Los claroscuros legales en el presupuesto del Gobierno dejan tambaleando un centenar de grandes proyectos

Las cuentas del Gobierno de Gustavo Petro para 2024 presentan algunos claroscuros que no dejan dormir a más de uno en Colombia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dado algunas explicaciones parciales ante el alud de críticas por la falta de detalle en el decreto de liquidación del presupuesto aprobado por el Congreso en octubre del año pasado. El foco del problema se concentra en la ausencia de información desagregada para el gasto de 13 billones de pesos (unos 3.200 millones de dólares), un 13% del total del dinero para inversión, que se daba por hecho serían canalizados hacia sectores clave como transporte o educación.

En una movida de última hora, sin embargo, el Ejecutivo incluyó esos recursos en una partida global sin rumbo fijo. Una situación que para muchos deja un mal precedente y podría estallar como una bomba reputacional. Algunos expertos, como el abogado y exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, ya han indicado que no resulta descabellado pensar en una suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado, con el obstáculo temporal que esto supondría en los planes de ejecución del Gobierno. Debido a que la ley exige desagregar el gasto por proyecto, la decisión de Hacienda estaría violando los principios fundamentales del estatuto orgánico de presupuesto.

“Es un ejercicio de priorización”, argumentó el ministro Bonilla, “que nos pidió el presidente para ver en qué van cada una de las obras. Esto implica renegociar las vigencias futuras [el dinero que ya se comprometió en megaobras que necesitan recursos por varios años]”. Unas declaraciones que no hicieron otra cosa que agitar más el ambiente entre gremios y analistas alarmados por las limitaciones para chequear las finanzas públicas. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), gremio que agrupa a los principales concesionarios de vías o aeropuertos, recuerda que las vigencias futuras “son compromisos soberanos irrevocables del Estado que se deben pagar sin falta, año a año, para garantizar la financiación de concesiones viales y otras obras de infraestructura de transporte”.

La inconsistencia del Ejecutivo lo ha dejado en medio del fuego cruzado. “El hecho es tan ilegal e inédito”, subraya Juan Camilo Restrepo, “que no veo un vademécum para solucionar esto, porque las partidas globales están prohibidas y además es grave que las vigencias futuras estén desprovistas de recursos e identificadas, como ha sucedido”. Del centenar de proyectos que se podrían ver afectados, el que se ha llevado la primera plana en los medios ha sido el primer tramo de la línea 1 del mil veces prometido metro de Bogotá.

El ministro Bonilla señaló que los 776.139 millones proyectados para la obra de infraestructura más grande del país estarán sujetos al examen oficial debido al “nivel de retraso de la obra”. Un problema cuyo trasfondo radica en las diferencias por el diseño del metro. Mientras el presidente Petro ha defendido desde la campaña presidencial cambiar el contrato actual para hacer una parte del metro soterrado, las administraciones capitalinas han respaldado por contra la concesión actual, que trabaja en la construcción de un tren elevado. Por eso, más de uno evidencia en las palabras de Bonilla una suerte de retaliación política que hereda el nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de su predecesora, Claudia López.

Galán ha salido con premura para recordar que el retraso en las obras es mínimo dentro del cronograma de “una obra de tal magnitud, y estamos trabajando para que se resuelva”. La gran pregunta gravita en torno a la reacción de grandes cofinanciadores del proyecto como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). ¿Habrá demandas por incumplimiento estatal? “Estamos hablando de recursos públicos y de recursos del público”, alerta Juan Carlos Quiñones, abogado de la CCI, “de los ahorradores, de los fondos de pensiones. El pago de las acreencias es vital porque se trata de recursos de la ciudadanía”.

Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, detalla que en otras ocasiones ha habido lagunas o puntos ciegos en la desagregación del presupuesto. “A veces a uno no le queda claro, por ejemplo, cuál es el propósito de ciertos proyectos. Pero nunca como en este caso”. De la misma forma, asegura que el Gobierno tiene un grado importante de discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. “Eso se ve claro en el hecho de que el presupuesto de funcionamiento no es el ideal para los estándares internacionales”.

¿Es posible renegociar las vigencias futuras como lo sugirió el ministro de Hacienda? “No es posible que de manera unilateral o a motu propio el Ejecutivo”, argumenta Quiñones, “pague sumas menores, no las pague, o pretenda renegociar las vigencias. ¿Por qué? Porque el compromiso del Estado está incorporado a un contrato y debe honrarlo en la cuantía y dimensión que está previsto para el 2024″. Otros expertos han propuesto expedir un “decreto de yerros”, pero Juan Camilo Restrepo rechaza de tajo la fórmula: “Tiene que ser uno diferente porque acá no ha habido ningún yerro por corregir. Lo correcto es un decreto nuevo desglosando las partidas”.

El presupuesto total para 2024 asciende a 502,6 billones de pesos, unos 1.250 millones de dólares. Si el Gobierno no cede en el camino escogido, subraya Pardo, los riesgos de corrupción y falta de transparencia se multiplican. “Estas decisiones generan inquietud e incertidumbre. Nadie sabe en qué se van a gastar esa plata. Si se va a utilizar en el mejoramiento de la vía entre Pereira y Armenia o si esos recursos, en realidad, se van a direccionar a otras urgencias del Gobierno”.

En la práctica, se trata de un nuevo obstáculo para la gestión del gasto público de un Gobierno atascado en materia de inversión, ejecución y desarrollo de obras de infraestructura. Desde ciertos grupos empresariales consideran que ha sido una estrategia política fallida del Estado para ganar control sobre el gasto. Una tesis que Juan Camilo Restrepo respalda sin ambages. “Esto nunca se había presentado en Colombia. Y todo indica que ha sido una tentativa de la presidencia de la República, que no va a prosperar, para saltarse las normas de oro que rigen el presupuesto y poder hacerse cargo de 13 billones de pesos con el fin de asignarlos al capricho político del Ejecutivo”.

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