Botella recorta al máximo el gasto en servicios y sube los impuestos

De un tiempo a esta parte, los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid se presentan cada año con un eslogan que pareciera más bien un aviso a navegantes. En 2011, Alberto Ruiz-Gallardón (PP) posó bajo un cartelón que, amén de las cifras principales de las cuentas, leía: Con rumbo definido. Unos meses después, cumplía su anhelo de marchar a La Moncloa como ministro. Hoy, su sustituta desde diciembre en la Alcaldía, Ana Botella (PP), ha presentado sus primeros presupuestos, marcados por la más estricta austeridad y con una frase a modo de encabezamiento: Garantía de futuro. Justo cuando más cuestionada está su gestión por la tragedia del Madrid Arena, la regidora ha detallado unas cuentas que incluyen subidas de impuestos y tasas, y un recorte de gasto en servicios del 9,6% que también afecta, pese a haber prometido lo contrario, a los servicios sociales y a las políticas contra el paro.

>> Vigilados muy de cerca por el Gobierno. Pese a no estar intervenido, el Ayuntamiento de Madrid, como todos los municipios, está vigilado por y sometido al Ministerio de Hacienda. De hecho, los presupuestos presentados hoy no son sino una continuación del plan de ajuste validado por el Gobierno central en primavera. La principal preocupación de unos y otros es que los gastos no superen los ingresos. Ambas cifras coinciden, pues: 4.301 millones de euros. Para imprevistos hay un fondo de 24,6 millones, testimonial y sin demasiada utilidad práctica, ya que todos los reveses (judiciales o contables) sufridos este año superaban individualmente esta cantidad.

El principal cortafuegos contra el déficit es el cambio a un criterio de caja, que permite al Ayuntamiento apuntar como ingresos solo aquellos que tiene la certeza de conseguir. Es decir, tal y como ha ejemplificado la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, no ha podido cuadrar las cuentas, como hizo Gallardón en años anteriores, con la previsión de venta de las acciones del Canal de Isabel II o de inmuebles. Intentará colocar edificios, sí, pero visto que sacó a subasta siete y solo logró adjudicar uno y a un precio muy inferior al previsto, no cuenta con esos ingresos, que, si llegan, servirán también para corregir desviaciones.

>> Gallardón, un lastre de 6.000 millones. El Ayuntamiento lleva tres o cuatro planes de ajuste en el último año. Los presupuestos presentados hoy son uno más. Ya no se trata de evitar o negar los recortes: ahora el objetivo es “mantener” los servicios municipales, es decir, evitar que la falta de dinero lleve a cancelar prestaciones a los madrileños. El origen fundamental de esta precariedad es la abultada deuda con los bancos que dejó Gallardón a cuenta de las inversiones de su mandato (el soterramiento de la M-30 bajo el parque de Madrid Río, el Palacio de Cibeles, la Caja Mágica, etcétera). Y las facturas que dejó sin pagar a los proveedores, 1.017 millones de euros que el Gobierno central obligó a pagar en primavera de una tacada, engordando así aún más la deuda financiera.

El Ayuntamiento deberá amortizar 730 millones de euros de deuda este año, un 11%, y aún le quedarán 5.910 millones pendientes; en 2012 ha pagado 726 más. Tiene recibos pendientes hasta más allá de 2022, pero los peores años son este y el que viene. Gallardón intentó hasta el final que el Gobierno le permitiera refinanciar esa deuda, de forma que los pagos anuales fueran menores. No lo consiguió, y Botella ni siquiera ha insistido. Su objetivo es pagar cuanto antes para que “los que vengan después de nosotros” tengan margen de maniobra. Esa frase no implica que no se quiera presentar a las elecciones de 2015; es que, aunque las ganara y gobernara cuatro años más, en 2019 el Ayuntamiento aún carecería de dinero y seguiría sometido a un fuerte plan de ajuste. Al menos hasta 2022, es decir, casi otra legislatura más, se tardaría en pagar la deuda heredada de Gallardón.

