La UE presiona a la Generalitat por la contaminación de Iberpotash

La Comisión Europea anunció el pasado año un procedimiento de supuesta infracción contra España por incumplimiento de la directiva europea de recursos mineros en la comarca del Bages. La causante sería la descontrolada actividad extractiva de Iberpotash y las inmensas montañas salinas formadas en la comarca por esta empresa de capital israelí tras acumular toneladas de residuos mineros después de años y años de horadar el subsuelo en busca de potasa. Más de un año después el Ejecutivo de la Unión Europea ha requerido más información a la Generalitat al considerar que la actividad de la compañía podría estar vulnerando también la directiva marco del agua, según confirmó a este diario la comisión.

“El análisis realizado por los servicios de la Comisión sobre el plan de gestión del río afectado ofrece indicadores claros de que podría haber una infracción de la directiva marco del agua”, señaló una portavoz de la Comisión Europea. Desde la Generalitat, el secretario de Empresa, Pere Torres, admitió la demanda de información y le restó importancia. “Es un paso más en un procedimiento que es antiguo. Lo estudiaremos y veremos qué respuesta podemos darle”, apuntó a través de una portavoz. La Generalitat se tendrá que esmerar en la respuesta, ya que, aunque la mayoría de los procedimientos de infracción acaban resolviéndose sin llegar al Tribunal de Luxemburgo, el procedimiento podría culminar en una fuerte multa para España.

La investigación pone más presión sobre la Administración catalana, que se ha situado del lado de Iberpotash en los últimos años y ha considerado sus planes de inversión en Súria y Sallent “un proyecto de país”. Están en juego 450 millones de euros en inversiones en los próximos años, los incluidos en el Plan Phoenix, con el que la filial del gigante israelí ICL prevé crecer en España y vender su producción en toda Europa. Esos planes han puesto en estado de alerta a sus rivales empresariales, que están llevando sus denuncias ante todas las Administraciones, pero también a entidades ecologistas y vecinales que reclaman mayor cuidado del entorno.

Las minas de Súria y Sallent y las ingentes montañas de residuos salinos que han crecido en sus exteriores han estado durante tiempo bajo sospecha de ser las causantes de la alta salinización que sufren las aguas del río Llobregat. Su magnitud, una deficiente impermeabilización y el estado de la canalización que recoge las salmueras habrían acabado provocando que los residuos se filtraran en el suelo, llegaran al subsuelo y, como denuncian vecinos, inhabilitado antiguas fuentes que se reparten por la zona.

Un documento con el membrete de la Agencia Catalana del Agua elaborado en 2009 cifraba en unos 300 millones de euros el coste de las inversiones realizadas para restañar los efectos producidos el impacto de la actividad minera en las aguas superficiales y subterráneas del Bages, si bien la Generalitat siempre ha defendido que ese documento incluía medidas creadas para otros impactos ambientales, aunque planea ahora construir un nuevo colector de salmueras con mayor capacidad y más eficiente que el actual, que en algunas zonas sufre pérdidas a causa de la corrosión de la canalización. Iberpotash, por su parte, defiende que parte de la salinización de las aguas del Llobregat está motivada a las propias características minerales del subsuelo.

La falta de un plan de restauración adecuado para esas montañas blanquecinas sin vegetación ha supuesto un reguero de sentencias judiciales contrarias a las posiciones de Iberpotash y de la Generalitat. En la última, de hace apenas una semana, el Tribunal Supremo anulaba la autorización ambiental que permitía a la compañía seguir vertiendo residuos salinos en El Cogulló, una mole de 500 metros de altura que ha ido creciendo con los residuos salinos generados por la extracción de la potasa. La ejecución de la sentencia supondría poner fin a la actividad minera en la mina de Vilafruns, en Sallent. Depende de la presión que ejerzan los denunciantes, la Asociación de Vecinos del Barrio de La Rampinya de la población.

Montaña de residuos

En los últimos años, acosados por los fallos judiciales, la Generalitat ha requerido y aprobado las diferentes autorizaciones medioambientales y urbanísticas que Iberpotash necesitaba para mantener su actividad. Entre otras, ha permitido a la compañía minera que siga depositando residuos en El Cogulló hasta 2017. Esa fecha entra dentro de los márgenes de calendario de Iberpotash, que prevé cerrar el tajo de Vilafruns a finales del próximo año. Entonces centrará todos sus esfuerzos en Cabanasses, de donde prevé nutrirse de toda la potasa que demanda su plan de crecimiento: en torno a 1,4 millones de toneladas anuales. La concentración de la actividad permitirá rebajar los costes fijos de producción”, según recoge el informe anual de 2014 de la matriz de Iberpotash, ICL.

Esos planes tienen una derivada a la que se aferra la compañía para reducir el impacto medioambiental. Lo que ahora son residuos pasarían a convertirse en recurso, porque planea construir dos plantas de procesado para convertir el material amontonado en las tres grandes montañas en sal vacuum, de uso industrial. En julio alcanzó un acuerdo con el grupo Akzo Nobel con el que prevé fabricar 1,5 toneladas de esa materia prima para la industria química.

La Comisión Europea deberá decidir si la Generalitat e Iberpotash están tomando las medidas necesarias para resolver los problemas medioambientales vinculados a la minería del Bages.

Tras la segunda carta de emplazamiento y la respuesta por parte de las Administraciones estatal y autonómica, el ejecutivo comunitario debe decidir si archiva el caso u opta por un dictamen motivado, que sería la última opción para resolver el incumplimiento de la directiva comunitaria. A partir de ahí ya se entraría en la vía contenciosa: el Tribunal de Luxemburgo decidiría si impone multa o cierra el caso sin consecuencias.