Qué es la ley de fraccionamiento por la que protestan los pescadores chilenos

Los pescadores artesanales chilenos están en pie de guerra. Las organizaciones que reúnen a los trabajadores del mar han protagonizado desde el pasado martes varias protestas a lo largo del país sudamericano para exigir el avance en la comisión de Hacienda del Senado de la ley de fraccionamiento, una norma que es considerada como el corazón de la nueva ley de pesca, que busca regular la explotación de los recursos marítimos. Las manifestaciones se han extendido desde la ciudad portuaria de Valparaíso, donde también se encuentra la sede del Congreso Nacional, y hasta donde los pescadores han llegado para presionar a los parlamentarios. Las movilizaciones han terminado con graves hechos de violencia, entre ellos la quema de tres vehículos de Carabineros ocurrida el pasado miércoles en la ruta 5 Sur a la altura del municipio de San Javier, a 270 kilómetros al sur de Santiago. El jueves las movilizaciones llegaron hasta el mar, ya que un grupo de manifestantes bloqueó el paso de los buques que intentaban entrar a los puertos de Valparaíso y San Antonio. La semana regional de los parlamentarios, que implica una pausa en las actividades legislativas, ha frenado la intensidad de las protestas, aunque los sindicatos ya han avisado que seguirán en alerta por el proceso.

El origen de la ley de pesca

La ley de pesca —que busca resguardar la extracción de los recursos marinos y establecer cuotas para la labor de la pesca artesanal y la industrial— ha sido motivo de un áspero debate en Chile. La actual normativa, que fue aprobada en 2013, ha sido criticada por los pesadores ya que favorecería al sector industrial. El texto, que es conocido como Ley Longueira por el nombre de su principal impulsor, Pablo Longueira, ministro de Economía durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, de la centroderecha, ha tenido un cuestionamiento de origen especialmente luego que denunciara la influencia de las grandes empresas pesqueras en su tramitación en el Congreso. Las acusaciones derivaron en una causa por corrupción conocida como el caso Corpesca, que terminó con algunos legisladores condenados por cohecho. El Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric ingresó en 2023 un proyecto para modificar la normativa.

Qué es la ley de fraccionamiento

El fraccionamiento es uno de los puntos incluidos en la propuesta de ley presentada por el Ejecutivo. El proyecto busca modificar la cantidad de recursos que se recolectan en el mar entre los sectores artesanales y los industriales. La Subsecretaría de Pesca ha planteado que en la pesquería del jurel se fijen los porcentajes de la cuota divididos por tres grandes zonas del país: entre las regiones de Valparaíso a Los Ríos: 25% artesanal y 75% industrial; en Los Lagos: 15% artesanal y 85% industrial; y las regiones de Atacama y Coquimbo quedarían con 25% artesanal y 75% industria. Los pescadores han expresado su acuerdo con esta distribución.

¿Por qué protestan los pescadores?

Las manifestaciones de los pescadores han sido motivadas por la demora en el avance del proyecto en la comisión de Hacienda del Senado. La instancia legislativa, presidida por el senador Felipe Kast, militante de Evópoli, de la derecha liberal, no ha logrado resolver la discusión sobre el punto del fraccionamiento. El oficialismo ha acusado a la oposición de dilatar la discusión de la propuesta, mientras que los pescadores temen que el alargue de las conversaciones sirva para que las empresas pesqueras influyan en el debate. Kast ha defendido el tiempo que se ha usado para legislar y ha lamentado las protestas. “Este proyecto es prioridad de la Comisión y existe el mejor ánimo (…) Rechazamos la violencia, pero sabemos que es un tema relevante”, ha dicho el senador durante la sesión de la comisión de este miércoles.

Qué dice el Gobierno

El Ejecutivo ha defendido el establecimiento de un nuevo fraccionamiento para la pesca. El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha señalado que se necesita un equilibrio entre los sectores artesanales e industriales que permita resguardar los recursos y mantener los empleos. “Hay una distribución poco razonable de los recursos entre la pesca industrial y artesanal, y es una distribución que se hizo de una forma que le restó legitimidad a ese proceso”, ha dicho Grau en una entrevista a radio Biobío. Sobre la violencia en las protestas, la Administración del presidente Boric también ha reaccionado. El Ministerio del Interior ha anunciado una querella contra los responsables de los graves desórdenes y ataques registrados en San Javier.