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El día que el secesionismo cruzó el Rubicón

El Parlament aprobó el 6 y 7 de septiembre del año pasado las dos leyes de ruptura que aceleraron la crisis catalana

El 6 y 7 de septiembre de 2017 empezó en Cataluña la fase del no retorno. El independentismo cruzó el Rubicón y se saltó todas las líneas de la legalidad en el Parlament para aprobar las llamadas leyes de ruptura: la del referéndum y la de transitoriedad jurídica. De nada sirvieron las advertencias del Tribunal Constitucional ni las de los letrados de la Cámara, que avisaban de que se podía estar cometiendo un delito. También fueron desoídas las llamadas de la oposición a que se respetaran sus derechos y se cumplieran los procedimientos parlamentarios. Y el Consejo de Garantías Estatutarias fue ignorado. Las dos leyes de ruptura apenas estuvieron vigentes unas horas, pero sirvieron para convocar el referéndum del 1 de octubre y proclamar la independencia el día 27 del mismo mes. Un año después, los líderes del procés están en la cárcel o huidos y la situación política en Cataluña se ha radicalizado.

Una foto de archivo del día del pleno de en el que se aprobó la Ley de Transitoriedad.

A las 10.16 del 6 de septiembre de 2017 se inició lo que oficialmente era una sesión de control ordinaria al Govern; pero las intenciones de la mayoría independentista eran conocidas. Marta Rovira, entonces secretaria general de ERC y portavoz de Junts pel Sí (62 diputados), pidió a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se modificara el orden del día para incluir la votación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña al amparo del artículo 81.3 del reglamento; este se había modificado semanas antes para aprobar una ley sin apenas debate.

Ciudadanos, el PSC y el PP también llegaron al pleno con un objetivo compartido: que las leyes se tramitaran con todos los informes preceptivos y así ganar tiempo para que el pleno del Tribunal Constitucional, que estaba reunido a esa misma hora, acordase la suspensión del debate en el Parlament. “Pensaban ventilarlo en un plis plas y nosotros se lo pusimos muy difícil, porque, en democracia, las formas también son el fondo y se estaban cargando la democracia”, evoca la portavoz del PSC, Eva Granados.

Joan Coscubiela, entonces diputado de Catalunya Sí que es Pot, se sumó a las protestas. “No hagáis esta cacicada”, reclamó en vano. “Aquello fue la catalización de una ficción que se mantiene viva, es un gran autoengaño”, recuerda un año después.

La mayoría desoyó al Constitucional, al Consejo de Garantías y a los letrados

El pleno se suspendió a las 10.49 —en lo que sería una constante durante toda la jornada— para que la Mesa y la junta de portavoces reconsiderasen la alteración del orden del día. A las 12.23 se reanudó la sesión y Forcadell admitió que el secretario general del Parlament les había alertado de que votar esa ley podía contravenir las advertencias del Tribunal Constitucional, pero que seguía adelante.

PDeCAT y Esquerra justitican su actuación y culpan al PP

Al independentismo le molesta recordar lo ocurrido en aquellas dos sesiones y, un año después, el PDeCAT como Esquerra justifican su actuación, culpan al Gobierno de Mariano Rajoy y niegan que aquello fuera el detonante del proceso judicial.

David Bonvehí, presidente del PDeCAT, asegura que “la judicialización viene desde que el PP decidió no respetar el Estatuto validado por la sociedad catalana en referéndum y maniobró torpemente en el Tribunal Constitucional para reventar aquel acuerdo”. Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de Esquerra, entiende que “el Estado y algunos grupos de la oposición no dejaron otra alternativa. Había que hacer el marco legal para que el referéndum se pudiera realizar correctamente”.

Ninguno de los dos cree que se vulnerasen los derechos de la oposición. “Quien realmente tiene vulnerados sus derechos son las personas que están privadas de libertad, sin sus familias y sin poder ejercer los cargos para los que los votaron”, opina Sabrià.