Respecto a las facturas pendientes, pese a tener que abonar más de 1.000 millones, el Ayuntamiento sigue sin estar al día. Antes pagaba con 11 meses de retraso; ahora, con seis. Pretende que sean tres a final de 2013, y solo uno en 2014, ajustándose así al fin a lo que marca la ley. En total, ya arrastra otra vez una deuda de 473 millones de euros a sus proveedores, pese a que ponerse al día en sus pagos es precisamente la razón esgrimida para explicar la reducción de servicios que sufrirán el año que viene los madrileños.

>> Objetivo: la supervivencia. “Los presupuestos nos permitirán mantener los servicios esenciales que hacen que la ciudad funcione”. Y poco más. Las cuentas, tachadas de “realistas” por su responsable, prevén un gasto de 4.301 millones, un 7,6% menos que en 2012, porcentaje que se eleva al 9,2% si se tienen en cuenta solo los bienes y servicios para los madrileños. Estas comparaciones se hacen sobre el presupuesto inicial de 2012, sin contar todos los planes de ajuste posteriores. Si hubiera que comparar con el gasto total después de esos recortes, las cuentas para 2013 aún suponen un tijeretazo adicional del 3,9%. Desde 2008, es decir, en los últimos seis años, el Ayuntamiento ha reducido un 29%, casi un tercio, sus gastos de funcionamiento.

>> Más recortes en gastos de personal. Esta partida cae un 5%, y acumula una rebaja del 11,5% en los últimos seis años. Botella asegura que no habrá despidos en el Ayuntamiento, pero supedita el empleo en las empresas públicas al plan de ajuste que tiene pendiente aprobar desde septiembre, y que podría llevar a algunas de ellas a desaparecer o fusionarse. La reducción de gasto se explica así por la amortización de 322 puestos de trabajo, que quedaron vacantes por jubilaciones o traslados y no se han suplido.

Desde 2009 son ya 2.164 los puestos amortizados sobre una plantilla 29.500 empleados públicos. De ellos, cerca de 4.000 son personal laboral, y podrían ser despedidos en los próximos meses con una indemnización de 20 días por año trabajo y un límite de 12 mensualidades. El resto ha sufrido un doble recorte de sueldo, por parte del Gobierno central, que ha eliminado la paga de Navidad, y del Ayuntamiento, que redujo en primavera el pago de horas extra y las prestaciones sociales. Esto, unido al incremento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas y la pérdida de días libres, provocó una oleada de protestas sindicales bautizada como marea negra.

>> Menos servicios, más pago de intereses. El gasto en bienes y servicios para los madrileños se reduce un 10,3%, y ha mermado ya casi una cuarta parte desde 2008. El Ayuntamiento insiste en que están “garantizados”, y que el ahorro proviene de medidas administrativas y no incidirá en los ciudadanos. Sin embargo, desaparecen 182 millones de un plumazo solo en los servicios que presta directamente el Ayuntamiento. A esta cifra hay que sumar 19 millones más que dejan de recibir las empresas municipales (un 8% menos) para políticas como, por ejemplo, la lucha contra el desempleo. O el 21% de rebaja en transferencias de capital, de 48 a 39 millones, al haberse paralizado la construcción de viviendas protegidas en la ciudad.

Las inversiones en infraestructuras (modernización de mercados, peatonalización de calles, museos y teatros, carriles bici, etcétera) cae aún más, un 44,6%, hasta los 124 millones. En 2008 eran más de 800 millones; el año pasado, Gallardón aseguró que los 266 millones presupuestados para 2012 eran lo mínimo imprescindible para que la ciudad no se cayera a pedazos. Sin embargo, además de paralizarse todas las obras que sean “imprescindibles”, el año que viene habrá casi la mitad de dinero para reparar baches, cambiar bombillas y, en general, evitar eso, que la ciudad se caiga a pedazos.

