Sobrecostes y codicia

El próximo 17 de abril se cumplirán 26 años de la reunión que el entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, mantuvo con los presidentes de las grandes constructoras para exhortarles a no pagar comisiones a ningún partido para obtener concesiones de obras. A la reunión asistieron los representantes de Ferrovial, Agromán, Cubiertas y MZOV, Dragados y Construcciones, Entrecanales y Távora y Construcciones y Contratas. No se puede decir, pasado más de un cuarto de siglo, que la humanidad haya evolucionado en la buena dirección. Los papeles de Bárcenas, el caso Palau o el caso 3% han mostrado, fehacientemente, lo viva que está la tendencia al pecado. Eso sí, siempre con cargo al contribuyente, que es quien acaba expiando tanto la generosidad del donante como la codicia del receptor de la mordida. Esa acción parasitaria, con cargo a ciudadanos y ciudadanas, se realiza muchas veces gracias a los sobrecostes. Y es que los llamados modificados de obras se han convertido en una tradición transversal con tanta raigambre como la Semana Santa zamorana, los toros en la Maestranza de Sevilla o el 11 de Setembre en la Cataluña catalana.

Solo entre 2008 y 2014, el Ministerio de Fomento pagó 10.000 millones de euros en sobrecostes de obra pública. La propia Unión Europea exigió acabar con los modificados faraónicos. El cemento en modificados y derivados equivalía a los recortes en sanidad y educación que decretó Mariano Rajoy en 2012. Entre 2004 y 2013, la UE transfirió más de 30.000 millones de euros a España, de los que más de 20.000 se fueron a transporte. La orografía española es muy peculiar, pero no menos que nuestros constructores o nuestros políticos. Y Cataluña forma parte de ella.

La comparecencia de Artur Mas en el Parlament a finales del pasado mes de marzo puso de relieve que, al igual que el PP, Convergència tenía sus grandes aportadores movidos no solo por el altruismo, sino también por la ideología contagiosa y ese proyecto tan estimulante de país que irradiaba el viejo partido de Pujol, según explicó el propio expresidente. CDC se financiaba “en la frontera de la moralidad”, reconoció Mas, pero aseguró que siempre en la legalidad. El proyecto resultó ser tan atractivo para los empresarios que, entre 2008 y 2013, CDC ingresó más de siete millones de euros, amén de los 6,6 millones que según el auto judicial del caso Palau se llevó en comisiones supuestamente pagadas por Ferrovial.

Nadie preguntó por los modificados y Mas pudo sacar pecho y retar al fiscal del caso Palau a auditar la obra pública. En el toma y daca parlamentario, nadie se acordó del informe de la Sindicatura de Cuentas que en los años 2003 y 2004 detectó una desviación del 80% en las rehabilitaciones del parque de vivienda pública (Adigsa, por tres millones de euros). Tampoco nadie mencionó que un alto cargo público de CDC, Josep Antoni Rosell, en una demostración de puertas giratorias, diseñó la adjudicación de canal Segarra-Garrigues, luego dirigió el proyecto desde la empresa privada adjudicataria de esta obra y volvió de nuevo a la empresa pública, Infraestructures.cat. El sobrecoste de todo este movimiento de tropas llegó al 81%, pero la austeridad —que a veces es altamente positiva— paralizó su realización. Con tan brillante expediente, Rosell volvió con salvas de honor al sector público, a Infraestructures.cat, hasta ser detenido por la Guardia Civil. Esquerra logró echarle el año pasado del cargo de consolación que por los servicios prestados le ofreció CDC. Los independentistas de Junqueras ahora están colaborando con las investigaciones del caso 3%. Joan Jaume Oms, consejero delegado y presidente de Infraestructures.cat, ha remitido al juez documentación que acredita cómo se “flexibilizó” el criterio de puntuación a favor de un determinado adjudicatario. De acuerdo con la documentación aportada, fue el propio Rosell quien lo pidió por escrito a la Oficina Técnica de Evaluación.

Pero la historia no acaba aquí. Este diario desveló el pasado 30 de marzo que la adjudicación del túnel de la plaza de Les Glòries Catalanes se fraguó en la sede de CDC, en la calle de Còrsega, a finales de 2014, cuando CiU gobernaba en Barcelona. La casualidad quiso que simultáneamente se conociera que el sobrecoste de dicha obra se eleva al 60%. 36 millones añadidos a los 60 del contrato público. La constructora Copisa —la adjudicataria— ingresó 65.000 euros en dos pagos a la fundación de Convergència. Todo muy legal, por supuesto. Y fruto sin duda de la fascinación por el proyecto de país.