“Nos trataron como a ganado”: 106 ecuatorianos contra una empresa japonesa por esclavitud moderna

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Doña Luz* tiene 44 años y nunca fue una niña. Si piensa en su infancia no se le vienen a la cabeza ni juguetes ni patios de colegio, porque no fue a ninguno. Con apenas siete años llegó de la mano de sus abuelos a una de las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A., una de las mayores multinacionales de cultivo de abacá del mundo, con sede en Santo Domingo y Esmeraldas, cerca de la costa pacífica ecuatoriana. Desde que entró, su rutina fue la misma que la de su abuelo: llevar y traer en burro kilos y kilos de esa variedad de plátano con la que se fabrica papel moneda hasta la noche. Un día tras otro. En los 23 años que trabajó para la firma no consiguió ahorrar “ni un peso” ni tuvo derecho de ir a ninguna cita médica en ninguno de sus siete embarazos: “No podíamos parar de trabajar, dependíamos de eso. Como crecí viendo eso, pensaba que era lo normal; que el trabajo era eso. Ahora ya no tengo miedo de decir que nos trataron como al ganado, como esclavos”.

Luz es una de los 106 trabajadores y extrabajadores que se atrevieron a enfrentarse en tribunales a la empresa japonesa, uno de los motores económicos del país. Esta es la primera vez en Ecuador en la que se inicia un proceso penal contra una compañía por trata de personas con fines de explotación laboral, también conocido en el derecho internacional como “servidumbre de la gleba”, una condición en la que una persona está obligada por ley, costumbre o acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar servicios, mediante remuneración o gratuitamente, sin libertad para cambiar su condición.

Inicialmente, la jueza a cargo, Susana Sotomayor, iba a decidir este jueves si llamaba a juicio a cinco dirigentes y exdirigentes y a la propia firma, en este litigio histórico. Sin embargo, horas antes de la audiencia hubo una petición de aplazamiento. Y se prevé que se lleve a cabo en unos días. Tanto Alejandro Morales, a cargo de la acusación particular, como María Susana Rodríguez, fiscal especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, ven “un caso demasiado sólido” como para que se declare el sobreseimiento. “Este será el precedente para empezar a revisar muchas otras empresas como Furukawa, con métodos aún coloniales”, desea Morales.

La acusación señala como autores de los delitos a Marcelo Almeida, vinculado a Furukawa por dos décadas, Iván Segarra, antiguo administrador de campo, Adrián Herrera, gerente desde 2019, Hugo Chalen, quien mantiene funciones comerciales desde 2001, Paúl Bolaños, jefe administrativo de 2005 a 2006 y jefe de recursos humanos desde 2018 hasta la actualidad y la propia persona jurídica, Furukawa Plantaciones C.A., con un patrimonio de 18 millones de dólares.

Familias pobres. Ningún estudio. Toda una vida dedicada al abacá. Y una empresa que, según lo que narran los demandantes, cerraba la puerta carrozable con candado de lunes a lunes, siendo los dueños (ni siquiera los supuestos arrendatarios) quienes tenían una llave. “¿De qué voy a comer yo si no sé hacer otra cosa?”, se cuestiona una y otra vez don Jacinto*, quien aún trabaja en las plantaciones. Don Jacinto, de 48 años, empezó a trabajar el abacá con siete años y nunca aprendió a leer ni escribir. “Ahora es que estoy aprendiendo a poner las letritas de mi nombre”, dice en videollamada con América Futura. Aún sufre las secuelas de una picadura de serpiente que sufrió en agosto de 2020. Le mordió mientras orinaba en uno de los espacios destinados a ello a la intemperie y sin ningún tipo de agua potable o saneamiento adecuado. “Aún cuando la herida botaba pus y olía feo, el ingeniero a cargo me dijo que uno solo se cura cuando trabaja”.

Esclavitud moderna

La lupa se puso por primera vez en la compañía japonesa en 2018, con un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado el primer semestre del año siguiente, que relataba una situación de “esclavitud moderna” durante casi seis décadas. El organismo detalló condiciones “infrahumanas” de vivienda, trabajo infantil y adolescente y ausencia absoluta de derechos laborales de un censo propio de 1.244 personas. Es por ello que instó a diez carteras del Estado a que pusieran fin a los abusos. “Se demostró que vivían en condiciones terribles”, explica el defensor del pueblo actual, César Marcel Córdova Valverde. “Cobraban mucho menos de lo estipulado por la ley, si tenían accidentes laborales, nadie se hacía cargo, muchos no tenían ni siquiera cédula y solo podían salir de la hacienda los domingos si es que tenían oportunidades económicas para hacerlo. Porque para eso también les cobraban”.

Meses después del informe, los ministerios de Trabajo, Agricultura, Salud, Educación, Inclusión Social, la Secretaría de la Política y Fiscalía, la Superintendencia de Compañías y los Servicios de Rentas Internas y Registro Civil constataron las mismas violaciones a los derechos humanos que denunció Defensoría. Algunos de los organismos iniciaron procesos independientes. La cartera de Trabajo cerró durante unos meses la empresa por haber sido testigos de trabajo infantil. Y la Fiscalía inició una investigación de más de tres años que culminó en la segunda quincena de enero de este año y que espera la respuesta de Sotomayor para continuar el litigio.

