A Noelia no le dejan morir: la grieta que se abre en la ley de eutanasia

Noelia debería estar muerta. A diferencia del común de los mortales, conocía de antemano la fecha de su fallecimiento: el 2 de agosto de 2024. Pero Noelia sigue viva a su pesar, luchando por ejercer su derecho a morir dignamente contra quienes tratan de impedírselo: su padre, la organización católica Abogados Cristianos y el juzgado de lo contencioso-administrativo número 12 de Barcelona. La víspera del día señalado, la jueza suspendió de forma cautelar la aplicación de la eutanasia a esta joven parapléjica de 24 años. Su caso, el primero que llega a juicio en España, está pendiente de sentencia. Pero ha abierto ya una grieta en la aplicación de la ley, que ni contemplaba batallas judiciales ni la aparición de terceras personas dispuestas a alterar la voluntad del afectado.

La vida de Noelia, nacida en una familia muy desestructurada, ha sido de todo menos plácida. Las adicciones y los problemas de salud mental de los padres le llevaron a permanecer buena parte de su infancia y adolescencia en centros de menores, algunos con un marcado componente católico, según las fuentes consultadas por este diario. Los renglones de su biografía se torcieron todavía más en 2022. Noelia sufrió una agresión sexual múltiple y, el 4 de octubre de ese año, después de haber consumido cocaína, se arrojó desde el quinto piso de un edificio. No murió en el intento de suicidio como no consigue morir ahora. Pero quedó postrada sin remedio en una silla de ruedas, diagnosticada de una paraplejia completa.

Noelia sufre secuelas “permanentes e irreversibles” que le impiden llevar una vida mínimamente satisfactoria. El lenguaje médico, frío, es a veces más poderoso que cualquier metáfora: alteración sensitiva, dolor neuropático, incontinencia fecal, vejiga que precisa sondas cada seis horas, dependencia funcional. Durante su rehabilitación en el Instituto Guttman de Badalona, ya expresó su voluntad de poner fin a tanto sufrimiento. “Ha predominado el deseo de solicitar la eutanasia”; “verbaliza que no quiere vivir”, escribieron sus doctoras tras entrevistarse con ella. El 10 de abril de 2024, formalizó su petición ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano independiente (cada comunidad tiene el suyo) formado por juristas, médicos y expertos en bioética que garantiza la correcta aplicación de la ley de eutanasia.

Los profesionales que han tratado con Noelia han sido más prudentes de lo habitual por tratarse de una chica joven. Hasta el punto de que los dos técnicos (un médico y una jurista) del CGAC que debían evaluar su caso fingieron que estaban en “desacuerdo” para forzar un pronunciamiento del pleno. El 15 de julio de 2024, tres meses después de la solicitud, sus 19 miembros emitieron, por unanimidad, un informe favorable a que Noelia recibiera la prestación de ayuda a morir. Presentaba “una situación clínica no recuperable” que le producía “una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante” con incidencia en su autonomía y en sus actividades diarias, por lo que cumplía con uno de los dos supuestos contemplados en la ley.

Una vía para combatir la ley

Fue entonces cuando Javier, el padre, entró en escena para impedir que el deseo de su hija, avalado por los expertos, se hiciera realidad. El hombre se puso en manos de la Fundación Española de Abogados Cristianos, famosa por haber llevado a los tribunales casos de sátiras sobre el catolicismo y, también, por sus intentos de torpedear la aplicación de la ley de eutanasia. La entidad optó por una vía que no había explorado antes: la contenciosa. Se trata, al fin y al cabo, de discutir la legalidad de una resolución de la administración. En esos procesos, sin embargo, es necesario que la persona que demanda tenga legitimación, por eso el padre sostiene que “forma parte del círculo jurídico vital” de la paciente, que mantiene con él una relación compleja, de amor-odio.

La demanda sostiene que la decisión de la CGAC vulnera el derecho fundamental a la vida e incumple los requisitos de una ley de la que se está “abusando”. Argumenta que Noelia no está preparada para decidir su destino. Sus problemas de salud mental (trastorno obsesivo-compulsivo) y supuestos cambios de opinión sobre la eutanasia “afectan a su capacidad para tomar una decisión libre”, le “nublan el juicio”. El padre ha aportado unos vídeos en los que se ve a Noelia “andar con ayuda de un andador”, lo que en su opinión refleja una mejora en su estado y le permiten llevar “una vida prácticamente normal”. Y expresa una esperanza que es suya, no de Noelia: tiene “muchísima vida por delante”.

