El Supremo y la Abogacía del Estado se reafirman en que hubo malversación continuada en el ‘procés’

El Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado se reafirman en que el independentismo catalán ha desviado dinero público al procés y que, por tanto, “hay indicios racionales” de que se ha perpetrado un delito continuado de malversación de caudales públicos. Así lo aseguran a EL PAÍS fuentes de ambas instancias jurídicas, que están a la espera de que el ministro Cristóbal Montoro remita al juez Pablo Llarena el informe que este le pidió el pasado 18 de abril para que le explique en qué “soporte objetivo” se ha basado al declarar reiteradamente que el referéndum ilegal de 1-O no dispuso de dinero público.

“Hay indicios racionales” de que se ha perpetrado un delito continuado de malversación de caudales públicos, aseguran a EL PAÍS fuentes de ambas instancias jurídicas

Tales manifestaciones las ha reiterado Montoro después de que el tribunal alemán que mantiene detenido al expresidente Carlés Puigdemont descartara la existencia de rebelión en su conducta y expresara dudas sobre el delito de malversación que también imputa el instructor del Supremo Pablo Llarena a los líderes separatistas. Opone el tribunal de Scheswig-Holstein, que gran parte del dinero público orientado inicialmente al procés no había sido finalmente abonado. Estos son los dos delitos por los que Llarena ha pedido a Alemania su entrega a España (los jueces alemanes aún no han tomado una decisión definitiva al respecto, y están analizando las nuevas pruebas que les han aportado fiscales alemanes tras haberse reunido con colegas españoles en La Haya.

Fuentes cercanas a Hacienda aseguran que está ultimado el informe para juez Pablo Llarena y que es inminente su entrega al Tribunal Supremo. Ignoran su contenido pero intuyen que no puede ser otro que admitir que los separatistas han utilizado ardides para destinar dinero público al referéndum. La Guardia Civil, y así lo expresa en su último informe a Llarena, mantiene que la malversación alcanza los 1,9 millones, aun reconociendo que hay una parte de las facturas que no se llegaron a abonar tras la intervención de las cuentas de la Generalitat.

Fuentes del Supremo sostienen: “Cuando se trata de un delito continuado de malversación en el que coexisten acciones consumadas y acciones intentadas, el delito se estima consumado. Esta conclusión es unánime en la jurisprudencia del Supremo”, explican fuentes jurídicas. Los separatistas encausados se están amparando en las manifestaciones de Montoro para negar la malversación.

Los nuevos datos que la fiscalía alemana eleve al tribunal serán cruciales para que los jueces reconsideren su actual posición

La Abogacía del Estado comparte el criterio del Supremo. Parte del hecho de que “hay indicios racionales” en el sumario que avalan la existencia de una malversación de caudales con daño para las arcas públicas. Y explican: “El hecho de que algunos servicios para el referéndum no hayan sido abonados aún (hay otros que sí lo fueron y otros en vías de investigación) no elimina la obligación de tener que afrontarlos en el futuro. En el momento en que, por ejemplo, desde la Generalitat se pidió a los proveedores que les fabricasen papeletas para el 1-O, surgió una obligación de pago. Pueden argüir los separatistas que los proveedores no han reclamado el dinero, pero ¿y quién dice que no lo hagan más adelante?”, advierten estos medios. “Ahora”, añaden, “no pueden reclamar el dinero porque los pagos fueron bloqueados por Hacienda y, además, están sometidos a prejudicialidad penal, pero en cuanto haya sentencia firme, esos mismos proveedores que aún no han cobrado disponen legalmente de cuatro años para reclamar el cobro”.

Aparte de la “inoportunidad”, justo cuando el tribunal alemán está revisando su intención inicial de poner pegas a la extradición de Puigdemont (y ello gracias a la colaboración de las fiscalías de España y Alemania), fuentes del Supremo califican de “alucinantes” las declaraciones del ministro. Una portavoz del tribunal alemán manifestó el pasado 19 de abril que la decisión final sobre Puigdemont seguía abierta y que no se descartaba la posibilidad de entregarle incluso por el delito de rebelión. Todo dependería de los nuevos datos que la fiscalía pusiera sobre la mesa tras la reunión de La Haya.

Fuentes jurídicas señalan que Hacienda tiene ya avanzado el informe que le ha pedido el juez Llarena. Esperan que Hacienda informe sobre datos objetivos de las cuentas, sin subsumirlos en ningún tipo penal. “Como Hacienda, en su informe, se meta en disquisiciones jurídicas sobre tipos de malversación, malo, malo”, alertan fuentes jurídicas, que insisten en que jurídicamente hay  malversación. E incluso señalan, respecto a este tipo de malversación, que hay una sentencia del Supremo en la que hace reproches a cómo está redactada, lo que se atribuyen al mecanicismo con que a veces el legislador español copia una norma de un país extranjero. “En este caso concreto, se refería a que era una copia casi idéntica del Código Penal alemán, que además está subsumida entre los tipos penales que, según la euroorden, obligan a entregar a un fugado casi sobre la marcha”, destacan estas fuentes.

Informe de la Guardia Civil

El último informe de la Guardia Civil enviado al juez Pablo Llarena (y cuyo secreto levantó el magistrado coincidiendo con la polvareda que desataron las declaraciones del ministro), detalla pagos consumados (y otros no) destinados al procès desde la Generalitat de Cataluña y organismos afines. El informe detalla encargos publicitarios del 1-O pagados con dinero público, o pendientes de serlo, estudios sobre proyectos normativos, locales públicos destinados a propaganda secesionista, gastos de observadores europeos para la supervisión del referéndum independentista...

 “El delito de malversación nace cuando se administran deslealmente fondos públicos. Si se paga o no, es algo que afecta a la consumación del delito", aseveran las citadas fuentes jurídicas.