Trabajadores ecuatorianos explotados como hace 200 años

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Parece una escena más propia del siglo XIX, pero está ocurriendo en pleno 2019. Adentrarse en las plantaciones de la empresa japonesa Furukawa, en la costa ecuatoriana, es como caer en una máquina del tiempo. Como si de una novela de García Márquez se tratara, mujeres, hombres y niños viven y trabajan en condiciones inhumanas dentro de las haciendas, dedicadas a la extracción de fibra de abacá. Esta preciada materia, también conocida como cáñamo de Manila y utilizada para fabricar artículos tan dispares como bolsas de té, redes de pesca o piezas de automóviles, se exporta a Europa, Norteamérica y Asia desde Ecuador. Aun a costa de la explotación brutal de los trabajadores, en su mayoría afrodescendientes.

Wilfrido León tiene 53 años y lleva más de media vida trabajando para Furukawa. A pesar de que apenas puede caminar, continúa extrayendo el abacá para dar de comer y pagar la educación de sus dos hijas. Gana unos 10 dólares al día a costa de empeorar su salud. Su jornal, como el del resto de empleados, depende de la cantidad de fibra que pueda extraer. León sufrió un accidente en la pierna izquierda en 1986 mientras maniobraba con una máquina de la plantación. Furukawa se desentendió y para cuando pudo reunir el dinero para ir al hospital ya era tarde. Su pierna nunca se sanó: un enorme bulto divide su torcida tibia en dos. Pero la necesidad le obligó a seguir laborando. Hasta que hace dos años la misma máquina se tragó su pierna derecha, provocándole una lesión de la que todavía no ha podido recuperarse.

“La empresa me dio cinco dólares y me dijo que fuera a curarme”, revela con indignación, en referencia a su más reciente percance. “¿Qué voy a hacer yo con cinco dólares? Me cuesta harta plata y soy pobre. Mis papás ya murieron. No tengo nada”, lamenta León, que pagó la operación de su primer accidente gracias a que su familia vendió una vaca y sus antiguos compañeros de la liga de fútbol barrial hicieron una colecta.

Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador, nombre completo de la compañía, no reconoce como sus empleados a Wilfrido ni al resto de trabajadores que extraen el abacá. No tienen contrato. Ni seguridad social. Ni vacaciones. Ni pagas extraordinarias. Ni reciben una parte de los beneficios anuales de la empresa, como establece la ley ecuatoriana. Por no tener, no tienen ni instrumentos de trabajo: la entidad les cobra por el uso de machetes, guantes o botas, artículos indispensables para realizar su labor.

Hacinados y sin servicios básicos

Los jornaleros residen en el interior de las plantaciones, en unos campamentos cercados que Furukawa cierra bajo candado por las noches y los fines de semana, limitando su movilidad. Las viviendas que habitan, visiblemente deterioradas, fueron construidas por la compañía hace más de medio siglo. En apenas unos metros cuadrados conviven familias enteras sin acceso a luz eléctrica, agua corriente o retretes. Para cocinar y lavarse obtienen el agua de un pozo.

“El baño es un hueco, solo un hueco, nada más. Así vivimos aquí”, se queja una mujer de avanzada edad que prefiere no revelar su nombre. “En un cuartito vivo yo, mi marido y dos de mis hijas con sus dos niños. Como siete ahí”, explica esta abuela que trabaja como tendalera, el último eslabón de la faena en la hacienda, que consiste en tender la fibra de abacá para que se seque antes de que los camiones de la entidad se la lleven hacia el puerto de Guayaquil, desde donde se envía a países como España, Reino Unido o Japón.