Bonvehí admite que “hay cosas que no han tenido la efectividad que se buscaba, como la ley de transitoriedad” y que hay que “repensar la estrategia para que la próxima vez lo logremos definitivamente”. Sabrià insiste en que el Parlament “cumplió el mandato democrático y que siempre “serán fieles” al pueblo de Cataluña.

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, forzó otra suspensión, pero no hubo cambio de guión. “El golpe a la democracia que los políticos separatistas dieron el 6 y 7 septiembre es uno de los episodios más infames que ha vivido nuestra democracia”, asegura.

Alterado el orden del día, Forcadell anunció que daba sólo una hora de plazo (después ampliado a dos) para presentar enmiendas; y únicamente al articulado, no a la totalidad del texto. Miquel Iceta, líder del PSC, anunció que acudiría en amparo al Tribunal Constitucional porque se estaban vulnerando los derechos de la oposición. El pasado 7 de febrero, el tribunal le dio la razón.

El pleno del Parlament se suspendió a las 14.10. Para entonces ya había acabado otro pleno, el del Tribunal Constitucional, que había rechazado la recusación contra 12 magistrados presentada por Forcadell. A las 15.13 se reanudó la sesión en el Parlament y a las 16.56 hubo otra pausa.

El Consejo de Garantías Estatutarias había dado la razón a la oposición al reconocer su derecho a solicitar un dictamen sobre la ley que se iba a discutir. La mayoría independentista se negó y el pleno continuó, hasta que a las 21.33 quedó aprobada la ley, que el independentismo celebró con el canto de Els Segadors, el himno de Cataluña. Casi la mitad de los escaños estaban vacíos. Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP habían abandonado el hemiciclo.

Los 11 de Catalunya sí que es Pot se abstuvieron en la votación. En la bancada constitucionalista los populares dejaron banderas de España y Cataluña. “Fueron dos días difíciles. No se escucha en el audio de las intervenciones, pero si se pedía la palabra te insultaban. De ahí mi reacción: ‘defenderemos la democracia hasta que se congele el infierno’, recuerda un año después Alejandro Fernández, portavoz del PP.

La versión digital del Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña y del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicaron la ley en menos de dos horas y el Pleno continuó con el debate de cuestiones menores. Mientras, en la sala 4, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todo su Gobierno firmaron el decreto de convocatoria del referéndum.

Coscubiela: “Aquello fue la catálisis de una ficción que se mantiene viva”

Eran las 23.35 y el pleno continuó para nombrar a los cinco integrantes de la sindicatura electoral que habían de velar por el referéndum. Hubo nueva bronca parlamentaria porque se alteró el orden del día otra vez y las 00.01 del 7 de septiembre se suspendió la sesión para presentar candidaturas en el plazo de una hora, un hecho que seguramente no tiene precedentes en el parlamentarismo europeo. A las 01.49 se aprobó la sindicatura y se levantó la sesión.

Antes de las 24 horas de su aprobación, el Tribunal Constitucional se reunió con urgencia y suspendió provisionalmente la ley del referéndum, el decreto de convocatoria y el nombramiento de la sindicatura electoral. Sus cinco integrantes dimitieron al cabo de 16 días al ser advertidos de que se les multaría con 12.000 euros diarios a cada uno si proseguían con la organización del referéndum.

La mañana del 7 de septiembre se volvió a reunir el Parlament para aprobar la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana. La bronca parlamentaria volvió a repetirse porque también se alteró el orden del día. La sesión se suspendió en cuatro ocasiones y el debate concluyó a las 00.49 del 8, cuando quedó aprobada con 71 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención una norma que establecía una dudosa separación de poderes y encomendaba a un órgano ajeno al Parlament la preparación de un texto constitucional.

Ciudadanos, PSC y PP volvieron a abandonar el hemiciclo como protesta. Cinco días después, el Constitucional suspendió la ley, pero el independentismo siguió adelante con el referéndum. En pocas semanas todo sería anulado de manera definitiva y empezaría el proceso judicial.