Un móvil podría durar 12 años si no se acortara su vida intencionadamente

Medias que se rompen al primer uso, bombillas con una vida útil de solo 1.000 horas y lavadoras que funcionan durante poco más de un lustro. La obsolescencia programada afecta a productos de múltiples sectores entre los que destacan el textil, el de los electrodomésticos y, también, el de los smartphones, que en muchas ocasiones se ralentizan y empiezan a dar fallos apenas un par de años después de comprarlos.

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“Absolutamente todos los fabricantes de móviles la practican en estos momentos. Cuando el móvil se ralentiza o ciertas apps no funcionan, el usuario ya empieza a pensar que es normal”, asegura Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss). Actualmente la vida útil de un teléfono, según sostiene, es de dos años. Después, es frecuente que empiece a dar problemas y Muros explica que su reparación puede costar hasta un 40% de lo que valdría comprar uno nuevo. “Si no existiera la obsolescencia programada, un teléfono móvil tendría una vida útil de 12 a 15 años”, afirma.

La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia (AGCM) impuso hace dos semanas una multa de cinco millones de euros Samsung y otra de 10 millones Apple por obligar a sus clientes a realizar actualizaciones de software que ralentizaban los teléfonos móviles. Ambas compañías han sido acusadas por la autoridad de llevar a cabo “prácticas comerciales injustas” que causaron “graves disfunciones [en los dispositivos] y redujeron significativamente su funcionamiento, acelerando así su sustitución por productos más recientes".

Estas multas suponen “un comienzo para hablar de la obsolescencia programada”, según explica Enrique Martínez Pretel, miembro del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática de España y CEO de la empresa de peritos informáticos Evidentics. Pero esta suma “no es nada para estas empresas”: “Apple ganó 16.040 millones de euros solo en el cuarto trimestre de 2014, el año que salió el iPhone 6, que es el dispositivo por el que ha recibido la sanción”.

Falta de legislación en España

En España, el Real decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluye dentro de las obligaciones para los fabricantes que estos aparatos sean diseñados y producidos de forma que se prolongue lo máximo posible su vida útil. La Comisión Europea plantea que en el 2020 esta información de durabilidad sea obligatoria para los fabricantes, según explica Martínez Pretel.

Mientras que en países como Italia o Francia ya se promueven leyes para que se prohíban totalmente estas prácticas, en España no hay ninguna ley que penalice la obsolescencia programada. En 2016, el Partido Socialista proponía en su programa electoral “prohibir y penalizar de forma estricta las prácticas de obsolescencia tecnológica forzada de los productos por parte de las empresas”. La Comisión de Sanidad del Congreso aprobó por unanimidad en abril de 2017 una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que instaba al Gobierno del PP a prohibir la obsolescencia programada.

“Francia ha sido el primer país europeo que ha introducido medidas para erradicar este tipo de prácticas que no pueden mantenerse porque requieren del uso de recursos naturales finitos, generan gran cantidad de desechos y un quebranto económico para el consumidor y tienen consecuencias negativas para la salud pública y el medio ambiente”, explicó entonces la portavoz socialista de Consumo, Begoña Tundidor.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han explicado a EL PAÍS que para el Gobierno es primordial implementar acciones al respecto que se promuevan y apliquen en toda la Unión Europea. La Comisión Europea presentó en diciembre de 2015 el Plan de Acción para una economía circular en Europa, en el que se pretende analizar las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos. Dichas fuentes afirman que en el marco de este plan “estaba previsto que en 2018 se evaluara a nivel comunitario la posibilidad de elaborar un programa independiente de ensayos sobre la obsolescencia programada”. “Habrá que esperar a los trabajos realizados por la Comisión Europea sobre este tema”, sostienen.

Organizaciones como Feniss o Amigos de la Tierra intentan concienciar a los políticos de la importancia de acabar con este vacío legal. Esta última asociación inició una campaña en 2017 para pedir al Ministerio de Hacienda una reducción del IVA aplicado a los servicios de reparación y a los establecimientos de segunda mano y alquiler —del 21% actual al 10%—. “Tenemos casi 5.000 firmas y nos reuniremos próximamente con los ministerios para intentar que hagan efectiva la demanda”, cuenta Alodia Pérez, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra.

Pérez explica que la gente cambia de móvil de media una vez al año y que los primeros móviles tenían una vida útil de hasta seis años. “Vivimos en la era de la obsolescencia programada. No solo en los móviles, también en los muebles, el calzado o los electrodomésticos. Las lavadoras que tenían nuestros padres duraban 20 o 30 años y ahora pocas duran más de siete”, sostiene. Se trata, según afirma, de una estrategia de mercado muy instaurada para poder seguir vendiendo.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha mostrado a este periódico su preocupación por el efecto directo de estas prácticas “en el aumento del volumen de residuos generados y el incremento en el ritmo de producción de estos residuos”. El presidente de Feniss explica que cada año se generan 30.000 millones de toneladas de basura electrónica. De hecho, en 2025 se generarán 53,9 millones de toneladas de desechos procedentes de productos electrónicos, según la Oficina Internacional de Reciclaje. “No podemos seguir consumiendo como lo hacemos porque en 20 años no existirán las materias primas y estaremos ahogados en nuestra propia basura”, concluye Muros.