La pesca industrial pone en peligro las áreas marinas protegidas de Perú

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Frente al mar de Laguna Grande, una bahía natural situada al interior de la Reserva Nacional de Paracas, 360 kilómetros al sur de Lima, Carmen Arenas, una mujer de 56 años que se gana la vida recolectando macroalgas pardas y con la pesca artesanal lamenta, con cierta angustia, que siente “la intromisión” de la pesca industrial. “Si tenemos anchovetas, hay buena cantidad de aves en las islas. Y si hay aves, hay abono, que va a la pradera submarina, donde están las algas. Pero si no las hay, las aves migran y todo se afecta”, explica. La presencia de este pequeño pez (Engraulins ringens) es crucial: alimenta a peces más grandes y a lobos marinos.

También es la presa principal de la flota industrial que ahora ronda por la reserva, un área natural protegida (ANP) creada en 1975, que tiene 335.000 hectáreas, de las que el 65% están en el mar. Otras amenazas son la pesca con chinchorro, una red de arrastre que barre el fondo marino, la pesca con dinamita, que destruye especies de todo tamaño, y el turismo informal.

Paracas es una de las seis ANP que abarcan ecosistemas oceánicos en Perú. Las otras son la Reserva Nacional de Islas y Puntas Guaneras, la Zona Reservada de Ancón, la Reserva Nacional San Fernando, la recién creada Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, enteramente marina. Todas ellas representan el 7,89% de todo el mar peruano, una cifra baja si se le compara con Chile, que tiene el 41% de su mar protegido, o con Brasil, donde es el 26%. Según el biólogo Carlos Zavalaga, protegerlas es fundamental para disminuir los “efectos antropogénicos sobre la gran cantidad de especies que albergan”.

En teoría, la ley peruana resguarda estas zonas al prohibir “la extracción de mayor escala, ya sea marina o continental, dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cualquiera que sea su nivel”. Por más de 22 años, nadie cuestionó dicha prohibición. Sin embargo, en octubre del 2023, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), una organización gremial privada, solicitó una autorización para pescar en Paracas.

Su argumento principal fue que existían “derechos preexistentes”. Es decir, que ya faenaban allí antes de que la reserva fuera establecida, algo que cuestionan abogados ambientalistas como César Ipenza, que sostiene que ese derecho no puede extenderse a cualquier lado, y que la pesca industrial no es compatible con un área marina protegida.

Un informe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) del año 2020 específica que dentro de esta reserva sólo hay identificados derechos preexistentes de pesca artesanal, “no de pesca de mayor escala”. Como esta institución negó la autorización, la SNP la demandó judicialmente en enero del 2024. Sernanp ganó la disputa en una primera instancia y aún está pendiente el fallo final.

Reservas no tan reservadas

Entretanto, la pesca industrial ya ha entrado a la reserva de Paracas de forma ilegal. De acuerdo con la organización Artisonal, que tiene un sistema para monitorear el mar peruano, en 2020, acaso aprovechando la falta de vigilancia por la pandemia, los pesqueros industriales ingresaron 99 veces a esta ANP, algunos en dos ocasiones como una embarcación de nombre Guanay.

Esas incursiones implicaron igual número de procedimientos sancionatorios por parte del Ministerio de la Producción (Produce), que regula la actividad pesquera en el Perú. Las empresas sancionadas por extraer recursos en áreas reservadas son 11, de las cuales ocho pertenecen a la SNP. Todas las multas han sido apeladas judicialmente.

En un comunicado enviado a América Futura, la SNP asegura que Paracas “no es un área intangible” y que, por tanto, allí se pueden desarrollar actividades económicas “en armonía con la finalidad de la reserva”. De acuerdo con la ley peruana, esto es posible siempre y cuando se determine con anterioridad, apunta Ipenza, algo que por ahora no ha sucedido. Además, la gremial señala que la pesca industrial “no tiene impacto negativo en la zona protegida”, una afirmación que rebaten los pescadores artesanales y los investigadores.

“Los industriales son los que más daño hacen al medio ambiente”, expresa José Hernández, alias Mundini, un maricultor que cosecha conchas de abanico (Argopecten purpuratus) en la reserva. Según dice, las redes grandes afectan bancos de este molusco bivalvo. Manuel Barrientos, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales del distrito de San Andrés, cuyos miembros faenan en la reserva, coincide en que las “embarcaciones son de gran envergadura y sus aparejos también, por lo que arrasan todo en el fondo”.

Manuel Bartra, del grupo Protejamos Paracas, sostiene que permitir la pesca industrial en la reserva “es como poner una discoteca junto a un colegio”. Por su pate el biólogo Zavalaga afirma que, muchas aves, peces y mamíferos marinos dependen de la anchoveta, la captura principal de la flota industrial, y que, si esta entra en esta ANP, “sus interacciones con estas especies serán perjudiciales”.

Marea de contradicciones

Uno de los meollos del problema, propiciado por el propio Estado peruano, es que cuando en 2021 se crea la Dorsal de Nasca, una cordillera submarina protegida en la costa peruana, sí se autoriza en ella la pesca industrial, en contra de la normativa del Sernanp. En esta reserva, las flotas de mayor escala pueden pescar el bacalao de profundidad, un pez que es capturado con palangre (línea de pescar con cientos de anzuelos).

Tal actividad puede dañar la cordillera submarina que está debajo, y por la cual se creó esta ANP. Lo mismo pasa en la Reserva del Mar Tropical de Grau, creada en abril del 2024, sobre 115.675 hectáreas netamente marinas. Allí también puede penetrar la flota industrial, para pescar en el Banco de Máncora, una de las zonas de más alta biodiversidad en el mar peruano.

Un editorial de la revista South Sustainability, de abril de 2024, expresa su preocupación por la Dorsal de Nasca, manifestando que la pesca industrial juega “en contra a la conservación de los ecosistemas marinos del norte del Perú”. “Cualquier actividad pesquera genera alteraciones en la biodiversidad con repercusiones a diferentes niveles de la red trófica”, añade.

Además, el país está distanciándose de varios consensos globales relacionados con el mar. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a la que pertenece el Perú, no reconoce las ANP donde haya actividades de pesca industrial. Para esta institución, por lo tanto, las reservas Dorsal de Nasca y Mar Territorial de Grau no lo serían.

Por último, el Estado peruano es parte del acuerdo adoptado en Montreal el 2022, en la Conferencia de las Partes No.14 del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Según este, para el año 2030, se tendría que proteger el 30% de los ecosistemas acuáticos y terrestres. La contradictoria legislación ambiental peruana parece ir hacia otro puerto. “Si la pesca industrial prospera, lo hará a costa de la conservación”, sentencia Bartra.