La comisión que evalúa la eutanasia en Cataluña estalla contra la ofensiva ultracatólica: “Quieren meternos miedo”

La asociación ultracatólica Abogados Cristianos lleva tiempo tratando de obstaculizar, en los tribunales, la aplicación de la ley de eutanasia. Ha logrado paralizar uno de los casos más sangrantes, el de Noelia, la joven parapléjica de 24 años que padece un sufrimiento terrible a la espera de que el Tribunal Supremo confirme, finalmente, que tiene derecho a recibir la prestación de ayuda a morir. La entidad ha cruzado ahora otro rubicón: ha logrado que un juzgado abra una investigación penal contra dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC, por sus siglas en catalán), el órgano independiente que vela por la correcta aplicación de la norma caso por caso. El presidente y varios de sus miembros han conversado con EL PAÍS para denunciar que la ofensiva ultra no solo busca amedrentar a los profesionales y coartar su labor, sino que deja en el olvido el sufrimiento de los afectados.

“¡Importante avance en el caso Noelia!”, celebró Abogados Cristianos en su cuenta de X, donde resumía su sensación de victoria: un juzgado de Barcelona había admitido a trámite su querella contra un médico y una jurista de la CGAC por falsedad en documento público y prevaricación administrativa. La entidad indicaba sus iniciales, fáciles de cotejar porque sus identidades son públicas. La acción penal se llevaba cocinando desde que los profesionales declararon en el juicio ―el primero en España― para decidir si la eutanasia a Noelia se ajustó a la ley. La joven tuvo que declarar para reclamar su derecho a morir. “Todos los días son horribles y dolorosos”, dijo.

La jueza concluyó, el pasado marzo, que la eutanasia a Noelia era legal, tras constatar que está en plenas facultades mentales para decidir y que su sufrimiento es “grave, crónico e imposibilitante”. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificó la decisión, pero abrió la puerta a recurrir ante el Tribunal Supremo y eso hizo Abogados Cristianos, que representa al padre de la joven. De ahí que Noelia siga viva, condenada a sufrir cada día en un centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes (Barcelona). Desde que quedó parapléjica tras un intento de suicidio en octubre de 2022, su padecimiento ha aumentado, en parte por el proceso judicial, según los informes médicos.

“Sabíamos que podía ocurrir porque lo medio anunciaron en el juicio. Pero después pasó el tiempo y nos olvidamos”, cuenta uno de los querellados, ambos vocales sustitutos de la Comisión. “Es grave que pase esto, no tienen miramientos por los afectados y solo quieren meternos miedo”, añade.

Más garantías para Noelia

Cada vez que un caso aterriza en el organismo de control, este designa a una dupla (médico-jurista) para decidir si la petición se ajusta a la ley, aprobada en 2021. El caso de Noelia fue singular. Los dos querellados firmaron que estaban en desacuerdo, pero solo para forzar un pronunciamiento del pleno; es decir, para otorgar aún más garantías al proceso. Esa necesidad de reforzar la decisión tenía que ver tanto con la edad de Noelia como con el debate sobre su capacidad psicológica para decidir, que había sido avalada por informes psiquiátricos (algo que también quedó en evidencia en el juicio). En su sentencia sobre el caso, la jueza ya dijo que la actuación de la dupla “en absoluto vicia de nulidad el procedimiento, pues otorga a la decisión mayores garantías”.

“El informe preliminar de la dupla médico-jurista es dicotómico: o favorable o desfavorable, no hay forma de poner dudoso o que quieren discutirlo [en el pleno]”, explica Albert Tuca, presidente de la CGAC. Así que la fórmula que consensuaron para esos casos fue la de hacer un informe preliminar discrepante que manifestase la duda para poder elevarlo a la plenaria. “Es poco común, pero se da en casos de especial complejidad. Y ahí, en el pleno, se discute entre todos y permite una visión más amplia. Ese es el informe definitivo”, ilustra Tuca. El 15 de julio de 2024, tres meses después de que entrara la solicitud de Noelia, los 19 miembros del órgano emitieron, por unanimidad, un informe favorable. La eutanasia quedó programada para el 2 de agosto, pero un recurso de última hora del padre, a través de Abogados Cristianos, logró paralizarla. Y así hasta hoy.

