Hacienda niega su responsabilidad por el declive de la inversión y apunta hacia los privados

¿Quién es el responsable tras la parálisis de la inversión en Colombia? El país lleva algo menos de dos años enfrascado en debates macroeconómicos de este calibre que, cada vez más, reducen el espacio para extraer los matices de una realidad compleja. De un lado se halla el aún novel Gobierno de izquierdas, con sus aprehensiones hacia los grandes poderes tradicionales de la empresa, y del otro un sector privado acostumbrado a lidiar con mandatarios que caminaban, de forma casi consensuada, sobre su misma línea de política económica.

El de Gustavo Petro es, quizás, el primero que discrepa de forma tan profunda en tantos frentes. Y lo hace en una coyuntura delicada. Su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró durante una conferencia de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el viernes pasado, que el “Estado colombiano en vivienda no construye, el Estado colombiano en vivienda entrega subsidios para que se hagan cierres financieros de las construcciones de las viviendas de interés social e interés prioritario”. En tono pedagógico, también recordó que esos recursos son para cubrir la cuota inicial y la tasa de interés.

Acto seguido, garantizó que el Ejecutivo ha cumplido con el desembolso. La pregunta que sigue es evidente: ¿en qué se utilizó entonces en 2023? “Se usó”, se respondió Bonilla, “para reducir el stock de vivienda en los años 21 y 22, pero no se está usando para reactivar la construcción de vivienda”. Un aire frío y perceptible recorrió el auditorio de la universidad bogotana donde se celebraba el coloquio. “Repito”, prosiguió el jefe de la cartera, “el Estado no construye. Hace muchos años perdió la opción de construir viviendas. Se entregan los fondos a través de subsidios para que los constructores privados sean los que finalmente dinamicen el mercado y construyan en aquellos sitios donde hay la demanda, pero también en otros sitios donde los colombianos necesitan vivienda”.

Eran dardos envenenados para un sector privado que, tras la publicación de los datos del PIB de 2023, enfiló baterías contra el Ejecutivo como mayor responsable de la pronunciada descolgada de -24,8% en inversión. Los analistas se apresuraron a señalar las falencias estatales a la hora de abonar el terreno con seguridad jurídica y claridad en sus políticas públicas para espolear la ejecución. Pero el Ejecutivo tenía guardados otros argumentos: “El segundo elemento tiene que ver con que en la construcción, el sector que más se redujo fue el de obras civiles. Y entonces la pregunta es ¿quién hace en Colombia las obras civiles?”, soltó de nuevo Ricardo Bonilla, ya en tono retórico.

Aprovechó entonces para detallar que “de tiempo atrás” el Estado cumple con estructurar los proyectos, estudia su factibilidad, modela los diseños y “entrega las obras en concesión. O, si las hace el INVÍAS, las contrata con constructores. Pero en la práctica, el Estado perdió hace años la capacidad de construir vías principales, secundarias o terciarias. Todas las contrata, ya sea en concesión o porque cada tramo de obra tiene que contratar y entregarlo a un constructor privado”.

El Estado giró en 2023 los 11 billones comprometidos para las obras civiles. El ministro Bonilla, pausado y metódico, apoyado en las cifras que se proyectaban en una pantalla gigante, fue un poco más allá y recordó que investigaciones periodísticas recientes han evidenciado que en algunos contratos en los que el Gobierno ha honrado sus pagos, las obras no han avanzando. Estos fondos, según Bonilla, se registran contablemente como inversión, pero han acabado con frecuencia en “unas fiducias”. Su conclusión es que el país tiene que debatir de dónde se van a sacar los recursos para atender los puntos críticos de una infraestructura notablemente atrasada cuando la “plata está comprometida en vigencias en otras obras que no se están haciendo”.

José Ignacio López, presidente de ANIF, concede que es “desafortunado que lo que estamos viendo es un giro presupuestal, que muchas veces están terminando en fiducias y no se está traduciendo en las obras”. Pero al mismo tiempo aboga por un diagnóstico más detallado que incluya los “problemas de inseguridad jurídica y física”, así como los problemas con las licencias ambientales que riñen con el desarrollo de ciertos proyectos: “Si uno tiene un diagnóstico de por qué están paralizadas las obras, también podría tener una solución”, remata López.

Para Marta Juanita Villaveces, decana de Economía en la Universidad Nacional, se debe abordar el análisis global con más reposo: “Es cierto, el Gobierno cumplió con los giros y entregas de subsidios para vivienda. Y cumplió con los adelantos, que no son los pagos completos, para inversión en obras civiles. ¿Quiere decir que ahí termina toda su responsabilidad a la hora de afectar la inversión?”, se pregunta la académica. Su respuesta tiene muchos más matices y pasa por analizar el impacto de las tasas de interés, entre las más altas de la región y finalmente en descenso, sobre el cierre de muchos proyectos de vivienda que no serán vendidas.

“En el tema de obras civiles deberíamos tener en cuenta el congelamiento de los peajes en 2023″, continúa Villaveces en referencia a una decisión unilateral del Ejecutivo sobre una fuente de financiación de las obras: “eso generó un rezago en los cálculos que hacen los inversionistas para lograr cumplir su cierre financiero”. El debate parece, por momentos, un peloteo entre dos competidores antagónicos. Pero la mayoría de analistas coincide en que una buena política pública suele desembocar en proyectos sólidos de inversión privada. Villaveces pone de relieve que se debería clarificar la crisis con mejor comunicación: “Se deben favorecer las condiciones para los actores privados. Pero también ampliar la participación de otros actores. El momento y quizás las formas en los mensajes no han sido las adecuadas. Los inversionistas extranjeros, por ejemplo, han sentido que se van a cambiar las reglas de juego y eso genera incertidumbre”.

El Gobierno ya ha tratado de tender puentes con el sector privado. Pero el camino ha sido pedregoso. “El reto de recuperar la inversión es, sin duda, fundamental para impulsar la actividad económica no solo en el corto plazo, sino para generar una senda de crecimiento sostenible de la economía en el mediano y el largo”, argumentó por su parte Leonardo Villar, director del Banco de la República. En su estilo, ajeno a las pasiones políticas, cerró con un diagnóstico preciso frente a un auditorio lleno: “El mayor problema planteado es administrativo y hay que buscar una solución, cerrar el desfase y que la inversión, tanto pública como privada, se recupere”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.