Autónomos versus presión fiscal

Siendo autónomo se podría dar el siguiente supuesto: facturar en un mes 600 euros, pagar de cuota mensual a la Seguridad Social 314,41, abonar a una gestoría unos 60 euros y gastar como mínimo unos 300 euros de gasolina, seguros, luz, teléfono... (sin IVA). Resultado: menos 74,41 euros. Un cálculo realizado sin contar con un 21% de IRPF que podría ser devuelto pero que supondría un gasto al mes de otros 126 euros. “Y si ya tuviese un alquiler, muchísimo peor. Veo constantemente a los autónomos darse de baja, llega un momento en el que es imposible competir con la presión fiscal o la economía sumergida y terminan abandonando. También los hay que, aún de baja, siguen pagando a sus asalariados y proveedores con sus propios bienes”, cuenta Rosario Pavón, autónoma y gerente de una gestoría en el Viso del Alcor (Sevilla).

Este enero, Andalucía registró una caída de 1.232 trabajadores autónomos, aunque la región fue líder nacional en crecimiento de autónomos en 2013 con un 2,4% de media sobre el 1% del resto del país. La comunidad cerró 2013 con 470.883 autónomos, una figura laboral que en Andalucía se enmarca en la economía social. Esta bajada se achaca al incremento de la economía sumergida y a la nueva subida de cotizaciones del pasado enero. Tras esa medida, esta semana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto otras novedades fiscales, entre las que están la tarifa plana de 100 euros para contratos indefinidos o eximir del IRPF a salarios de menos de 12.000 euros. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cree que los autónomos difícilmente podrán beneficiarse de ellas y que están pensadas para grandes empresas. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) las consideran positivas, pero las toman con cautela.

Ambos colectivos sí unifican su discurso para solicitar al Gobierno que los autónomos coticen a la Seguridad Social en función de sus ingresos. Pero esta medida tendrá que esperar. La semana pasada se rechazó —con los votos del PP— la creación de una subcomisión para reformar el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. “Ya hemos tomado otras medidas para favorecer a los autónomos como el pago a proveedores, las bonificaciones, el IVA de caja o la reciente tarifa plana. Se está apostando por ayudarles”, defienden fuentes del Ministerio de Hacienda.

El dinero negro supone en la región el 29,2% de su PIB, 40.5000 millones

“Desde ATA apostamos por un régimen de cotización solidario, que se tribute por los rendimientos netos. Desde luego, la presión fiscal que acarrea la subida de cotizaciones de enero, que oscila del 2% al 22%, provoca que la recuperación sea más lenta. Un tercio de autónomos andaluces lo está pasando muy mal”, estima el presidente de ATA en Andalucía, Rafael Amor. A esto se le suma la bajada del consumo, la subida de impuestos, la alta morosidad y la falta de crédito, según se ve reflejado en el Barómetro de opinión de los autónomos andaluces de 2013 y las expectativas para 2014 realizado por ATA.

La secretaria general de UPTA en Andalucía, Inés Mazuela, defiende la misma propuesta. “Nos sentimos recaudadores. Hay algunos que ni siquiera facturan nada en un mes y tienen que hacer frente a los pagos. Hay que encontrar la manera para que dentro de la legalidad haya rentabilidad para el trabajador”.

Según el informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis, publicado recientemente por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Getsha, la economía sumergida supondría en Andalucía un 29,2% de su PIB en 2012, unos 40.500 millones de euros ocultos. La media española es del 24,6%.

Según se desprende de este estudio, el dinero negro aumentó de media en España unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. “Algunos de los factores podrían ser el desempleo o la subida de impuestos”, apunta Carlos Cruzado, presidente de Getsha. “Se estima que el perfil de las personas que fomentan la economía sumergida podría responder a desempleados de más de 50 años o de larga duración”, añade Cruzado. “O los autónomos que pueden tender a no declarar todos los ingresos. Aunque el porcentaje mayor de fraude proviene de las grandes empresas”, aclara Cruzado, que también propone una reflexión sobre los controles fiscales. “Hay países con una presión más alta y con menos economía sumergida, aunque el control se gestiona de forma diferente”, reconoce.

Respecto a los controles fiscales, los autónomos también aúnan sus voces. “Las inspecciones son permanentes, es una persecución al más pequeño. Me parece bien que se hagan, pero siempre que sea en igualdad con el desarrollo de herramientas paralelas para erradicar la economía sumergida”, considera Pavón. Rafael Amor propone dos cuestiones para acabar con la economía sumergida. “Una es la unidad política para detectar infracciones legales en el ámbito local y otra es la conciencia ciudadana”, cree.