Lo que sí crece es el dinero destinado a pagar intereses por las facturas que dejó sin pagar Gallardón, un 6,2%, hasta superar los 300 millones de euros, es decir, una quinta parte de lo que se gasta en bienes y servicios para los madrileños. Eso sin contar los ya mencionados 732 millones que habrá que pagar durante el año a los bancos como amortización de la deuda pendiente.

>> Menos ingresos propios, mayor dependencia del Estado. Los ingresos previstos ascienden a 4.301 millones de euros, un 8% menos que el año pasado. Casi la mitad provienen de los impuestos municipales (1.969 millones, un 9,6% más que en 2012), sobre todo por el Impuesto de Bienes Inmuebles (que aumenta un 5,4% hasta los 1.179 millones) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, comúnmente conocido como impuesto de plusvalía (crece un 50%, hasta los 416 millones). Ambas subidas se deben a cambios normativos del Gobierno central, aunque en el caso del IBI se explica también por la actualización del valor catastral de las viviendas aprobado por Gallardón el año pasado.

La recaudación por tasas cae un 23%, de 837 a 641 millones de euros, debido a que estos recibos solo pueden cubrir el precio del servicio (por ejemplo, la recogida de basuras), y los esfuerzos del Ayuntamiento por rebajar estos costes, aun a costa de la calidad, se ven reflejados en las facturas que recibe el ciudadano. La recaudación por tasas de licencias urbanísticas caerá de 13,2 a 4,6 millones por el parón inmobiliario. Subirá la recaudación por la grúa (de 7,7 a 8 millones) y los parquímetros (de 73,5 a 81,9 millones), las piscinas y polideportivos (de 38,9 a 41,4 millones) y las terrazas (de 5,7 a 7,6 millones). Caen los ingresos por multas de circulación (de 175,9 a 118,6 millones). Y se contemplan además 875.000 euros de ingresos por la venta por primera vez de biogas producido en el vertedero de Valdemingómez.

Sube en cambio el dinero transferido por el Estado al Ayuntamiento, en parte porque se ha recaudado más en impuestos de ámbito nacional, pero sobre todo porque se ha mejorado la financiación municipal. Así, este año recibe 1408 millones, casi un 4% más que el anterior. Las operaciones financieras (en este apartado se consignaba la venta de las acciones del Canal, por ejemplo) se reducen un 86%, de 245 a 33 millones de euros. Y los ingresos previstos por venta de edificios caen un 44%, de 145 a 81 millones de euros. Está pendiente, sobre todo, la venta de la antigua sede de Urbanismo, en la calle Guatemala, y del edificio APOT, en el Campo de las Naciones, que será ocupado en régimen de alquiler por los funcionarios de Urbanismo.

>> Suben casi todos los impuestos y tasas. El Gobierno aprobó en primavera una subida, en principio excepcional, del 4% en 2012 y otro 4% en 2013 para el IBI, el principal instrumento recaudador de los municipios. A ello se suma la actualización del valor catastral de las viviendas de la capital, aprobada por Gallardón y que los madrileños sufrirán en forma de subidas del recibo los próximos 10 años. En total, el IBI se encarecerá en 2013 un 7% de media. El Ayuntamiento ha elevado de 60 a 100 euros las bonificaciones para las familias con menos ingresos.

Subirá, también merced a una decisión del Gobierno central, el impuesto de plusvalía, y se incrementarán un 2% el resto de tributos, que Gallardón había prometido mantener congelados hasta que la economía se recuperase. Respecto a las tasas, baja la de basuras, merced a la rebaja del coste del servicio para el Ayuntamiento; baja la tasa de vados, no por voluntad municipal sino por una sentencia del Tribunal Supremo; y suben el resto. A ello se suma el fuerte encarecimiento de servicios como polideportivos, piscinas, talleres culturales, escuelas de música y danza, etcétera.