María Susana Rodríguez, fiscal especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional denuncia que la firma ha “trastocado derechos humanos en relación a la dignidad humana, la salud y la vida”. “Hicimos un trabajo de hormiga, considerando que son un centenar de víctimas y que es una empresa con bastante poder en el país. Hemos intentado buscar la verdad y, a mi criterio, con todos los elementos que se fueron tejiendo, existe un caso sólido de trata de personas que va a marcar un precedente en el país y en la región”, afirma.

Si bien cada testimonio es distinto, hay factores comunes entre todos los demandantes. La gran mayoría de trabajadores son afrodescendientes, vienen de contextos pobres y tienen bajos o ningún nivel educativo. “La extrema vulnerabilidad y el analfabetismo de la mayoría es sobre lo que basa Furukawa su negocio”, critica Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Diametralmente opuesta es la opinión de Pedro Jerves, antiguo abogado de Furukawa y actual defensa de Adrián Herrera, gerente general de la firma. Esta práctica “pasa en muchas otras empresas que operan en la ruralidad”, asegura. “Hay derechos y garantías que son estatales, pero le puedo asegurar que hoy en día todas las haciendas cuentan con tanques de agua potable y con luz. Es más, algunos tienen hasta DirectTv. Hemos hecho trabajos sociales que demuestran que efectivamente la gente vive bien”, sostiene.

La defensa de Jerves pasa por negarlo todo: el testimonio de los más de 106 demandantes, la credibilidad de la Fiscalía, el informe de la Defensoría del Pueblo y la rigurosidad del Ministerio de Trabajo. “Todo este caso se ha ido creando en base a ciertos intereses de ONG y por la presión mediática, que a veces es un poder del bien y otras del mal”, narra por videollamada. “Lo único que dice la acusación particular es que eso era como la novela del Huasipungo y poco más. La acusación es paupérrima”, afirma haciendo alusión a esa obra literaria ecuatoriana que retrata el sufrimiento de los indígenas.

Y, sin embargo, la decena de testimonios entrevistados por América Futura relatan condiciones que no necesitarían de la pluma de Jorge Icaza. Para don Esteban* lo que vivió durante 17 años en Furukawa ni siquiera se asoma a la hacienda Cuchitambo sobre la que el autor ecuatoriano narró un sinfín de abusos de los latifundistas a los indígenas. “Una vez me corté con la máquina y no me dieron (dinero) ni para una pastilla. Tuve que pagar yo como pude al médico, que me puso 18 puntos. Como no cobraba si no trabajaba, me puse un plástico para que no se me embarrara la pierna en lodo y seguí”, cuenta. Este hombre de 53 años, que perdió la pierna tras un accidente laboral con la misma máquina, no ha recibido ni un solo día de baja laboral.

“Hacer legal lo ilegal”

Para la fiscal, el mecanismo “de sometimiento” consistía en una simulación de arriendo de tierras “para evitar precisamente la relación laboral con los trabajadores”. Este método empezó en 2011 —tres años después de que se ilegalizara en el país la terciarización— y se mantuvo al menos hasta 2018. “Para que los campesinos pudieran trabajar en las plantaciones, pagaban a la empresa por el arriendo de la tierra, solo podían cultivar abacá y solo podían venderle a Furukawa. Trataron de buscar una figura legal para hacer legal lo ilegal”, sostiene. Aunque Rodríguez insiste en que “hubo sometimiento”, Jerves, abogado defensor, asegura que “todos los contratos se hicieron bajo notario público”. “Pero para no entrar en esta disquisición de que si fueron, no fueron, esta gente sabía lo que firmaba o no firmaba. ¿Qué sometimiento hay? A la gente en la costa, para ser bastante honesto, no se les puede controlar. Esta gente trabaja cuando quiere”, afirma.

Preguntado por la responsabilidad social de la compañía, es tajante: “Cualquier empresa puede invertir más y siempre será bueno invertir más, pero al momento, no se tienen los recursos. Pero eso no quiere decir que hay una responsabilidad social vinculada a lo penal”.

Abrir camino

Chapear, zunquear, tumbar, tusiar, burriar y maquinear. Todas las fases del proceso desde la tala de la planta hasta el secado y el empaquetado del abacá llevan horas de trabajo de hombres y mujeres que, de haber podido elegir, jamás hubieran trabajado para Furukawa. “No es tan fácil ir haciendo la huella como transitar ya por una trocha hecha”, explica la fiscal. “Y este es el caso que nos ha tocado. Abrir camino”. Alejandro Morales, letrado de los 106 empleados, espera que la jueza Sotomayor siente en el banquillo a los cinco directivos y exdirectivos. “Es un llamado a la comunidad regional de que estas prácticas coloniales todavía existen. Esto tiene que sentar un precedente. Se lo deben a las víctimas y al país”.

*Ninguno de los nombres de los testimonios son reales porque el proceso legal sigue aún en curso.