La entidad ultra interpreta de forma más maliciosa la firma en contra de la dupla: cree que supone reconocer que “falsearon un informe” y por eso “la eutanasia no puede seguir adelante”, según palabras difundidas en X por su presidenta, Polonia Castellanos. “Vamos a hacer todo lo posible para que no se lleve a cabo”, agregó. Además de falsificación en documento público, la querella —que inicialmente iba dirigida contra seis personas, pero solo se ha admitido contra dos— les acusa de prevaricación administrativa. La titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, Eva Moltó, la ha admitido a trámite, por lo que previsiblemente escuchará a los dos investigados, una decisión que ha indignado a los colectivos implicados en la gestión de la eutanasia.

El presidente Tuca admite a este diario que la judicialización de estos procesos se vive desde dentro “con preocupación, pero con confianza en la justicia”, que en su opinión acabará validando la actuación profesional. “Existe una gran seguridad en todos los profesionales de que actúan con rigor en los protocolos y con honestidad”. Oncólogo y experto en cuidados paliativos, evita valorar las intenciones de la batalla emprendida por Abogados Cristianos. Sostiene que el evidente “sesgo ideológico” de la entidad es “respetable”, pero critica que atacar en la vía penal, con denuncias contra personas concretas, puede ser un “elemento de presión” sobre los profesionales. “Un clima de judicialización crea una inquietud que puede limitar o condicionar a los profesionales para aceptar participar en una comisión o en una deliberación. Y genera una preocupación añadida en procedimientos que ya son difíciles”.

“No piensan en los afectados”

Núria Terribas, vocal de la comisión, se expresa de forma más contundente. Está “indignada” con la actuación de Abogados Cristianos, que intenta “torpedear” la ley de eutanasia y ha hecho una “manipulación indecente” del padre de la Noelia. La querella busca, opina, “hacer ruido mediático, que se hable y se acabe influyendo en la decisión judicial definitiva”, en alusión al Tribunal Supremo, que debe decidir si admite a trámite el recurso de casación presentado por la entidad. “Es una maniobra sucia contra los miembros de la Comisión de Garantía”, agrega. Además de señalar a los profesionales, la consecuencia es que solo provocan “el sufrimiento de personas que ven cómo se alargan sus procesos porque se han judicializado por tener informes favorables”. “No piensan en los afectados”, resume.

En ese factor de alivio del sufrimiento piensa Albert Planes. “Si hay un valor presente en la vida de Jesús y en la tradición cristiana es la compasión con los otros. La actuación de Abogados Cristianos va en contra de eso. No tiene en cuenta el dolor y el sufrimiento del demandante ni de sus familias. La eutanasia es un derecho fundamental”. Referente de la eutanasia en atención primaria y miembro del grupo de ética de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, vive con “pena” el caso de Noelia y también esta nueva derivada penal contra “los profesionales que deciden sobre la aplicación de la ley”. “Quieren mal ambiente y generar inseguridad, incluso para los miembros de la comisión. Pero no lo van a conseguir”, subraya.

Planes compara la ofensiva con otras en el pasado contra leyes que suponían nuevos derechos, como el divorcio o el aborto. La batalla de Abogados Cristianos contra la eutanasia recuerda a la que otra entidad de talante ultraconservador, E-Cristians, desarrolló durante años contra la interrupción del embarazo. Su actuación más destacada fue la denuncia contra las clínicas abortivas del doctor Carlos Morín en Barcelona. En España, en 2023, un total de 766 personas solicitaron la prestación de ayuda a morir. En Cataluña, según los datos de la Comisión, el año pasado la solicitaron 358 ciudadanos.