Una delegación chilena visita Florida en busca de un plan agrícola que respete a los productores

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Generalmente no sabemos mucho del origen de la comida que llevamos a nuestra boca. Pero detrás de, por ejemplo, un tomate pueden existir dos historias muy distintas. La de agricultores que trabajan explotados, sin que ni siquiera les cumplan con los estándares mínimos de los derechos laborales. O, en el mejor de los casos, que exista algún tipo de garantía de que ese tomate lo cultivó una persona que está protegida y que se le paga un salario mínimo por ley. Este último escenario es, precisamente, el que busca impulsar el Fair Food Program (FFP) o Programa de Comida Justa, una iniciativa que nació en 2011 en el oeste de Florida, Estados Unidos, de las manos de la organización de trabajadores Coalition of Immokalee Workers, para que toda la cadena del comercio de comida sea más equilibrada.

Lucas Benítez, agricultor y cofundador de la coalición conformada mayoritariamente por trabajadores migrantes, da una lista con las razones por las que crearon este programa. “Los trabajadores agrícolas siempre han sido los más vulnerables en la cadena de producción de comida. Y Estados Unidos no es una excepción”, comenta. “Veíamos que hay abuso verbal y físico, robo de salarios y acoso sexual a las pocas mujeres que trabajan en esta industria. Eso fue lo que nos llevó a cambiar el balance”.

De hecho, el programa no solo busca que a los agricultores y cultivadores se les garanticen los derechos laborales que existen bajo la ley de Estados Unidos, sino que va más allá: exige que su oficio no afecte a la salud física y mental. “Hay algunas protecciones adicionales que buscamos, como que exista sombra cerca para descansar”, agrega Benítez. “Con el cambio climático, el calor es más fuerte, por lo que el trabajo del agricultor se está haciendo más difícil”.

Para aprender de la experiencia de esta iniciativa, una delegación chilena de cinco personas, entre la que se encuentran representantes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Agricultura, visitó Florida entre el 24 y el 29 de abril para conocer de cerca cómo funciona el Programa de Comida Justa. En Chile, cuenta Mónica Alcalde, asesora del FFP para la expansión en este país, ya existe un primer proyecto que fue certificado bajo el programa. Se trata de la productora agrícola de tulipanes, Araucania Flowers, en la que se monitoreó que a los trabajadores se les respetan los derechos laborales. Pero vendrá más.

“Como ya tenemos una primera certificación en Chile, hemos decidido concentrarnos en la región de Los Ríos para expandir el programa”, agrega la asesora. Incluso, ya hay una empresa que empezará a ser vigilada para que, eventualmente, reciba el visto bueno del Programa de Comida Justa, conocida como Lake Blue. “El FFP recibió una beca del Departamento de Trabajo de Estados Unidos para poder expandirse, así que lo hará en Chile, México y Sudáfrica”, comenta. Como en Chile ya hay unos primeros pasos, se espera que sea donde este comercio justo fluya más rápido.

El FFP que nació en Florida tiene dos piezas que se ha vuelto fundamentales para mejorar toda la cadena de producción. Una, según explica Laura Safer Espinoza, directora ejecutiva del Consejo del Programa de Comida Justa, una organización paralela que monitorea el proceso, es que si las empresas se unen al programa pagan un monto de dinero adicional para aumentar el sueldo que se les da a los agricultores. Lo otro es que se comprometen a solo comprar productos de granjas o cultivos que cumplan con el Código de Conducta del programa, un documento que los mismos trabajadores han redactado y construido. Entre los comercios que ya se han unido a esta especie de tratado están marcas tan reconocidas como McDonald’s, Burger King, Walmart, Taco Bell y Subway, sumando en total 15 corporaciones.

Pero no fue una tarea fácil. “Han sido campañas de años”, recuerda Benítez. En estas, muchas veces son los mismos consumidores los que les exigen a las empresas que se unan al programa. “Por medio de la presión del público, de los que van a comprar los productos, es que muchas se han sumado”.

Actualmente, según reportes del propio programa, se han beneficiado 72.300 trabajadores, se han recolectado 38.716.000 dólares para elevar los salarios de los agricultores y más de 1.000 personas han recibido clases sobre cómo exigir y hacer respetar sus derechos laborales.