Democracia recortada

La voracidad de la derecha no tiene límites. Sobre todo una derecha tan poderosa como la que en estos momentos gobierna el país.

Sí, claro, buena parte de ese poder le viene del voto libre y democrático de 10,8 millones de españoles que le dio el control del Congreso y el Senado, de 11 de las 17 autonomías, así como de la mayoría de las alcaldías y de las diputaciones. Un poder que está utilizando para copar partidariamente todos los organismos de control.

Con esa mayoría aplastante pretende modificar el diseño del Estado surgido tras el difícil pacto de la transición. Pone como excusas la crisis y las presiones de Bruselas. En realidad, está aplicando su programa oculto: menos Estado, y más empresa privada.

Uno a uno, los baluartes del Estado del bienestar van siendo anulados (dependencia) o debilitados para privatizarlos (sanidad, educación). Ahora le llega el turno al Estado autonómico.

Esgrimen como coartada la necesaria reforma de las Administraciones públicas. Nos bombardean de nuevo con la cantinela de las duplicidades y el despilfarro. Pero camuflado en el tedioso informe de 253 páginas sobre la Reforma de las Administraciones Públicas, se oculta la verdadera intención de esta derecha retrógrada: desnaturalizar el Estado autonómico. Un Estado en el que nunca creyeron y que aceptaron a regañadientes. Por eso Andalucía ha castigado electoralmente al PP durante tres décadas, impidiéndole llegar a la presidencia de la Junta.

¿Quién se opone a que el semental Limpid, de la yeguada militar de Lore-Toki (San Sebastián) quede huérfano porque desaparece el organismo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas? ¿O que desaparece el Centro Nacional del Vidrio? ¿O la sociedad de Estiba y Desestiba de La Gomera?

Pero no nos engañan. El largo listado de organismos a extinguir o fusionar esconde la chicha de la reforma: menos controles públicos. Fuera defensores del pueblo, fuera tribunales de cuentas, fuera diputados autonómicos, fuera concejales. Y cuantos menos controles fiscalizadores del poder, menor calidad democrática.

Dicen que todo eso es caro. Ya lo sabíamos. Quienes sufrimos la dictadura, ya sabíamos que la democracia es más cara. Pero es mejor. Defiende y conserva mejor que cualquier otro sistema los derechos de la ciudadanía.

Lo más irritante es ver que quien nos propone este adelgazamiento del Estado, “quitarle grasa”, dicen los dirigentes del PP, la última la andaluza Ana Corredera, es precisamente un partido que ha pagado sobresueldos millonarios a sus dirigentes, con dinero de dudosa procedencia. Lo cabreante es ver cómo Dolores de Cospedal, la política mejor pagada de España en su día, elimina el sueldo de los diputados y reduce su número a la mitad en su comunidad.

Indigna comprobar que el presupuesto del Parlamento andaluz, que quieren ver reducido a su mínima expresión, es de 44.685.275 euros, una cantidad menor que los 47 millones que se ha embolsado, por lo que sabemos hasta hoy, el que fuera poderoso tesorero del PP, Luis Bárcenas, el compañero de pádel de Javier Arenas en la soleada Marbella.

Desatino, poda autonómica, limitación y recorte de la democracia, han sido las primeras expresiones del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas. Quien recuerda que algunas de las instituciones que Rajoy quiere eliminar (Defensor, Tribunal de Cuentas, Consejo Audiovisual) están contempladas en el Estatuto y, por tanto, son inatacables.

También en otros territorios bajo control popular se han escuchado voces disconformes. Por ejemplo, el defensor del pueblo de Aragón, Fernando García Vicente, afirma que “se elimina aquello que molesta al poder”. Coincidimos con este defensor: si molesta, mayor razón para mantenerlo. Porque no queremos una democracia recortada.

@JRomanOrozco