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Una familia pide a Wert gastos por no tener oferta educativa en valenciano

Los padres costean un centro concertado en otra población al no haber opción en Xirivella

Participantes en una campaña por la enseñanza en valenciano en Sant Mateu.
Participantes en una campaña por la enseñanza en valenciano en Sant Mateu.

Una familia de la localidad de Xirivella (Valencia) ha presentado una solicitud en el Ministerio de Educación en la que reclama a su titular, José Ignacio Wert, ser "indemnizado económicamente por los daños  causados" por "no garantizar el Estado español y sus distintas administraciones" el derecho de una niña "a ser escolarizada en su lengua". Esos daños económicos ascienden a una cantidad de 17.000 euros en concepto de gastos generados por llevar a la niña a un centro concertado de otra población, según  ha informado este lunes  Escola Valenciana. La petición, realizada a través de los servicios jurídicos de la Oficina de Derechos Lingüísticos de esta entidad, esgrime como argumento de base la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).  

A diferencia de lo que sucede en Cataluña con la lengua vehicular de la enseñanza, las críticas y quejas ante la Generalitat Valenciana siempre han procedido de familias que quieren escolarizar a sus hijos en valenciano y no pueden. Es mayoría la población escolar que estudia en castellano, especialmente en las grandes capitales.

Quien más lejos ha llegado en esa aspiración es un ciudadano de la localidad de Xirivella (Valencia) que ha iniciado el procedimiento administrativo para ser resarcido por las administraciones públicas de los gastos generados por la escolarización de su hija en un centro concertado de un municipio, Picassent, que dista 15 kilómetros de su domicilio. Los daños a los que hace referencia el escrito, remitido al ministerio el pasado viernes, son los correspondientes a los 360 euros mensuales gastados, a lo largo de tres cursos completos más el actual, en el colegio Les Carolines de Picassent.

El padre recurrente, que prefiere mantener por ahora el anonimato, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia declaró nula la resolución de la Administración autonómica denegando en 2010 la implantación del Programa de Inmersión Lingüística en el colegio público Ramón y Cajal de Xirivella, donde la niña estaba entonces escolarizada. Aquella denegación de la Consejería de Educación que dirigía entonces Alejandro Font de Mora —conocido por el intento de implantar Educación para la Ciudadanía en inglés— “impidió que una veintena de familias escolarizaran en valenciano a sus hijas e hijas, siendo esta su elección”. La solicitud del cambio a programa educativo en valenciano procedía de la dirección del centro y estaba respaldada por acuerdo del claustro y del consejo escolar. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estimó el recurso y reconoció “como situación jurídica individualizada el derecho de los recurrentes” a la “aplicación del programa de inmersión lingüística solicitado para el colegio Ramón y Cajal de Xirivella”.

Mismo trato que en castellano

j. m. j.

El padre que reclama al ministro de Educación el reembolso del dinero gastado en un colegio concertado para que su hija estudiara en valenciano pide se le aplique “por analogía” y en cumplimiento del principio de igualdad la disposición de la LOMCE que se refiere a “la forma de llevar a cabo la repercusión a las Comunidades Autónomas” de los gastos de escolarización del alumnado “en centros privados en los que exista oferta de enseñanza en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular”. Es decir, que donde dice castellano se entienda valenciano y “el importe de los gastos de escolarización en centros privados asumidos por el Ministerio” por cuenta de las autonomías, se aplique a una plaza en valenciano.

Con anterioridad, el alto tribunal había dado la razón también a otras familias en dos reclamaciones similares precedentes, respaldadas por las respectivas comunidades educativas, en el caso los  colegios Rei En Jaume, también de Xirivella, y Sant Cristófor Màrtir de Picassent, este último concertado. Los tres casos han sido gestionados por los servicios jurídicos de Escola Valenciana, una influyente plataforma cívica que aglutina numerosas asociaciones que defienden la enseñanza en valenciano.

La entidad cívica calcula los gastos generados por la escolarización de la niña que estudiaba en el colegio Ramón y Cajal en unos 17.000 euros. En su escrito al ministro de Educación, el padre exige le sean aplicados los derechos contenidos en la disposición final tercera de la LOMCE, tanto en la indemnización económica por los daños causados como en los “gastos futuros que se creen”. Exige, asimismo, que “proceda a la retención frente a la Consejería (de Educación) de dichos gastos que asuma el ministerio en el futuro”.

Desde la Consejería de Educación, por el contrario, aseguran haber cumplido la sentencia al haber autorizado un nuevo programa de enseñanza plurilingüe en valenciano que comienza a impartirse desde tres años y que, progresivamente, año a año, abarcará toda la línea de Infantil y Primaria. Además, aseguran que en este momento el municipio de Xirivella dispone de suficiente oferta en valenciano para la demanda existente.