La emergencia climática desafía la capacidad del Estado para contener una ola de fenómenos extremos

La ciencia de predecir con exactitud un incendio forestal, un huracán, una inundación o un terremoto nunca ha resultado una labor sencilla. Y, sin embargo, los fenómenos cada vez son más frecuentes y más letales. En lo que va corrido de enero en Colombia ha habido estragos climáticos en los Cerros Orientales de Bogotá, en la carretera Quibdó-Medellín, el Valle del Cauca o la Amazonía. Para enfrentarlos, el país cuenta con un avanzado y completo Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Sin embargo, expertos como el consultor internacional Jair Torres consideran que su comprensión y ejecución es aún muy parcial.

Las imágenes de los bomberos en los cerros bogotanos, o de los cuerpos de socorro en el derrumbe en el Chocó, dejan la impresión de que ante el infortunio y la “ira divina” de la naturaleza solo queda la rápida gestión de las autoridades. Se trata, no obstante, del último eslabón dentro de una detallada legislación que inmiscuye a las autoridades locales, departamentales y nacionales y que tiene como faro y guía la anticipación de los desastres.

Omar Darío Cardona dirigió la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) entre 1992 y 1995. Cuenta que en los cenáculos científicos internacionales dedicados a estos temas, el país goza con cierto prestigio por su “legislación y marco conceptual, basado no en atender emergencias, sino justamente en anticiparse”. Desde tragedias como el terremoto de Popayán (1983) o la avalancha de Armero (1985), Colombia ha venido cociendo a fuego lento una normativa para la protección de un país colmado de limitaciones como “la pobreza, la marginalidad, los pueblos y ciudades sin un desarrollo urbano apropiado, con barrios en zonas de alto riesgo”, entre otras problemáticas, enlista Cardona.

Lo expone para desentrañar la complejidad que forman una amalgama de fenómenos físicos, naturales y accidentes humanos. Por eso el experto en derecho ambiental Gustavo Wilches-Chaux apunta que el plan de gestión de riesgos en Colombia implica “mirar todos los factores, adelantarse a todas las amenazas que puedan generar vulnerabilidades para evitar en lo posible que se conviertan en desastre”. Y añade: “Hay una definición que a mí me gusta mucho y es que un desastre es un riesgo mal manejado”.

Los colombianos no están, sobre el papel, indefensos frente a los bandazos de la naturaleza, que en palabras de Wilches-Chaux está ejerciendo una auditoría implacable contra tantas décadas de ataques e irrespeto humano. Pero ese protocolo que comprende tres niveles, según la ley 1523, es insuficiente ante la inoperancia y falta de profesionalismo de ciertos funcionarios, la falta de continuidad en su aplicación y la desarticulación entre los entes nacionales, departamentales y locales. La teoría indica que el primer paso en el proceso es conocer al detalle el nivel de riesgo o de vulnerabilidad ambiental. El segundo es la reducción de ese riesgo a través de, por ejemplo, obras de infraestructura, protección de los barrios o construcción de diques contra las inundaciones.

El último eslabón, a todas luces el más visible, es la respuesta a la emergencia. Es el punto en que figuran los bomberos, la protección civil, los militares o los equipos de salud. La tarea completa la debe orquestar la INGRD, pero su ejecución corre por cuenta de los estamentos departamentales, municipales y del Gobierno Nacional. Los Planes de Ordenamiento Territorial en las ciudades, de hecho, son un primer campo vital para que los alcaldes y concejos diseñen ciudades con zonas apropiadas, condiciones ambientales, económicas y sociales sin peligros ni riesgos.

Jair Torres, que ha sido consultor de la ONU, añade que el enfoque debe integrar mejor la situación en las islas y las costas: “Con todos los esfuerzos que se han hecho en Colombia en gestión de riesgos, aún se sigue pensando en un país continental. Los planes tienen un diseño para el país andino y no uno de islas. Por eso lo que pasó con el huracán Julia (2022) en San Andrés generó tantos problemas”. Cardona añade sus preocupaciones: “¿Qué hizo el Gobierno si sabía que hay un fenómeno de El Niño? Estaba anunciado científicamente. No prepararon a nadie ni le hicieron gestión a nadie. Por eso la respuesta es remedial cuando ya estamos metidos en la crisis anunciada”.

A todo lo anterior se suma el nombramiento de funcionarios sin el perfil académico o laboral adecuado. Basta citar el caso del actual director general de la UNGRD, Olmedo López Martínez, un político de carrera suspendido temporalmente hasta finales de enero por la Procuraduría por su gestión “negligente y descuidada” en la reconstrucción de Mocoa (Putumayo) y Piojó (Atlántico). “Es un tema politiquero. Burocrático”, sentencia Omar Darío Cardona sin asomo de duda, “en Colombia hay especialistas que se han gastado la vida estudiando estas cosas. Pero la Unidad de gestión hoy está en manos de gente totalmente incompetente. Desde el punto de vista técnico, es una falta de respeto con la ciencia”.

De poco sirve, coinciden los observadores, tener una legislación bien estructurada si el abordaje de los políticos y el impulso a las políticas públicas en temas de sostenibilidad, desarrollo o gestión están mal manejados. De todo lo anterior solo se derivan rumores sobre casos de corrupción y corporaciones nutridas por fichas burocráticas que protegen los presupuestos como botín partidista. Los ciudadanos y los medios de comunicación se preguntan: ¿cómo podría resolverse un tema por tanto tiempo marginado?

Los expertos responden que es el momento para revisar con cuidado los planes existentes: “Debe haber más compromiso político”, remata Wilches-Chaux, “debe haber mejor comunicación entre los distintos niveles del Estado. Los desastres evitados son un buen indicador de desarrollo. ¡Tenemos que dejar de entender la gestión del riesgo como el airbag que se infla para proteger al conductor a la hora del choque!”.

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