Cuando una máquina se tragó la pierna derecha de Wilfrido León, la empresa le dio cinco dólares y le dijo que fuera a curarse

Con un patrimonio neto que supera los 15 millones de dólares, Furukawa es la principal exportadora de abacá en Ecuador, país que a su vez ocupa la segunda posición mundial en la producción de esta materia tras Filipinas. Esta corporación, que posee 23 haciendas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas, alcanzó en 2017 unos ingresos de 8,4 millones de dólares en exportaciones y un beneficio bruto de 1,2 millones. La compañía se ha negado sistemáticamente a reconocer los derechos de sus trabajadores, contraviniendo el Convenio 110 sobre plantaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

“Existe un encubrimiento de la relación laboral. La empresa alquila la tierra a una persona que se encarga de administrar el campamento y a ella le compra la fibra cada ocho días, sin interactuar con el resto del personal”, expone Francisco Hurtado, adjunto de la Defensoría del Pueblo. “De todas formas, es evidente que existe una relación laboral directa: para entrar a estos espacios hay una puerta que Furukawa abre y cierra, se lleva la fibra, paga al arrendatario, da dinero para que estos campamentos subsistan”, declara este joven abogado que prepara junto a otras instituciones una acción judicial contra la firma nipona.

EL PAIS ha contactado con Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador para conocer su versión, pero la entidad no ha accedido a hacer comentarios.

“Todo lo que ganamos es para comer”

Las haciendas de Furukawa están divididas en varias parcelas y cada una de ellas cuenta con un arrendatario diferente. Uno de ellos es Ángel Sánchez, encargado del campamento Hilda 1, en el kilómetro 40 de la carretera que une las ciudades de Santo Domingo y Quevedo. Ataviado con ropa deportiva, chanclas y un machete en su mano derecha, Sánchez cuenta que empezó a faenar a los 10 años, poco después de que su familia llegara a los terrenos de la compañía.

“La mayoría de los que estamos aquí nos hemos criado trabajando”, manifiesta este hombre procedente de la provincia costera de Manabí que se encarga de pagar a los jornaleros con el dinero que Furukawa le abona por la fibra extraída semanalmente. A los 13 años, Sánchez ya operaba la máquina, esa misma que destrozó las piernas a Wilfrido León. Se trata de la labor más peligrosa del proceso de extracción del abacá, compuesto por la tumba de la planta, el deshoje, la separación de la fibra o tucseo, el acarreo en burro, el deshilachado en la máquina y el secado.

Furukawa no reconoce como sus empleados a los trabajadores que extraen el abacá

Sánchez, que a lo largo de su vida ha realizado todos los trabajos ligados al abacá, protesta por el trato que recibe de Furukawa. “Si yo arriendo la tierra, debería poder vender la fibra a quien más me convenga o, al menos, la empresa debería pagarme un precio justo”, asevera con rostro firme. No obstante, la entidad asiática le retribuye la tonelada de abacá con 640 dólares y más tarde la vende a sus compradores internacionales por una cantidad promedio de 2.245 (2017), según sus estados financieros archivados en la Superintendencia de Compañías.

“Todo lo que ganamos es para comer, al final del mes no nos queda nada”, afirma Delia Sánchez, dedicada a tender la fibra junto a sus hijas adolescentes, que le ayudan cuando salen de la escuela. Se alimentan de la comida que compran en una tienda cercana y de la fauna silvestre que cazan sus familiares. “Furukawa solo se acerca aquí para llevarse el producto, nunca nos pregunta si necesitamos algo. Aquí vivimos como animales, no hay derechos para nosotros”, acusa.

Los lazos internacionales de Furukawa

La firma se estableció en Ecuador en 1963, cuando el empresario japonés Yoshizo Furukawa introdujo en el país sudamericano la semilla de abacá, originaria de Filipinas. En la actualidad, cuenta con 2.174 hectáreas dedicadas al cultivo de la fibra y con otras 285 destinadas a palma aceitera. Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador es propiedad de la matriz tokiota FPC Marketing Co. Ltd., una sociedad que ha mantenido proyectos de desarrollo en Filipinas junto a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

Furukawa exporta una parte de su producción a la Unión Europea. Dos de sus principales compradores en esta región son la española Celulosa de Levante (Celesa) y la británica Ahlstrom Chirnside, subsidiaria de la transnacional sueca Ahlstrom-Munksjö.

