Del descrédito a sus jueces a las acusaciones de ‘lawfare’: Uribe retoma la estrategia extrajudicial de Trump

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez demostró esta semana que aún le quedan varios ases bajo la manga. El Tribunal Superior de Bogotá suspendió temporalmente el juicio en su contra después de que la defensa alegase que la jueza del caso no ha sido imparcial. El caso iniciado hace siete años, por supuesto soborno y manipulación de testigos, ha adquirido una atención especial, pues la Fiscalía tiene hasta octubre para conseguir una condena antes de que prescriban los delitos. Por eso, Uribe y su equipo lanzan sus últimas —pero más poderosas— municiones: desacreditar a los jueces que lo han procesado o acusar a sus enemigos políticos de lawfare. Y, por supuesto, movilizar a sus simpatizantes más férreos a manifestarse en contra de “la injusticia”. Son tácticas empleadas por uno de los líderes a quien más admira: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Apenas 10 días antes de su regreso a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense fue declarado culpable por 34 delitos de falsificación de facturas y cheques con la intención de ocultar el pago que le hizo a la actriz porno Stormy Daniels. Durante el proceso judicial, Trump denunció varias veces ser víctima de una “persecución política” orquestada a través del juez Juan Merchán. Lo acusó, sin pruebas, de “corrupto”, de ser un “partidista radical” y de haber contribuido a la campaña del expresidente Joe Biden. Con adjetivos más sutiles, Uribe ha esbozado a lo largo de su propio proceso un escenario similar: que hay una cacería de brujas por parte de sus “enemigos políticos” y que los jueces y fiscales no son imparciales.

La recusación, el mecanismo legal con el que se plantea el cuestionamiento a la imparcialidad de un funcionario, a la jueza Sandra Heredia es la última de las tácticas que ha usado Uribe para desacreditar a quienes lo investigan. Gabriel Vallejo Chujfi, el director del Centro Democrático, partido fundado y liderado por el expresidente, argumenta que Heredia evidencia una “clara animadversión” en contra del expresidente por desestimar “de manera sistemática” sus solicitudes. Su postura se basa en tres decisiones de la jueza: haberle negado a la defensa el tiempo requerido para revisar unas pruebas (el Tribunal Superior de Bogotá negó un recurso de queja por parte de la defensa para darles más plazo); haber rechazado “por lo menos” 40 testimonios y pruebas; y haberse negado “de plano” a la recusación. “¿Queda alguna duda sobre la evidente parcialización de la juez que adelanta el juicio?”, cuestiona.

En 2020, cuando aún era senador y el caso estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia, tachó al magistrado César Reyes —quien ordenó en aquel entonces su detención domiciliaria— de tener sesgos políticos. En una publicación en X, descalificó este mes al “juez” (usó las comillas en ironía) por ser un contratista de USAID, en un claro guiño a Trump. “El señor Reyes también fue contratista del Gobierno de Santos para el acuerdo con las FARC mientras yo era uno de los líderes de la oposición a este acuerdo”, señaló por el mismo medio, etiquetando al propio Trump y a su aliado, el magnate Elon Musk. Vallejo afirma que el magistrado Reyes debió declararse impedido por haber trabajado con la esposa de Iván Cepeda (senador y una de las víctimas declaradas en el juicio) y por haber tenido un contrato con el expresidente Santos, del cual Uribe “fue su mayor opositor”. Un argumento similar esboza contra el fiscal Gilberto Villarreal, nombrado por Eduardo Montealegre (otra de las víctimas acreditadas en el juicio) en una etapa previa del caso.

“El proceso contra Uribe se ha convertido en una prueba muy dura para la institucionalidad y para la democracia”, expone Hubert Ariza, analista político. “La estrategia discursiva de la defensa se ha basado en que es imposible juzgarlo por dos factores: la gratitud por su servicio público durante sus ocho años de mandato y el daño que supondría una condena para el país”. Para Ariza, el método Uribe se asemeja al de Trump en su intento de atemorizar a los jueces: “Quiere poner a la justicia contra la pared y de hacerla sentir incapaz de dar un veredicto, sea cual sea”.

Este discurso ha calado entre los seguidores del expresidente. El lunes, durante la primera audiencia presencial, con Uribe sentado en el banquillo de acusados, decenas de simpatizantes se aglomeraron a las afueras de los juzgados de Paloquemao, en el centro de Bogotá, para protestar contra el proceso. Entre ellos estaban los senadores y precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Arremetieron contra la justicia. “Es inaceptable que esté siendo perseguido por quienes derrotó política y militarmente”, afirmó Miguel Uribe Turbay. María Fernanda Cabal condenó el “intento por judicializar la política”. Paola Holguín recalcó que es un juicio “con un claro sesgo político”.

En pocas palabras, los aliados de Uribe aseguran que el proceso en contra del mandatario es un juicio político y que él está siendo víctima de lawfare, un término usado para referirse a la instrumentalización de la justicia para perjudicar a un oponente político. El abogado penalista Juan José Castro sostiene que en Colombia “aún no hay escenarios de este tipo”. “Estas son acusaciones tremendamente graves que deben estar bien fundamentadas porque esto acaba por usarse para cuestionar las decisiones judiciales”, agrega. El también jurista Francisco Bernate, concuerda en que no es lo que está ocurriendo: “Todo ha ocurrido dentro del proceso jurídico regular y la prueba es que se haya admitido la tutela”.

Sin embargo, uno de los abogados de la defensa de Uribe, el reputado penalista Jaime Granados, usa el término sin matices: “[Uribe] está siendo perseguido políticamente, es un caso clásico de lawfare”, dijo en una entrevista con El Colombiano. El director del Centro Democrático abunda en esta postura: “La referencia [de Heredia] de tildar a Jaime Granados como alguien que recurre a “malabarismos argumentativos” refuerza su postura parcializada y sesgada contra los abogados” de Uribe.

El expresidente colombiano ha conseguido también el apoyo de los correligionarios de Trump. El representante republicano Carlos A. Giménez calificó a Uribe como el “Abraham Lincoln de Colombia” por haber salvado al país de “las garras del terrorismo castrochavista”. Para él, “lo que está enfrentando es todo un juicio político con tal de desprestigiarlo”. Otro congresista de EE UU, Mario Díaz-Balart, rechazó el “juicio farsa en curso” que refleja “el avance de fuerzas de extrema izquierda que controlan a Gustavo Petro”.

Uno de los puntos en común de la retórica entre Uribe y Trump es la “catástrofe” que significaría una condena para sus respectivos países. En su momento, el mandatario estadounidense sugirió que habría un “punto de quiebre” para sus connacionales. “No estoy seguro de que el público lo soporte”, dijo unos meses antes de ser condenado.

El Centro Democrático ha compartido varias publicaciones en este sentido. La más reciente, un video del abogado Abelardo de la Espriella en el que loa al expresidente durante ocho minutos: “Si Uribe cae, Colombia se irá por un despeñadero que no tendrá retorno”, alega. Según el analista Ariza, sus simpatizantes plantean que “prácticamente el país entrará en una guerra civil si lo condenan”.

El juicio de Uribe seguirá adelante una vez el Tribunal Superior de Bogotá resuelva sobre la tutela de la defensa. El abogado Bernate precisa que es una “noticia falsa” que esta acción sea una estrategia dilatoria, pues el tiempo que se tome la alta corte no contará para la prescripción de los delitos. Si los magistrados rechazan la petición, Sandra Heredia seguirá en cabeza del proceso; si la admiten, la jueza deberá aceptar la recusación y la justicia deberá examinar si es la más adecuada para dirigir el juicio.