El Gobierno otorga la subvención máxima a la mina de oro de Cabana

La Xunta apura los trámites porque considera la mina un “proyecto industrial estratégico”, y el Gobierno central alimenta los planes de la multinacional canadiense con la subvención tope concedida en España a la actividad minera. El aurífero de la parroquia de Corcoesto, una explotación pendiente de licencia operativa que tiene en pie de guerra a los ecologistas y a varias asociaciones vecinales, recibió en los dos últimos ejercicios 350.000 euros del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El Boletín Oficial del Estado publicó en marzo de 2012 una inyección (aprobada en 2011) de 200.000 euros para el proyecto que afecta a tres municipios de Bergantiños, sobre todo al de Cabana, y el jueves pasado recogió la nueva cantidad concedida (aprobada en 2012), esta vez 150.000. En las dos ocasiones, la mina de oro gallega logró la cuantía máxima, siempre para actividades previas: “Investigación complementaria para la definición de nuevos recursos económicos, realización de pruebas metalúrgicas y estudio de previabilidad”, rezaba la primera vez el documento oficial; e “investigación complementaria para la definición de nuevas reservas mineras, y realización de estudios adicionales de hidrogeología y geotecnia”, especificaba el BOE del jueves. Las beneficiarias de las subvenciones al yacimiento fueron Río Narcea Gold Mines, SL, y Mineira de Corcoesto, SL, sucesivas propietarias de los derechos mineros de Corcoesto. Ambas firmas son filiales de compañías de Canadá, la actual potencia minera del planeta, un imperio sostenido por fondos de inversión. Según se puede comprobar en la publicación del Estado, ninguna empresa del sector ubicada en Galicia y de capital gallego (la mayoría pizarreras o graniteras, pero también alguna mina de wolframio) obtuvo ayudas comparables. La inmensa mayoría de las que aparecen en el listado fueron subvencionadas con cantidades entre 9.000 y 14.000 euros.

Salvemos Cabana, uno de los cinco colectivos contrarios a la mina de oro que se han organizado en los últimos meses (y que la semana pasada pidió ayuda al embajador de Canadá), difundió ayer un comunicado de reacción a estas ayudas. “Resulta difícil de comprender cómo en un momento en el que se están cerrando centros de salud, ahogando la educación pública y centenares de personas viven a diario el drama de los desahucios pueden concederse semejantes privilegios a una empresa canadiense”, argumentaba la nota. Se trata, seguía, de “un proyecto inviable a todas luces y que puede causar graves impactos ambientales, económicos y sociales en Bergantiños y la Costa da Morte”, en especial “cuando finalice la explotación del recurso aurífero”, un plazo que se estima de una década.

“Nos preguntamos”, continuaba el escrito, “cuál sería el resultado si esas millonarias subvenciones fueran utilizadas para fomentar el sector primario en nuestra comarca y el desarrollo de un turismo sostenible”. La nota de prensa de Salvemos Cabana concluía pidiendo un cambio legislativo “urgente”, ya que las normas que sostienen en España el fomento de la minería datan de 1973 y 1977, “son preconstitucionales y para nada reflejan la situación actual”.

Mientras aguarda la licencia definitiva de la Consellería de Industria, y ya con el trámite ambiental superado, Mineira de Corcoesto, la cara gallega de Edgewater Exploration, selecciona personal en las zonas tocadas por la explotación: Cabana, Coristanco y Ponteceso. “Tenemos que estar preparados para empezar en cuando se pueda”, justifican fuentes de la compañía. Edgewater organiza charlas explicativas para dar su versión del proyecto al tiempo que los colectivos contrarios (el último, este fin de semana, la Sociedade Galega de Historia Natural) celebran las suyas advirtiendo de los riesgos del uso de cianuro para lavar el mineral, de la liberación de arsénico de la roca y del peligro de las balsas de residuos que, cuando todo se acabe, quedarán para siempre.