El Tribunal Superior investigará al diputado del PP Daniel Ortiz

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La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado la competencia para investigar al diputado regional del PP Daniel Ortiz Espejo por haber supuestamente favorecido a la empresa Cofely, entidad implicada en el caso Púnica, con un contrato de 73 millones de euros durante su etapa como alcalde de Móstoles a cambio de un soborno de 746.000 euros y su posible intervención en torno al  “contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles”, adjudicado el 20 de mayo de 2014.

Los jueces detallan en su auto que “se han detectado presuntos actos de corrupción en beneficio de la mercantil Cofely España, con ánimo de lucro personal como contrapartida tanto de este regidor del Ayuntamiento, como de su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y su hermano Mario”.

Según los jueces, se erigieron como intermediarios representantes en las negociaciones del cobro de dádivas, actuando activamente por parte de Cofely los responsables del Departamento Comercial.

El Tribunal Superior de Justicia sostiene que Daniel Ortiz "participó activamente" en el proceso de adjudicación "recabando información del avance de la fase de licitación presionando continuamente a empleados públicos y autoridades municipales, prevaliéndose de su posición como alcalde". Los magistrados afirman que presionó sobre todo al concejal promotor David Sánchez Rey, "llegando incluso a solicitarle la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación".

Los magistrados sospechan que se creó “una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación” y que remitieron “subrepticiamente” a Cofely “documentos confidenciales de oferta de los competidores”. Siempre según los jueces, Cofely, con estos datos, detectó fallos en la oferta competidora (Fulton), con lo que fue descalificada

Los magistrados consideran, por tanto, que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude contra la Administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones, además de cohecho.

En el mismo auto de admisión de la competencia, se ha designado como instructora de la causa, entre los miembros de la misma Sala, a la magistrada Susana Polo García, quien determinará la personas que, junto al aforado, deben figurar en esta causa como investigados por su participación conexa con los hechos imputados a Daniel Ortiz.

El auto cuenta con un voto particular formulado por el magistrado Jesús María Santos Vijande, quien comparte la asunción de la competencia acordada en la resolución, pero considera que el magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción nº 6 debió remitir mucho antes a este tribunal la exposición razonada.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha asegurado que no es el momento aún de pedir a Daniel Ortiz que dimita como diputado de la Asamblea porque no se le investiga formalmente, y hay que esperar a que los tribunales decidan hacerlo, porque aún pueden archivar el caso o pedir nuevas diligencias.

Por su parte, Ortiz mantendrá su acta en la Asamblea de Madrid porque "no está investigado" y "la única novedad" es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado su competencia para determinar si lo hace o no, según han señalado a Efe fuentes parlamentarias del grupo popular.

Las mismas fuentes han manifestado que Ortiz sólo entregará su acta si finalmente recibe una citación formal del juez para citarle a declarar en calidad de investigado, como dictamina el código ético del PP. "Aún no ha pasado", han recalcado. Mientras tanto, han informado de que "no se va a tomar ninguna determinación" sobre Ortiz, que aseguran que tampoco "puede hacer nada" en estos instantes.

Según el auto del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Susana Polo García será quien "determinará" las "personas que, junto al aforado [Daniel Ortiz] deben figurar en esta causa como investigados por su participación conexa con los hechos imputados al señor Ortiz".