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La oposición pospone el plan de urgencia de pisos turísticos de Colau

Los grupos critican la precipitación de la medida que quiere evitar un aluvión de licencias

Imagen de archivo de un cartel contra pisos turísticos en la Barceloneta.
Imagen de archivo de un cartel contra pisos turísticos en la Barceloneta.

El Ayuntamiento de Barcelona vive una crisis en la política de turismo. Por un descuido, el Consistorio podría volver a dar licencias para pisos turísticos al expirar la suspensión que dictó el exalcalde convergente Xavier Trias en 2014. Sería el próximo tres de mayo si la oposición no acepta una regulación presentada por el Gobierno municipal in extremis el pasado 19 de marzo. El Ejecutivo se dio cuenta de que por una brecha legal acababa la moratoria y ha llevado a la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad su medida para evitarlo este miércoles. Los grupos de la oposición, menos el PP, han decidido posponer el voto a tan solo dos días antes de que la norma deje de ser vigente: el próximo pleno del día uno de abril. La comisión se ha convertido en un aluvión de reproches al Gobierno, al que acusan de actuar de manera improvisada.

La votación, convocada de urgencia la semana pasada, se ha producido justo cuando el plan genérico para cualquier alojamiento turístico (PEUAT) —no solo apartamentos, sino también hoteles—, está en periodo de exposición. Por eso, los grupos consideran que la medida de urgencia que quería aprobar el Ayuntamiento es una forma encubierta de aprobar parte del PEUAT, sobre el que aún no han tomado una decisión final. Todos se veían en la tesitura de votar una medida que no les gusta, porque la consideran restrictiva, pero a la vez ser responsables de un aluvión de nuevos pisos turísticos que causaron las revueltas en barrios del centro en 2014 por las quejas de incivismo del turismo de borrachera.

"Aquí hay unanimidad en que lo que están haciendo es una chapuza", ha dicho el portavoz de CiU, Jordi Martí que ha pedido varios informes jurídicos sobre la medida antes del pleno. El PP ha ido más lejos y ha pedido al Gobierno que retire el plan. "Lo que se somete hoy a votación puede ser la aprobación del PEUAT por la puerta de atrás", ha dicho el portavoz Javier Mulleras. "Esto es una chapuza jurídica. Nos han conducido a un callejón sin salida: o apoyar una ley que no nos gusta o por otro lado hacernos responsables del descontrol de los pisos turísticos", ha añadido el portavoz de Ciutadans, Koldo Blanco. ERC, también se ha movido en la misma línea: "El Gobierno son ustedes, no nos echen la culpa. Hemos visto que no saben gestionar. Crean incendios donde no debe haber y van por libres", ha espetado el portavoz Jordi Coronas. La CUP, en cambio, ha hecho una crítica general a la política turística por falta de ambición: "No se hace una fotografía general de la situación", ha explicado Maria José Lecha.

El PSC ha sido el grupo que se ha mostrado más comprensivo con el Gobierno de Colau. "Estamos viendo al Gobierno actuando atropellado, pero no lo hacemos responsable porque la regulación de los pisos turísticos viene del Ejecutivo anterior", ha dicho Daniel Mòdol. La teniente de alcalde Janet Sanz ha defendido la medida. "Nosotros no desarrollamos la propuesta de prohibir apartamentos turísticos, nos la encontramos. El anterior Gobierno no fue capaz de aprobar un plan general. Nos critican aquí la utilización de moratorias, pero, ¿cuantas utilizó Trias?", se ha preguntado Sanz.

Más allá de la medida en concreto, el debate de fondo ha versado sobre el modelo turístico en general, que tendrán que consensuar los grupos porque el Gobierno no tiene mayoría. El PEUAT que prevé el Consistorio limita la apertura de hoteles en el centro, las envía a los barrios y prohíbe cualquier tipo de apartamento turístico en toda la ciudad. En general los grupos de izquierda van en la misma línea de limitar un sector del que creen que la ciudad depende demasiado, aunque con diferentes matices. CiU, PP y C's rechazan la idea y se posicionan con las empresas del sector, que ven en la política del Ayuntamiento un afán restrictivo. 

En la opinión pública de la ciudad entró en juego las manifestaciones en barrios como la Barceloneta, donde hay más turistas que vecinos, según los informes que maneja el Ayuntamiento. Colau ganó las elecciones, entre otras cosas, prometiendo una racionalización del sector en la ciudad. "Estamos intentando huir de la lógica del anterior Ejecutivo de cuanto más, mejor. Este Gobierno es consciente de que tiene 11 concejales y gobernar, gobierna. Pero sabe que necesita consensos. A partir de aquí, trabajaremos", ha zanjado Sanz.