El PP agita el debate de los “falsos” registros de inmigrantes en el padrón

Ibrahím —pide llamarle así— es marroquí, acude a la sede de SOS Racismo Álava, en la calle Zapatería, 15 de Vitoria, porque varios paisanos le han asegurado que “allí te van a ayudar a tener papeles”. Necesita “acompañamiento” para ir al Ayuntamiento y regularizar su situación. No es un caso ficticio. Se repite de continuo en la sede la ONG, acusada esta semana por el diputado general de Álava, Javier de Andrés, del PP, de “saquear las arcas públicas” y cometer “fraude social”. Se refería a los “empadronamientos ficticios” que esta asociación de ayuda social reconoce tramitar por decenas en esta ciudad y cuya legalidad “está fuera de toda duda”, dice su responsable, Fede García.

El empadronamiento, real o ficticio, es “obligatorio” en España para adquirir la condición de vecino y asumir todos los “derechos y deberes” inherentes a un ciudadano. SOS Racismo Álava ha registrado “cientos” de altas en el padrón de Vitoria desde hace más de una década. “El alcalde [Javier Maroto] está enterado de esto. ¿Por qué no lo ha denunciado? Ningún partido político del Ayuntamiento ha puesto una pega”, explica García.

Cuando una persona extranjera quiere empadronarse sin tener un domicilio, SOS Racismo le auxilia y le facilita la sede de la asociación como lugar de residencia “hasta que encuentre una vivienda”. El inmigrante rellena un formulario de tres folios donde hace constar su identidad y solicita el “alta en el padrón”, haciendo constar que es su intención “seguir buscando por todos los medios una solución adecuada” a su falta de un lugar donde residir “de manera normalizada al carecer de medios económicos”. “Declaro de manera voluntaria —firma el interesado— que mientras esto no sea posible se me empadrone en la dirección: calle Zapatería, 15-bajo de Vitoria”.

La solicitud se sella en el Servicio de Empadronamiento y en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, y se entrega copia a todos los grupos políticos municipales. Así se hace con Ibrahím y otros muchos extranjeros en idéntica situación. Es lo que se denomina “empadronamiento ficticio”, una fórmula “legal”, asegura García, muy usual en Álava, aunque SOS Racismo no lleva a cabo en Bizkaia ni Gipuzkoa. El empadronamiento ficticio fue defendido Cáritas a nivel nacional para dar una solución a las personas sin hogar.

Una funcionaria del consistorio vitoriano confirma que el empadronamiento ficticio, criticado ahora por De Andrés como un resquicio para que los inmigrantes se aprovechen de las ayudas sociales, es una práctica habitual, aunque precisa lo siguiente: “Se puede hacer así, pero la ley fija que son los servicios sociales municipales los que deben proponer el domicilio ficticio”. Este empleado público de Vitoria se refiere al artículo 54.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales: “La inscripción en el padrón municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el mismo sólo se podrá llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales competentes en el ámbito geográfico donde esa persona resida”.

El Ayuntamiento de Vitoria realiza “inspecciones” rutinarias para chequear si los extranjeros están localizables en el domicilio provisional. Si se comprueba que no han renovado su padrón, les da de baja por decreto. Así ocurre desde la época en que Alfonso Alonso, hoy portavoz del PP en el Congreso, era alcalde. En 2003 borró del censo a cientos de inmigrantes que habían sido dados de alta por su antecesor, el nacionalista José Ángel Cuerda, lo que generó una fuerte polémica que acabó incluso en los tribunales. Lo han repetido sus sucesores, el socialista Patxi Lazcoz y Maroto. En 2011 se dieron de baja en el padrón a 1.300 personas de golpe. En 2012, a otros 1.500. Y el año pasado, a cerca de un millar.

“Esta oleada de bajas se va a repetir ahora”, pronostica el responsable de SOS Racismo Álava, quien prepara una querella por calumnias contra Maroto y De Andrés si antes de 15 días no se retractan de su “empeño por criminalizar a los inmigrantes”. Emplaza a ambos a “presentar una denuncia si lo que hace la ONG es un delito”. Y a la pregunta de si empadronaría a un extranjero en su domicilio particular, García dice tajante: “He empadronado, empadrono y empadronaré. Con todas las consecuencias. A chilenos, rumanos, marroquíes...”.