectiva" y que ha llevado a la "invención de pruebas" contra los líderes del procés encarcelados.