Del ‘caso Leganés’ a Noelia Castillo: el largo camino hacia la eutanasia
El acceso a la muerte digna ha recorrido décadas de obstáculos
El contraste entre una sociedad civil dinámica y tolerante frente al inmovilismo dogmático de una parte significativa de la clase política y la judicatura (también de algunos estamentos profesionales) ha sido una constante en la España del último medio siglo. Es una tensión latente que aflora cada vez que el país afronta un avance social, pero que pocas veces ha estallado con la virulencia que lo hizo en 2005 en la Comunidad de Madrid con el llamado caso Leganés.
En esta ciudad al sur de Madrid se moría mal, lamentaba Luis Montes, cabeza visible de un grupo de médicos del hospital Severo Ochoa comprometido con la sanidad pública y la muerte digna. La razón más importante —sumada a la falta de medios— era la inercia de otros facultativos del centro, anclados en una medicina que buscaba prolongar la vida del paciente a cualquier precio. Incluso recurriendo a tratamientos inútiles y desproporcionados —el encarnizamiento terapéutico— que solo servían para aumentar el sufrimiento del enfermo terminal y su familia.
El soterrado conflicto entre los dos bandos estalló de la peor manera posible en marzo de 2005, con una denuncia anónima (y falsa) que acusaba a Montes y su equipo de 400 eutanasias irregulares —en último término, homicidios— mediante sedaciones terminales. Señalar como arma homicida a este acto médico, cuyo único fin es evitar el sufrimiento agónico, era muy ilustrativo. Pero no evitó que la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, y con el consejero Manuel Lamela como ariete, iniciara una cacería legal que fue finalmente desmontada en los tribunales cuando el daño ya estaba hecho.
Durante casi tres años, frente a la maquinaria desplegada por la Comunidad, en las páginas de Sociedad y Opinión del periódico se fueron desmontando una a una las graves acusaciones lanzadas por Lamela. Cerrado el caso en los tribunales, un editorial de enero de 2008 preguntaba al PP “por qué y para qué fabricó el caso Leganés” y lamentaba que el escándalo hubiera servido de “coartada para que médicos contrarios a esa práctica por motivos ideológicos se negaran a aplicar las sedaciones reclamadas por familiares”.
Medio siglo de hemeroteca muestra que la lucha por una muerte digna viene de muy lejos. Incluso hoy, con la ley de eutanasia en vigor desde 2021, sigue encontrando obstáculos. Este mismo 2026, Noelia Castillo, una joven de Barcelona de 25 años, vio durante más de un año cómo terceras personas —su padre, la asociación ultracatólica Abogados Cristianos y algún juez— le intentaban hurtar el derecho intransferible que la ley le reconoció para acceder a la muerte que ella deseaba.
La primera vez que la palabra “eutanasia” apareció en la portada de EL PAÍS fue el 6 de octubre de 1979, cuando Juan Pablo II la colocó entre las cinco supuestas amenazas morales que se cernían sobre la humanidad (junto a los anticonceptivos, las relaciones fuera del matrimonio, la homosexualidad y el aborto).
Han sido los casos más dramáticos, como ocurre tantas veces, los que sacudieron a la sociedad. El primero fue el de la pequeña Mercedes Rodríguez, de 18 meses. Aquejada de una encefalopatía, sobrevivía sedada, alimentada por sonda y con un tubo para llevar oxígeno a sus pulmones. “Los médicos del hospital de Basurto (Bizkaia), pese a reconocer que el caso es irreversible, se niegan a permitir su muerte”, resumía la primera del diario del 24 de enero de 1986, en la que sus padres pedían ayuda para poner fin a aquella pesadilla. “Casos como este […] hacen sentir que algo inhumano se preserva bajo los argumentos morales y legales que prohíben radicalmente la eutanasia”, suscribía días después un editorial. EL PAÍS defendería de la misma manera el derecho a morir dignamente de Inmaculada Echevarría, Ramón Sampedro, María José Carrasco, Maribel Tellaetxe… En 2017, la web publicó un vídeo del suicidio, de forma clandestina y en soledad, de José Antonio Arrabal, enfermo de ELA, para mostrar “una realidad que no se puede seguir ignorando”.
La sociedad española también ha ido siempre por delante del marco jurídico. En 1990, una encuesta del CIS revelaba que el 60% de ciudadanos se mostraba “partidario de la eutanasia para enfermos incurables”. En 2018, el 85% apoyaba ya una regulación, según Ipsos.
No fue hasta 2002 cuando la ley de autonomía del paciente garantizó mediante el testamento vital que el enfermo pudiese empezar a poner límites. “Testamento incompleto” fue el elocuente título del editorial entonces. “Ha costado lo suyo”, decía el texto, que lo consideraba “un avance”, pero solo el principio de “un camino que habrá de recorrerse hasta el final”. España aún tardó casi dos décadas, hasta 2021, y no sin obstáculos legislativos —ni despliegues mediáticos, como ha mostrado el caso de Noelia Castillo—, en completar esa senda.
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