Los sindicatos culpan al Superior de crear inestabilidad laboral en el Metal

El sector del Metal de Gipuzkoa sigue convulso y desconcertado. Los sindicatos han hecho sonar la voz de alarma por “la gran inseguridad jurídica y absoluta inestabilidad laboral”, en palabras del responsable jurídico de la Federación de Metal de UGT, Tximi López, que se ha generado tras el último fallo del Tribunal Superior vasco. La sentencia desestima la demanda presentada por UGT, ELA, CC OO y LAB contra Adegi y la Federación de Empresarios del Metal de Gipuzkoa por no mantener el convenio provincial de este sector y aplicar el fin de la ultraactividad [prórroga automática del convenio].

El responsable del Metal de LAB, Jon Ander Goñi, ha manifestado que la Sala de lo Social “se lava las manos” y crea “una situación de gran inseguridad jurídica”. CC OO también ha alertado de que el Superior “abandona a su suerte” a los metalúrgicos de Gipuzkoa. Las centrales van a presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la citada sentencia. Lo fundamentarán, precisamente, en los argumentos que esgrime la presidenta de la Sala de lo Social, Garbiñe Biurrun, en su voto particular al fallo, 20 folios muy críticos con las tesis de los otros dos integrantes del tribunal.

El abogado de UGT en este caso sostiene que la resolución del Superior referida al convenio de Gipuzkoa choca con otras dos sentencias dictadas por la misma Sala de lo Social el pasado 26 de noviembre, como recoge Biurrun en su voto. En ambos casos, el tribunal se decanta por “el mantenimiento de la ultraactividad del convenio en su día decaído y en contra de la reforma laboral”, afirma López.

El recurso se fundamentará en los  argumentos del voto particular al fallo de la presidenta de la Sala de lo Social

En otro procedimiento resuelto a finales de noviembre pasado, un Juzgado de lo Social de Bilbao declaró vigente el convenio del Metal de Bizkaia de 2003. Sin embargo, ante la demanda de los sindicatos contra la decisión de la patronal guipuzcoana Adegi y la Federación de Empresarios del Metal en esta provincia, el mismo tribunal “adopta el criterio contrario sin entrar al fondo del asunto”. Ante “hechos y supuestos idénticos”, opina López, los jueces evitan pronunciarse sobre la vigencia o no del convenio, pero rechazan la demanda por “falta de acción” —los sindicatos no están legitimados para interponerla—, “falta de legitimación pasiva” de las demandadas —Adegi y la federación no pueden ser sujetos de la demanda— e “inadecuación del procedimiento” —no hay ningún hecho concreto denunciado en una empresa o un trabajador—.

Los sindicatos sostienen que la última decisión del Superior, en sentido contrario a otras adoptadas por tribunales superiores de otras comunidades que en supuestos similares “dan la razón a los trabajadores”, según el representante de UGT, “traslada todo el problema a las empresas y evita dar una solución global” al conflicto sobre la aplicación del convenio del Metal.

El Tribunal Superior “entiende que cuando en cada empresa se dé una situación concreta, entonces se presente la correspondiente demanda. Pero entonces no lo verá la Sala de lo Social [del Superior], sino el juzgado de lo Social correspondiente”, asegura López. Y añade: “Biurrun considera que ha habido una dejación de las funciones que establece la ley para este tribunal, porque no ha resuelto el caso, sino que deriva el problema a cada empresa”. Goñi  ha criticado que la “desregulación laboral” se manifiesta en que en las nuevas contrataciones “no se aplica el convenio provincial” para “bajar salarios y aumentar jornadas”.