Lo que el ‘procés’ silenció
Cinco años de parálisis institucional por los desacuerdos entre Generalitat y Gobierno han pasado factura a las infraestructuras y a todos los servicios públicos
Noviembre de 2010. Un Artur Mas todavía en rodaje como candidato a la Generalitat se dirige solemnemente a los empresarios catalanes para asegurarles que el Gobierno que quiere encabezar dará máxima prioridad a la infraestructura que en ese momento está en boca de todos los sectores económicos y sociales catalanes. Se trata del llamado Cuarto Cinturón, una autovía libre de peaje que debe rodear el área metropolitana de Barcelona y descongestionar sus accesos. Era una obra largamente reivindicada que los gobiernos anteriores, el tripartito de la izquierda, habían frenado por razones medioambientales.
Siete años más tarde, los parajes por los que debía discurrir esta autovía siguen siendo campos de cultivo en su mayor parte. Los pocos tramos que se han construido, de manera inconexa, han ido finalmente a cargo del Gobierno central pero ni el proyecto ni la obra tienen fecha de conclusión.
El Cuarto Cinturón, una obra de competencia estatal pero que necesitaba el concurso de la Generalitat, es el ejemplo más paradigmático del retraso en infraestructuras que arrastra Cataluña. Y ello no se debe solo a la crisis económica que tantas obras ha paralizado. El proceso independentista iniciado por Mas en 2012 y la posterior negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a negociar los traspasos y obras pendientes han dejado sumido en un erial el programa de infraestructuras de Cataluña. El diálogo entre gobiernos se esfumó y, con él, los grandes proyectos de obra pública.
No solo las infraestructuras se han resentido de cinco años de conflictividad política y desacuerdos entre administraciones. Los traspasos de nuevas competencias se han interrumpido y en muchos casos, la oportunidad histórica para lograrlos parece haber quedado enterrada definitivamente. Poco o nada queda del preacuerdo alcanzado entre Gobierno y Generalitat en 2009 para traspasar los aeropuertos de Girona y Reus a la Generalitat. Con la posterior privatización de AENA y la absoluta falta de sintonía entre Gobiernos, los partidos han pasado página a esta reivindicación.
El proceso independentista ha dejado en un segundo plano varios problemas que sufre Cataluña. EL PAÍS empieza hoy una serie que repasará aquellos asuntos que han quedado relegados del debate público a causa del espacio que ha ocupado el desafío independentista. Entre ellos, están la cuestión de las infraestructuras, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la corrupción.
Porque el panorama de las infraestructuras se repite en todo lo que atañe a los servicios públicos. El proceso independentista ha actuado como un gran agujero negro que ha absorbido el malestar social derivado de la crisis y los recortes y lo ha lanzado contra el Gobierno central y el Estado, que siempre dijo confiar en que el enrarecimiento de la situación en Cataluña era coyuntural, “un suflé”, en boca de más de un ministro.
Pocos políticos nacionalistas se han atrevido a verbalizar claramente que el proceso haya servido para “tapar” la parte menos amable de la política catalana. Sí lo ha hecho Santi Vila, el exconsejero díscolo de Artur Mas y de Carles Puigdemont, que siempre tuvo un pie en el independentismo y otro en la realpolitik. En 2014, cuando era consejero de Territorio, Vila admitió que el proceso soberanista les estaba “permitiendo resistir” cuatro años de ajustes y recortes. Vila dijo que el del soberanismo era un proyecto “mínimamente ilusionante” que evitaba la frustración social. “Si este país no hubiese tenido un relato en clave nacionalista, ¿cómo habría resistido unos ajustes de más de 6.000 millones?” llegó a preguntarse en una conferencia ante empresarios.
No es que en Cataluña no se haya hablado de Sanidad, pobreza, educación o políticas sociales. Ni que la Generalitat no haya hecho nada para solventar los problemas. Simplemente, lo que ha motivado el procés es derivar hacia Madrid, el Gobierno Central o el Congreso de los Diptutados, cuantos desajustes, fallos, frustraciones y problemas, surgían a la hora de afrontar estos problemas. Y cuando los problemas tenían su origen en el Gobierno central, por acción u omisión, el problema era la supuesta falta de cooperación o mala gestión de la Generalitat. Y, así, hasta el infinito. El resultado: toda la agenda social ha acabado condicionada a un proceso político paralelo que ni avanzaba ni desbloqueaba otras cuestiones.
Tres legislaturas inconclusas con sus correspondientes adelantos electorales —todos motivados por el proceso soberanista— tampoco han ayudado a visibilizar los problemas que sistemáticamente quedaban en el cajón. No hay debate en el que algún candidato no prometa acabar con los problemas de Cercanías o dar carpetazo definitivo a los recortes de Sanidad. Pero ni lo uno ni lo otro acaba de cuajar. Mientras tanto, camiones y coches siguen atascados en los accesos a Barcelona. El Cuarto Cinturón, en buena parte de su recorrido, sigue siendo un páramo.
Especial | Los problemas que tapó el independentismo
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