A Coruña y Santiago recurren a Hacienda para pedir 22 millones

A 7,6 millones de euros se eleva el préstamo que el Ayuntamiento de A Coruña pedirá a Hacienda para pagar facturas pendientes con proveedores. La solicitud y el plan de ajuste obligatorio que debe acompañarla se aprobó ayer con los únicos votos de la mayoría absoluta del PP. La oposición rechazó en bloque la medida y criticó fuertemente la falta de transparencia, ya que no tuvieron acceso al expediente hasta la tarde del pasado jueves, en plena jornada de huelga general. Los costes en intereses del crédito solicitado también enfrentó al gobierno de Carlos Negreira con PSOE, BNG y EU. Los tres grupos de la oposición cifran en 3,8 millones los intereses a pagar, mientras que el PP asegura que serán 2,7.

El préstamo permitirá, según el concejal de Hacienda, Roberto Coira, pagar a los 84 proveedores que quedan, a 31 de diciembre de 2011, pendientes de cobrar y permitirá que “por primera vez en la historia de la ciudad”, su Ayuntamiento esté al día en los pagos de facturas. Coira responsabilizó al anterior Gobierno bipartito (PSOE-BNG) de “la irresponsable gestión” por dejar sin crédito para pagar 2,5 millones en recibos de luz y gas o tres millones de las subvenciones a la Compañía de Tranvías, que tiene la concesión del transporte urbano.

Fue un pleno municipal marcado por la tensión y que se abrió con la expulsión de un grupo de trabajadores despedidos de la exconcesionaria de la Torre de Hércules. Antes de comenzar la sesión y desde la tribuna del público, el colectivo increpó al alcalde, al que acusó de enviarlos al paro.

Conde Roa entregó los documentos a la oposición cinco minutos antes

En Santiago, el gobierno local de Gerardo Conde Roa también aprobó ayer en un pleno in extremis un plan de recorte de gasto necesario para optar a los créditos de pago a proveedores y acreedores. El Ayuntamiento compostelano pedirá 15 millones, a devolver en 10 años, durante los cuales aplicará su receta de ajuste que aún debe aprobar el Ministerio de Economía. La principal medida, según explicó la concejala de Facenda, Cecilia Sierra, consiste en aparición de la la Empresa Municipal de Vivenda e Solo (Emuvissa), que se asimilará al cuerpo de la administración local, lo que, según el PP, ahorrará 13 millones.

Sierra cifró en cuatro millones en 10 años lo que el Ayuntamiento dejará de gastar en personal y gasto corriente —dos trabajadores perderán su empleo— más 1,8 millones de pagos a proveedores que se pagará con una línea del Instituto de Crédito Oficial. La edil cuenta también como ahorro siete millones de compensaciones que debería pagar la emplesa por no reurbanizar un suelo en Castiñeiriño. El Ayuntamiento asumirá la obra, con un coste de 2,3 millones.

Exempleados de la Torre de Hércules provocan incidentes en el pleno coruñés

Sierra incidió en que la medida “más importante de ahorro será la recaudación”, ya que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se subirá un 4% y recaudará 1,2 millones más al año. El presupuesto de la ciudad, pendiente de que el Gobierno central apruebe el suyo, bajará cinco millones y se quedará en los 90. El pleno, extraordinario y urgente, fue convocado con 20 minutos de antelación y la oposición, PSOE y BNG, no recibió la información sobre el plan de ajuste hasta cinco minutos antes. Sin tiempo a consultarlo ni a formarse una idea al respecto, los dos partidos votaron en contra e insistieron en que se reservan la opción de tomar acciones legales.

El alcalde calificó a los líderes de la oposición como “plañideras” y afirmó que “el estado caótico” en el que dejaron PSOE y BNG el Ayuntamiento provocó que necesitaran “hasta el último momento” para hacer ajustes. El socialista Bugallo y el nacionalista Cela reprocharon la actitud de un Gobierno local que sabía desde hace un mes, fecha de publicación del decreto del Estado, que el último día para aprobar el plan de ajuste era el 31 de marzo.