Cataluña sufrió los mayores recortes sanitarios durante el ‘procés’

La sanidad catalana ha sido uno de los sectores más perjudicados por los tres adelantos electorales consecutivos que se han producido en Cataluña desde 2012 a causa de los vaivenes del procés independentista. La inestabilidad política ha pasado factura al sistema sanitario público, azotado por los recortes ejecutados por el gobierno de Artur Mas e incapaz de tirar adelante cambios estructurales para mejorar el sistema a causa de los paros gubernamentales. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Cataluña fue donde más se recortó el gasto social durante la recesión, entre 2009 y 2015.

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La gestión de las estrecheces en el ámbito sanitario discurrió, durante los dos breves gobiernos de Artur Mas —entre 2010 y 2015—, en paralelo al auge del procés. La mayor parte de las competencias en materia sanitaria están transferidas a la Generalitat, así que de poco servía como arma arrojadiza el Gobierno central más allá de la “infrafinanciación crónica” que denunciaba constantemente el consejero de Salud de la época, Boi Ruiz, para justificar los tijeretazos y los problemas de financiación del sector.

Pero la vorágine del proceso independentista, que copaba el debate parlamentario día sí día también, sí sirvió de cortina de humo para tapar los intentos de privatización de servicios públicos y los grandes recortes que puso en marcha Artur Mas en su primer gobierno para aliviar el déficit público. Mientras el ejecutivo de Mariano Rajoy hacía lo propio a nivel estatal, Mas reducía en más de 1.500 millones de euros el presupuesto sanitario —pasó de 9.875 millones de euros en 2010 a tocar fondo en 2014 con 8.290 millones—. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Cataluña fue, junto a Castilla-La Mancha (presidida por Cospedal entre 2011 y 2015), la comunidad autónoma que más recortó el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) entre 2009 y 2015. En total, más de un 26%. El informe constata una reducción de 5.538 millones de euros en las partidas sociales catalanas.

El Departamento de Salud ordenó cerrar quirófanos por las tardes, reducir horarios de centros de atención primaria e incluso cerrar puntos de atención continuada en algunos municipios. También dejó de cubrir bajas y cerró plantas hospitalarias enteras para reducir gasto de personal. Durante los años de gobierno de Mas, la sanidad catalana perdió, según los datos del Departamento de Salud, 2.400 sanitarios (pasó de 76.306 en 2011 a 73.899 en 2015) y más de 1.100 camas hospitalarias (en 2010 había 14.072 y en 2015 sumaban 12.902). Trabajadores, sindicatos y plataformas sociales se lanzaron a la calle para protestar contra lo que se avecinaba: listas de espera disparadas, colapsos en urgencias por falta de camas en planta donde derivar a los pacientes, trabajadores desbordados… Mientras, Mas se reunía con el Gobierno central para buscar un pacto fiscal.

CiU empezaba ya a abrazar el soberanismo cuando la CUP de Reus (Tarragona) levantó la manta de lo que terminaría convirtiéndose en el mayor escándalo de corrupción vinculado a la sanidad catalana: el caso Innova. La investigación indagaba sobre contratos y pagos ilegales hechos desde el Ayuntamiento de Reus a altos cargos sanitarios como Carles Manté, director del Servicio Catalán de Salud entre 2004 y 2006, y Josep Prat, presidente entonces del Instituto Catalán de la Salud (ICS), la gran empresa pública que gestiona ocho grandes hospitales y el 80% de la atención primaria en Cataluña.

El segundo gobierno de Mas aprovechó el foco político para distraer la atención y tejer, entretanto, una controvertida remodelación del sistema sanitario. Las particularidades de la red pública catalana, que está formada por proveedores muy distintos —desde empresas públicas hasta fundaciones y entidades con ánimo de lucro—, favorecieron que el Govern de entonces maquinase un plan para despedazar el ICS y privatizar algunos servicios públicos. Un informe encargado por Salud a la consultora PwC desvelado por EL PAÍS, revelaba que Mas quería privatizar varios hospitales. El documento recomendaba incluso “una entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto político y social” del plan. Artur Mas también sacó a concurso la gestión de varios centros de atención primaria que terminaron adjudicándose a la empresa Eulen, sin experiencia en la atención sanitaria directa.

Sin embargo, a la Generalitat no le quedó más remedio que recular en alguna de sus decisiones tras el rechazo de los actores sociales y buena parte de la oposición parlamentaria.

El segundo Gobierno de Artur Mas contaba con el favor de ERC, su socio de gobierno, que apoyó unos presupuestos que consolidaban los recortes ejecutados en 2011 e incluso salvó a Boi Ruiz de la reprobación en el Parlament. Pero esta alianza sucumbió a la presión social. Sindicatos y plataformas de afectados por los recortes criticaron duramente la posición de ERC, que finalmente optó por retirar su apoyo al gobierno catalán en algunos temas como el proyecto de Boi Ruiz de unificar los hospitales de Lleida bajo una nueva figura jurídica.

Los recortes sanitarios generaron, de hecho, una movilización social sin precedentes: los trabajadores del hospital de Bellvitge, en el término de L’Hospitalet con Barcelona, cortaron semanalmente la Gran Vía, la arteria que une ambas ciudades, durante varios meses para protestar por los recortes; los pacientes se organizaron y montaron mesas a las puertas de los hospitales —todavía hoy funcionan— para informar de cómo reclamar los retrasos en la lista de espera; en el verano de 2014, vecinos y enfermos se atrincheraron en las plantas de hospitales como Bellvitge para evitar que se cerrasen durante la época estival.

La presión social fue tal que Boi Ruiz tuvo que retirar además una instrucción que regulaba la actividad privada en algunos centros públicos. También redibujó y finalmente frenó el VISC+, un plan por el que se proponía, en un principio, vender a entes públicos y privados datos sanitarios anónimos con fines científicos.

Mas tuvo que echar atrás también, por imperativo judicial, un controvertido copago que supuso, de facto, uno de los primeros choques de competencias con el Gobierno central. Se trataba del euro por receta, una medida disuasoria que pretendía poner fin a posibles abusos en la compra de medicamentos, según el Govern. Pero además del rechazo en bloque del sector sanitario, el Gobierno central lo llevó al Tribunal Constitucional, que lo suspendió cautelarmente y lo declaró, poco después, inconstitucional, alegando que las competencias en materia de financiación sanitaria son exclusivas del Estado.

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