La Corte IDH condena a Perú por violar los derechos de 80 personas contaminadas por metales pesados

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Ochenta ciudadanos de la sierra central del Perú respiran con un poco de alivio desde hoy. Adultos que desde niños han sufrido cólicos severos, erupciones en la piel, dolores de cabeza, diarreas incontenibles, bronquitis, sordera y agotamiento permanente. Estos síntomas se han agravado con el tiempo por llevar en la sangre altísimos niveles de plomo, cadmio y arsénico, entre otros metales pesados, por ser víctimas durante décadas del complejo metalúrgico La Oroya, en la región Junín, y de la negligencia de las autoridades por remediar los daños.

A través de una audiencia virtual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado peruano al hallarlo culpable de violar múltiples derechos de esta comunidad: a un medio ambiente sano, a la salud, la integridad personal, la vida, la protección especial de la niñez, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial. Se trata de un fallo histórico para una localidad que en 2011 fue nombrada como la segunda ciudad más contaminada del mundo, de acuerdo a un análisis del Instituto Blacksmith (actualmente Pure Earth), una ONG estadounidense de espíritu conservacionista.

La sentencia supone un gran paso en la búsqueda del resarcimiento de las 80 víctimas, quienes tras la desidia de la justicia peruana llevaron el caso a instancias internacionales en el 2006, con el acompañamiento y asesoría de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), además de la organización Earthjustice. Si bien en octubre de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del Estado peruano, faltaba la sentencia y el pronunciamiento de la Corte IDH, ambas instituciones supranacionales y de carácter vinculante.

El fallo es claro en señalar distintas acciones que debe tomar el Gobierno a modo de reparación: la obligación de investigar los hechos y sancionar a los responsables de los actos de hostigamiento contra los defensores del medio ambiente; realizar un diagnóstico para determinar el estado de la contaminación del aire, el agua y el suelo en La Oroya, el cual deberá incluir un plan de remediación y un sistema de monitoreo; brindar atención médica especializada y terapias psicológicas y psiquiátricas gratuitas a los afectados; desarrollar un plan de compensación ambiental con el propósito de recuperar el ecosistema y garantizar que las operaciones mineras o metalúrgicas se basen en los principios rectores sobre derechos humanos y medio ambiente.

A ello se suma un plan de reubicación para los ciudadanos de La Oroya que deseen mudarse a otra localidad y un pago efectivo con ciertos matices: 15.000 dólares por concepto de daños inmateriales, monto que se incrementa a 25.000 dólares en el caso de niños, mujeres y ancianos. La reparación también crece a 30.000 dólares respecto a dos casos específicos de personas que fallecieron por enfermedades adquiridas por la contaminación. En cuanto a otros seis fallecidos, sus familiares recibirán la indemnización.

El tribunal sostiene que el “Estado incumplió con su deber de regulación y fiscalización de las actividades del Complejo Metalúrgico La Oroya”. “La contaminación del aire ha superado considerablemente los respectivos lineamientos de la calidad del aire establecidos en la legislación nacional peruana y ha producido la presencia de metales en la sangre de la población”, añade. En 1922 la empresa norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation operó en el lugar. Años después, entre 1997 y 2009, pasó a manos de la también estadounidense Doe Run del Grupo Renco. Desde entonces, se encuentra inactiva.

“Hace 20 años, cuando inició esta lucha, yo iba con mi pancarta que decía que la salud de los niños vale más que el oro. Nunca desistimos, ahora estoy muy alegre con la decisión de la Corte”, expresa una de las víctimas de La Oroya. Otra afectada, Yolanda Zurita, es más cauta, evidenciando su escepticismo: “Lo que esperamos ahora es que se implemente la sentencia. Que el Estado cumpla por primera vez con sus obligaciones y que garantice nuestros derechos como defensores ambientales. El cumplimiento de la sentencia es lo mínimo que esperamos de un Estado comprometido con la garantía de los derechos de sus ciudadanos”.

Las organizaciones que se encargaron de la defensa de los 80 ciudadanos de La Oroya también se pronunciaron. Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de Aida, destaca la magnitud del fallo: “Es un avance muy importante y un precedente clave para la justicia ambiental en América Latina”. Por su parte, Christian Huaylinos, coordinador del área legal de Aprodeh, también valoró la sentencia de la Corte IDH. “Fija los parámetros de la obligación estatal de regular, fiscalizar y remediar los efectos de la contaminación ambiental. Es además una gran satisfacción por la gran lucha de dos décadas de parte de las víctimas”, finaliza.