Peruanos afectados por metales pesados llegan a la Corte Interamericana

Cuando Yolanda Zurita era estudiante, en la sierra central de Perú, sufrió convulsiones varias veces. Como hija de un trabajador del complejo metalúrgico de La Oroya, en la región Junín, recibió atención médica. Los sanitarios le dijeron que otros parientes de obreros de la refinería presentaban cuadros más graves y que no se preocupara. En 1999, inició el activismo contra la contaminación ambiental y ahora es una de las 75 personas de su ciudad que ha denunciado al Estado peruano ante el sistema interamericano de justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el viernes dicha demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este lunes, durante un encuentro en Lima con decenas de afectados por metales pesados en el cuerpo, procedentes de 14 regiones del país, Zurita y Liliana Carhuaz -también de La Oroya- depositaron su confianza en que su caso sea un precedente para otros peruanos cuya salud está afectada por el mismo problema. Zurita, de 62 años, lidera la Plataforma por la salud ambiental y humana en la región Junín y es a la vez coordinadora de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. La organización estima que diez millones de peruanos viven con plomo, cadmio y otras sustancias tóxicas en el cuerpo, que son eliminadas al aire, tierra o agua por las empresas mineras y de hidrocarburos.

Los dirigentes de los afectados se reunieron en Lima para exigir al Gobierno la aprobación de un plan multisectorial que atienda sus problemas de salud y que remedie los problemas ambientales que los siguen afectando. En La Oroya, por ejemplo, en el peor momento de perjuicio por la actividad de la refinería, el 99% de niños tenía plomo en la sangre.

A la dirigente de La Oroya, que vive a diez minutos del complejo metalúrgico, le hallaron cadmio en el organismo. El problema en todas las regiones, denuncia el colectivo, es que el sistema de salud no cuenta con toxicólogos suficientes para tratar sus males. Tampoco hay toxicólogos pediátricos en Lima.

El pasado mes de septiembre murió la niña Esmeralda Martín de la región Pasco -en la sierra central- que tenía mercurio, plomo, cadmio y arsénico en la sangre. Falleció cuando era trasladada de emergencia a un hospital de Lima. Sus padres denunciaron por negligencia al centro médico que la atendió en su ciudad. Varias familias de esa región, junto con los padres de Esmeralda, hicieron un plantón el año pasado frente al Ministerio de Salud para exigir atención especializada, pero nunca lo lograron.

La Plataforma logró que en mayo el Gobierno aprobase una ley que “fortalece la prevención y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas” y fijó un plazo de 90 días para la elaboración de su reglamento. Pasados 150 días, aún no existe tal reglamento y sin él la norma no puede ser aplicada. Este martes, los líderes se reunieron con la primera ministra Mirtha Vásquez para indagar sobre el plan multisectorial para atender a los afectados por metales, metaloides y otras sustancias tóxicas, que debe aprobar el Ejecutivo. Zurita informó de que el documento está en la “última etapa de elaboración” y que a ello le seguirá la decisión del presupuesto.

Según el anuario 2020 del Ministerio de Energía y Minas, Perú ocupó el segundo lugar mundial en la producción de cobre y plata y fue el primer productor de plomo en Latinoamérica: el 61% de sus exportaciones son mineras. Más de 50 empresas declararon el año pasado que explotaron cobre y plomo.

Las deficiencias en la regulación y fiscalización ambiental de la actividad minera y petrolera han impactado en la salud de las personas, así como en las fuentes de agua que consumen, sus tierras y sus animales. Según la Plataforma Nacional de Afectados, después de diez años de mediciones en la provincia de Espinar (Cusco), zona de gran producción de cobre, de 157 puntos de agua analizados, 129 contienen plomo, arsénico y aluminio.

En el encuentro de la plataforma, un representante de la región amazónica de Loreto, donde han sufrido más de 20 derrames de petróleo desde 2016, comentó: “No conocemos ahora qué agua estamos consumiendo, ya no tenemos agua segura: somos 21 comunidades afectadas”. Otros líderes denunciaron la contaminación de las fuentes de agua de sus comunidades por los desechos que vierte la minería formal. “Antes vivíamos de la agricultura. La minera muchas cosas ha ofrecido pero nunca ha cumplido, ahora vivimos una desgracia: es triste la realidad”, lamentó Uribe Garay, autoridad de Santa Cruz de Pichiu, región de Ancash.

20 años de lucha

La dirigente del Movimiento por la Salud de La Oroya, Carhuaz, de 42 años, señala que a pesar de que los damnificados de esa ciudad ganaron una demanda en el Tribunal Constitucional en 2006 y lograron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hubo avances. ”Estamos años y años luchando por un aire limpio con el pueblo de La Oroya afectado por plomo, cadmio y arsénico. Nuestra lucha ha dado grandes frutos: estamos seguros de que la Corte Interamericana nos va a dar la razón y va a ser un precedente para todos los distritos que están luchando unidos”, refirió Carhuaz, quien vive a dos kilómetros de la refinería metálica y ha sufrido de problemas gastrointestinales, respiratorios y migrañas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hallado que en el caso de La Oroya, el Estado Peruano es responsable de violar los derechos a “la vida digna, integridad personal, garantías judiciales, acceso a la información en materia ambiental, derechos de la niñez, participación pública, protección judicial, salud y medio ambiente sano”. Para la Comisión, el Estado no cumplió “sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas respecto de los derechos que pudieran afectar, ni con su deber de prevenir vulneraciones a los mismos”.

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