CiU y Esquerra aprueban unas cuentas que consolidan los recortes
La oposición critica que los Presupuestos no sirven para combatir la pobreza
CiU y Esquerra impusieron ayer su mayoría y aprobaron finalmente el Presupuesto para este 2015 después de varios meses de estar envueltos en medio de la incertidumbre. Los dos socios se quedaron solos y solo lograron arrancar la abstención de la exdiputada socialista Marina Geli, ahora en el partido Mes, que atribuyó su voto a que no había tenido tiempo a leer el proyecto de ley. La oposición, desde el PP hasta la CUP, coincidió en criticar que las cuentas del consejero Andreu Mas-Colell, que consolidan los recortes aplicados desde 2011, no servirán para combatir los estragos de la crisis. La ley de Presupuestos y la de Acompañamiento se aprobaron por 70 votos a favor (CiU y ERC); 62 en contra (PSC, PP, ICV, Ciutadans y la CUP) y la abstención de Geli.
Las cuentas se elevan a 27.000 millones de euros e incorporan la devolución de la paga extra a los funcionarios y un fondo social de 88 millones. Pere Aragonès (ERC) defendió que el proyecto es posibilista y que se ha agotado el margen para aumentar los ingresos. En ese sentido, cargó contra la imposición del objetivo de déficit, la limitación de la fiscalidad y el déficit fiscal consolidado.
“Tenemos una manta pequeña: O te tapas la cabeza o te tapas los pies”, afirmó dando el régimen autonómico por agotado. Antoni Fernández Teixidó (CiU) pidió a la Cámara que reflexionara sobre el contexto actual —del 9-N al 27-S— y coincidió con Aragonès en que la oposición no aportara alternativas. El diputado reprochó al resto de grupos que juzguen de ficticias las cuentas por incorporar 2.183 millones de deudas del Estado y que no formen un frente común con el Gobierno de Mas para reclamarlas.
La CUP y Geli votan a favor de las estructuras de Estado
CiU y ERC modificaron sus enmiendas sobre las estructuras de Estado para adecuarlas al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que resolvió, a petición del PP, que la versión original de las mismas contravenía la Constitución y el Estatut. Los dos socios arrancaron el apoyo de la CUP y de Marina Geli. “Es el camino, rectificar es de sabios”, dijo. Los ecosocialistas se abstuvieron. Roger Muntanyola (Unió) reivindicó que el Ejecutivo continuará impulsando esas estructuras (la agencia propia; la de hacer un inventario sobre los bienes públicos o un catálogo sobre las infraestructuras críticas, por ejemplo) por si el 27-S gana la opción independentista. “No son un capricho”, dijo.
Pese a la abstención, Joan Mena (ICV-EUiA) fue crítico con los proyectos: “Son propagandísticos. Dicen que están haciendo estructuras pero las de verdad las venden o las privatizan", dijo. “Ahora cambian las leyes por planes directores. Del humo al vapor. Hay que hacer las cosas bien y no permitir al PP que meta un gol”. José Manuel Villegas, de C's, esgrimió que crear un Estado desde una comunidad autónoma no es legal en España ni en ningún país europeo: “La única noticia buena es que parece que hay fecha [el 27-S] para que finalice esta locura”. “No permitiremos que nos conviertan en extranjeros”, espetó Coto, del PP, que pidió la dimisión de Aragonès: “Hay gente que ha pasado hambre y frío por culpa de estas enmiendas ilegales que han atrasado la aprobación del Presupuesto”.
Alicia Romero (PSC) recriminó a ERC que pueda dar apoyo a unas cuentas que consolidan los recortes aplicados desde 2011 en Educación (20% menos); en gasto social (un 23%) o en Salud (23%) cuando ahora hay más paro y desigualdad. “Están preocupados por el país, pero no por su gente. Si no, presentarían otras cifras”, afirmó reprochando a Aragonès que solo haya logrado incorporar a las cuentas 88 millones —“Es muy, muy poquito sobre 23.000 millones"— para un fondo social.
En la misma línea, Josep Vendrell (Iniciativa) lamentó que las cuentas respondan más a una “lógica de caridad” que de derechos universales y propuso aumentar los ingresos obligando a pagar a quien más tiene. David Fernández (CUP) afirmó que el pacto entre ERC y CIU sobre el fondo social es una “pura gota en el desierto” que no responde a la intensidad de la crisis social. “Son unos presupuestos neoliberales, insensibles y miserables”, dijo.
El popular José Antonio Coto cargó contra “la incompetencia” del Ejecutivo y aseguró que es el Gobierno de España el que está garantizando actualmente que se ofrezcan los servicios sociales del Estado del bienestar. “En vez de presentar los Presupuestos en octubre Mas decidió hacer una consultita ilegal y sin garantías”, señaló tras abominar de que en Cataluña se paguen los impuestos más altos de España. José Manuel Villegas, de Ciutadans, tachó las cuentas de “fraude” por incorporar los 2.130 millones que dependen de transferencias del Estado y criticó que la Ley de Acompañamiento incorpore ocho nuevas tasas y la modificación de 32 para recaudar 13 millones de euros. “El único espíritu de esa modificación es estrujar a los ciudadanos para llegar a final de mes”, dijo.
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