El abacá, considerado como una “fibra del futuro” por la FAO, se usa mayoritariamente para fabricar papeles especiales. Una de sus primeras aplicaciones fue para elaborar los conocidos sobres de manila. Hoy en día, muchas corporaciones importadoras de abacá lo utilizan para crear papeles resistentes, como es el caso de Ahlstrom. Paradójicamente, esta compañía cuenta con un código de conducta destinado a sus proveedores para así “respetar los más altos estándares de derechos humanos en sus operaciones”.

Por su parte, la sociedad tarraconense Celesa, autodenominada como “líder mundial en la producción de pulpas especiales”, transforma la fibra extraída en Ecuador en pulpa, una materia que más tarde puede aplicarse para industrias tan dispares como la tabacalera, electrónica, cosmética, alimentaria, automotriz o, incluso, para producir billetes como los yenes japoneses.

Las exportaciones de Furukawa a la Unión Europea son especialmente relevantes debido a que en 2016 Ecuador firmó un acuerdo comercial con el bloque comunitario. Este tratado incluye en su Título IX un apartado sobre el respeto de los derechos laborales y ambientales. Según David Suárez, de la ONG Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Furukawa está violando este convenio al no reconocer la relación laboral con su personal y, por tanto, debería ser sancionada.

Los jornaleros residen en unos campamentos cercados que Furukawa cierra bajo candado, limitando su movilidad

“La empresa ni siquiera utiliza un mecanismo moderno de tercerización, sino una forma precaria de externalizar sus responsabilidades en una polémica figura que es el arrendatario, todo para aumentar sus ganancias”, alega el activista. Además, “al mantener a los trabajadores encerrados dentro de las haciendas, prácticamente se están remozando formas de trabajo forzoso. Porque el limitar su circulación, bajo cualquier pretexto, constituye un delito”, sostiene Suárez, quien también denuncia el trabajo infantil existente en las plantaciones.

¿Esclavitud moderna en Ecuador?

Estas circunstancias han llevado a algunos empleados y exempleados de Furukawa a organizarse para luchar contra lo que consideran una situación de esclavitud moderna. Susana Quiñónez, afrodescendiente que trabajó durante 16 años para la entidad asiática, asegura que Furukawa les hace trabajar “como esclavos”. “Imagínese, una persona tiene que entra a las siete de la mañana para sacar un poquito más de plata y sale a las cinco de la tarde, algunos trabajan hasta de noche. Y si no se entrega la producción que ellos quieren, nos acusan de robarles”, reclama esta enérgica mujer de 58 años tras asistir a una asamblea de afectados en la comunidad de San Ignacio, muy cerca de las haciendas.

Quiñónez dejó de faenar para Furukawa en 2003 y desde entonces ha mantenido una batalla legal para obligar a la compañía a pagarle su liquidación. Sin embargo, considera que la influencia ejercida por la entidad en las instancias judiciales locales fue suficiente para que esta ganara el litigio. “Cuando nosotros reclamamos nuestros derechos, Furukawa nos sacó con bombas y policías, haciendo disparos para atemorizarnos. Pero como es una empresa tan poderosa en dinero, no pudimos hacer absolutamente nada”, asegura.

Ante esta situación de indefensión, los jornaleros claman ahora por el cierre de la corporación. Exigen que el Gobierno ecuatoriano ponga fin a las actividades de Furukawa y que esta les repare con una indemnización por los derechos que les negó durante sus años como empleados.

Recostado sobre un banco frente a la puerta del local donde se celebra la asamblea, Wilfrido León muestra con indignación el estado en el que han quedado sus piernas tras los accidentes que sufrió mientras operaba la máquina de Furukawa. “La empresa tiene que cerrarse. Ahora siguen sacando el producto, burlándose de nosotros. Queremos que nos den lo que nos pertenece, lo que nos han quitado durante todo este tiempo”, reivindica justo antes de volver a la reunión, donde los trabajadores han decidido continuar con su lucha.

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