Mejor en Argentina y México, peor en el Caribe: ¿cómo está el acceso a anticonceptivos en su país?

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América Latina está lejos de ser un continente en el que la maternidad es exclusivamente deseada. Aquí se gestan uno de cada cinco embarazos adolescentes del mundo y cerca de 18 millones de jóvenes y mujeres no tienen la opción de planificar como les gustaría. La religión, las normativas o las tradiciones del continente siguen vinculando los derechos sexuales y reproductivos de la mitad de la población a la moral y no a la libertad y la autonomía. Y a pesar de que los logros de los movimientos feministas están marcando una ruta cada vez más progresista en la región, el reto a veces es no retroceder.

Los pasos hacia adelante se van dando de manera muy heterogénea en el continente. Si bien hace apenas un mes que la Suprema Corte despenalizó el aborto en México a nivel federal, aún hay cinco países -El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana y Nicaragua- en los que interrumpir un embarazo (voluntaria o involuntariamente) sigue siendo un delito, penado con hasta 12 años de cárcel. A consecuencia de las prohibiciones, en América Latina se estima que se practican cerca de 670.000 interrupciones del embarazo inseguras al año.

Pero la legislación es apenas una de las variables que entorpecen el camino desde que una mujer toma la decisión de planificar hasta que logra sostener el método satisfactoriamente en el tiempo. El acceso, el precio, la sostenibilidad del producto, la imposición familiar o la falta de educación sexual son algunas de las variables estudiadas en profundidad por el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) en conjunto con otras organizaciones como el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), la Organización de Estados Americanos (OEA), Organon y FOS Feminista, entre otros.

Fruto de esas investigaciones surge el Atlas Latinoamericano de Anticoncepción, presentado ante gobiernos, especialistas y líderes empresariales de América Latina el mes pasado en Panamá. Esta herramienta es un ranking que pone a prueba 33 países de la región. Desde el estatus de contracepción de emergencia —como la pastilla del día después— hasta los marcos de educación sexual, el atlas es un punto de partida hacia un objetivo común: que la maternidad sea solo deseada y segura. Así lo cree Marina Davidashvili, directora de políticas e investigación de EPF: “Preparamos esta herramienta para los políticos. Pudimos sistematizar los esfuerzos que han hecho y ver qué hay que priorizar, es una base de datos que esperemos que de lugar a acciones”.

Las conclusiones son tan diferentes como lo son los 33 países examinados. De ellos, apenas 17 aprueban. La región Caribe la que menos puntuación obtiene. México (91,4%) y Argentina (83,2%) son los primeros en la lista, dada la apuesta por la educación sexual de calidad, las líneas presupuestarias que financian la anticoncepción gratuita y la firma de tratados para seguir las guías internacionales en esta materia. Le siguen Chile y Honduras (78,3%), Costa Rica (77,7%), República Dominicana (76,1%), Colombia (72,1%) y Paraguay (70,7%). Mientras que, a la cola de esta lista están St Vincent y the Grenadines (14%), Granadas (24%), St Lucia (28%), Dominica (26,9%) y Belice (29,1%).

Ante la sorpresa de que Honduras sea el cuarto país mejor valorado en la región según este estudio, Davidashvili reconoce que se asombró pero que “a veces las políticas están mejor en el papel que en la implementación”. De acuerdo al estudio, Honduras recoge en su legislación la posibilidad de las mujeres de elegir cuántos hijos tener, tiene regulada la objeción de conciencia, cuenta con censos y encuestas sobre salud sexual bastante actualizadas y recibe donaciones para financiar la planificación. “Esto es mucho más de lo que hacen países vecinos como Nicaragua. Sin embargo, la tasa de prevalencia de anticonceptivos es baja, lo que quiere decir que la política no está bien implementada”. En el caso de las pequeñas islas del Caribe de las Antillas Menores, por el contrario, la legislación “ni siquiera está”: “No existe una línea presupuestaria ni tienen una página web con información ni tienen un compromiso internacional”.

Por otro lado, en mitad del continente siguen sin existir legislaciones que permitan elegir cada cuánto y cuántos hijos tiene una mujer y solo siete países toman medidas legales contra la objeción de conciencia. Edgar Narváez, especialista de Salud Sexual y Reproductiva de Unfpa, asegura que “no se puede lograr la Agenda 2030, si no se habla de anticoncepción”: “Lo más preocupante para mí es que tenemos solo siete años y es poco tiempo para todos los retos que tenemos. La prioridad tiene que estar en las zonas rurales, indígenas, afrodescendientes... Es una deuda con la región. Los ciudadanos tienen que tener opciones”.

Las consecuencias de que el único recurso de las mujeres sea el aborto inseguro o la maternidad forzada son terribles. Estas, aseguran los expertos, son el resultado de una ausencia del Estado en la educación sexual y la prevención del embarazo, y derivan en abandono escolar, altísimas tasas de mortalidad materna, trabajos más precarios y una dependencia económica que, muchas veces, es la antesala a la violencia de género.

La prioridad más generalizada en el continente es la información en línea, ya que solo siete países tienen una web de fácil manejo. Para Pío Iván Gómez, Asesor Médico Senior de Fos Feminista, la educación sexual es el primer ladrillo para construir una sociedad diferente: “Hay mucha falta de información o información sesgada, y mucho personal médico que se convierte en una barrera por sus creencias personales. Hay que empezar a quitar los sesgos de la industria de la salud. Existe y hay que transformarla”.

“Tiene que ver con desarrollo económico”

Además de ser un asunto de derechos humanos y dignidad, este es un tema económico. ¿Cómo podría cambiar la economía mundial si la maternidad solo fuera deseada? ¿Qué pasaría si el millón de niñas obligadas a ser madres en la región nunca lo hubieran sido siendo menores de edad? Las investigaciones sugieren que si estas mujeres participaran en la economía por igual que los hombres, se podrían agregar 28.000 millones adicionales al producto interno bruto global.

Los estudios de Claudia Goldin, recientemente galardonada con el Premio Nobel de Economía, muestran además cómo la brecha de género es una de las consecuencias más graves de la falta de planificación. “Los hombres están desproporcionadamente disponibles para hacer largas jornadas en el trabajo, mientras que las mujeres están desproporcionadamente disponibles para dedicarse a tareas del hogar”, afirmó en una entrevista con EL PAÍS en 2019. Es más, defendió que “no se detectan diferencias apreciables de salario cuando las mujeres no tienen niños o no asumen responsabilidades en el hogar”.

El problema es que los recursos para la anticoncepción compiten con otras prioridades. “Y muchas veces terminan perdiendo”, añade Narváez. Por ello, las alternativas económicas para financiar la salud de las mujeres permiten dos cosas fundamentales: que sean políticas duraderas y que no tiemblen con cada cambio de Gobierno. Para Rafael Chaves, representante Organón, este es un mundo “lleno de oportunidades sin apenas explorar”: “La historia del financiamiento en la rama de la salud nace después del éxito de esta herramienta, sobre todo en ámbito ambiental. Pero en el sector de salud, tiene apenas tres años de historia y un futuro muy prometedor”.

Las dos grandes formas de hacer tangible estas alternativas son los instrumentos de deuda (a largo plazo y con bajas tasas de interés) y los fondos de capital mixtos, que traen a la mesa inversionistas de otros grupos buscando rendimientos financieros bajos pero sostenibles. “La responsabilidad de la planificación es un binomio: es de la mujer y del hombre. Y también es un tema que trasciende lo social: tiene que ver con el desarrollo económico de la región. Nos tenemos que implicar todos”.