La vocación oceánica de Chile y la protección de altamar

El mar no se aprende sin verlo, decía Gabriela Mistral. Y pocos pueblos tienen tantas oportunidades de ver el mar como el chileno; la línea de costa tiene 6.450 kilómetros y el territorio alcanza una anchura promedio de sólo 180 kilómetros. El mar es, pues, parte de la identidad de Chile, un paisaje que nos identifica y que se ha anclado profundamente en nuestra cultura.

Desde luego, el mar es mucho más que un paisaje. Chile, aislado por el desierto y la cordillera, tuvo una temprana vocación marítima, y el fuerte desarrollo del libre comercio en las décadas recién pasadas se tradujo también en un sistema portuario de enorme importancia. San Antonio es el puerto más importante de nuestro país, con una ubicación estratégica respecto de los mercados de Asia y de Oceanía, con óptimas vías de conexión y condiciones topográficas para su operación, además de extensas zonas aledañas que permitirán su ampliación. Otros puertos importantes son Valparaíso, con un gran patrimonio cultural, y los de la zona norte, que vinculan una extensa macrozona regional con el comercio ultramarino.

El mar es también una fuente de recursos muy relevantes para el consumo interno y para la exportación a los mercados mundiales. Si nos situamos en el plano global, el océano brinda alimentación a 3.000 millones de personas. Esos recursos, tanto los del mar territorial como los de altamar, están en riesgo. Si bien tenemos regulaciones domésticas y la Convención del Mar ha dispuesto normas generales para la pesca en altamar, es preciso avanzar más en el cuidado y la conservación de las especies que han sido tan útiles y necesarias para la humanidad.

Pero no es el único desafío. La contaminación de las aguas marinas se ha convertido en un problema de primer orden. El vertimiento de residuos tóxicos y de basura, especialmente de plásticos, está alterando los ecosistemas y así afectan a todos los seres vivos. La pérdida de oxígeno, la acidificación de las aguas, el aumento de la temperatura y la elevación del nivel del mar son procesos que están ocurriendo y que, de no detenerlos, causarán daños irreversibles que afectarán a toda la biósfera y, por cierto, al modo en que los seres humanos nos relacionamos con nuestro planeta.

Una vía rápida y eficiente para enfrentar estos desafíos es el establecimiento de vastas zonas protegidas en el océano. Quiero destacar que Chile, en una acción conjunta de la Cancillería, el Ministerio del Medio Ambiente y otros organismos, ha desempeñado una labor incansable y pionera en este ámbito. Ha sido una política de Estado, que ha tenido continuidad con gobiernos de distintas orientaciones políticas.

Hasta la fecha, el 43% de las aguas jurisdiccionales chilenas cuenta con algún nivel de protección. Aquí se incluyen cinco áreas marinas protegidas creadas durante mi segundo Gobierno, algunas de ellas muy extensas. Consideremos también que la meta fijada por la comunidad internacional es proteger el 30% de la superficie jurisdiccional, de manera que Chile va bastante más adelante en ese objetivo. En esa administración participamos activamente en una iniciativa pionera y convocante como el sistema de Conferencias Our Ocean, en donde ayudamos a crear conciencia sobre la necesidad de adoptar acciones concretas y urgentes para proteger el océano.

El año pasado, y como una muestra más de la continuidad de las políticas de protección marina de Chile, el Presidente Gabriel Boric, en la Cumbre de las Américas, propuso a los países ribereños del Pacífico el establecimiento de una iniciativa para proteger los corredores biológicos desde las costas de Canadá hasta el archipiélago de Chiloé (llamada Américas para la Protección del Océano, AMPO), iniciativa que fue aceptada y valorada como un nuevo paso para asegurar el cuidado de los mares.

Y hay un elemento más, que tiene la mayor importancia. Desde 2017, la comunidad internacional viene discutiendo en torno a la adopción de un acuerdo llamado Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), es decir, la conservación de la biodiversidad en altamar, un espacio tan vasto como inexplorado en su mayor parte, que contiene una incontable variedad de especies. Lo que sí sabemos es que este enorme espacio, que cubre el 60% de la superficie de nuestro planeta, es clave para la continuidad de la vida sobre la Tierra tal como la conocemos. Esa discusión ha llegado a su fin: el próximo 19 de junio, en Nueva York, la comunidad internacional se reunirá para adoptar la versión final del texto.

El acuerdo regula la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, establece un sistema de evaluaciones de impacto ambiental de actividades en esa zona y abre oportunidades para la creación de capacidades y transferencia de tecnología para los países en desarrollo. También propone un sistema de uso sostenible de material genético, con mecanismos para el reparto justo de beneficios de su uso. Es, entonces, un instrumento clave para la protección de áreas hasta ahora sin ninguna sujeción a restricciones.

Chile, como lo hemos visto al comienzo, es un país de vocación oceánica, que desde hace años ha trabajado por mejorar los estándares de protección de los recursos y ecosistemas marinos. Esta vocación es la que ha llevado a proponer que Chile, y concretamente el puerto histórico de Valparaíso, sea la sede del Acuerdo BBNJ. Lograrlo será especialmente beneficioso para nuestras universidades y centros de investigación, para nuestras instituciones y para toda la comunidad nacional. Nuestra trayectoria en la protección del medio ambiente terrestre y de los océanos, avala nuestra disposición a contribuir a la gobernanza global del océano desde una ciudad “hundida para arriba”, como dijo Nicanor Parra, sobre la bahía de Valparaíso.