El Gobierno vasco ve difícil que el Constitucional bloquee su paga extra

El culebrón de la paga extra de Navidad para los 70.000 funcionarios vascos está entrando en las horas definitivas. El pleno del Tribunal Constitucional, que comienza hoy y se prolonga hasta el jueves, estudiará el recurso del Gobierno central en el que se pide la suspensión de la paga, apelando al real decreto de julio en el que Mariano Rajoy eliminaba ese emolumento para todos los funcionarios españoles.

El Gobierno vasco, sin embargo, ya ha dado la orden de pago para los 70.000 empleados públicos, aunque todavía quedan algunos trámites informáticos antes de que el dinero llegue a sus bolsillos. El lehendakari Patxi López lo aseguró ayer: “Ya se ha dado la orden de pago”, y ahora falta que se resuelvan unos trámites, apuntilló. Trámites que, según aclaró en Radio Euskadi, se pueden resolver de forma satisfactoria en las próximas horas. Sus informes jurídicos avalan el pago de la extra.

Es decir, que los funcionarios vascos la cobren o no va a depender de la velocidad a la que se ejecuten dos acciones contrapuestas. Por una parte, la del Constitucional, que, en caso de admitir a trámite el recurso, daría lugar a la suspensión de la paga a partir del momento en que el Gobierno de Vitoria recibiera la comunicación. Y por otra parte, va a depender de la rapidez con la que se dé trámite informático a las decenas de tipos diferentes de nóminas que hay en la Administración vasca, dependiendo de departamentos y de tipos de personal y categorías.

Si esos ficheros se generan antes de que el tribunal admita a trámite el recurso —dando por hecho que lo va a hacer, pese a que no hay un hecho administrativo ni acuerdo de gobierno impugnable—, los funcionarios cobrarán. Así las cosas, la idea general en el Ejecutivo vasco es que va a ser muy difícil revertir el proceso. “El pago de la extra creemos que no tiene marcha atrás”, coinciden varias fuentes, aunque oficialmente nadie lo garantiza. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, se sumó la pasada semana a esa tesis: “Si se ha dado la orden de pago, el Constitucional no tendrá nada que hacer”, dijo.