Ninguno de esos argumentos tiene base alguna, según quedó en evidencia en el juicio, celebrado el martes a puerta cerrada (para proteger la intimidad de la afectada) en Barcelona. Siete médicos y peritos ratificaron que Noelia está plenamente capacitada para solicitar la eutanasia y que no ha cambiado de parecer. La joven, de hecho, repitió que su voluntad inequívoca, desde hace más de un año, es poner fin a su vida, y que lo único que están causando su padre y Abogados Cristianos es estirar el chicle y, paradójicamente, hacerle perder el tiempo y generarle más sufrimiento.

No hay “interés legítimo”

Javier tiene motivos humanamente comprensibles: quiere que su hija viva, cueste lo que cueste, aunque para eso tenga que doblegar su voluntad. Pero con eso no basta. Ser el padre no le otorga de forma automática el “interés legítimo” que exige la justicia; menos aún cuando no mantiene un interés “concurrente”, sino “confrontado” con Noelia, razona, en un brillante alegato, Josep Maria Torrent, abogado de la Generalitat, que defiende la decisión del CGAC y, de paso, los intereses de la joven.

El derecho a vivir (y a morir) es “personalísimo” e “intransferible”, y no se puede pretender “proteger un derecho fundamental contra la voluntad de su titular”, recuerda en el escrito de oposición a la demanda. La Generalitat critica que el proceso judicial al que se le ha sometido solo está sirviendo para “dilatar la prestación reconocida” (han pasado ya ocho meses desde que la eutanasia fue aprobada) y para tratar de hostigar a Noelia hasta convencerla de que “desista”. La entidad católica, añade el texto, “se limita a expresar una divergencia ideológica tan legítima como inocua”.

El caso de Noelia se decidirá en las próximas semanas. La Fiscalía de Barcelona, que se mostró favorable a suspender temporalmente la eutanasia, ha de pronunciarse sobre el fondo del asunto antes de que se dicte sentencia. Pero la grieta está abierta.

El proceso contencioso ha logrado, de entrada, retrasar la aplicación de una eutanasia ya aprobada y programada. Y puede animar a otros en la misma situación a explorar esa vía. “Supongo que habrá muchos casos en el futuro, los familiares pedirán ayuda y es fundamental que puedan ganar tiempo”, explica Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, que parte de la premisa de que Noelia sufre una enfermedad mental que le impide decidir libremente y critica el papel de la administración. “Es escalofriante el empeño de la Generalitat en acabar con la vida de una chica de 24 años, en lugar de echarse a un lado y dejar que la familia la ayude y le salve la vida”. Castellanos sostiene que el padre tiene legitimación porque es “la persona que más la quiere” y critica que los comités de garantías “están viciados” y “no son garantistas”.

Hasta ahora, todos los recursos por parte de terceros para impedir una eutanasia habían sido inadmitidos, por lo que ninguno había llegado a juicio. Habían entendido los jueces que los múltiples expertos que participan en los procesos los avalan teniendo en cuenta todas las consideraciones. Pero el riesgo de que esa vía se abra paso está ahí.

“Es un boicot ideológico”

La asociación Derecho a Morir Dignamente, una de las impulsoras de la ley de eutanasia, ve con “mucha preocupación” la espita que abre el juicio. Su presidente, Javier Velasco, cree que el procedimiento liderado por Abogados Cristianos es “un boicot ideológico” a la norma y atenta contra su espíritu. “El texto preveía contenciosos solo en caso de que se denegase la prestación, y solo por parte del afectado, ya que se trata de un derecho personalísimo”, defiende.

En su opinión, un tercero “no tiene derecho” a la suspensión cautelar de la prestación. “Lo que ha sucedido en Cataluña es judicializar el derecho [a la muerte digna] de una forma insostenible. La ley, que es la más garantista que existe, obliga a que la persona que lo solicite sea mayor de edad y esté en plenas facultades para decidir, como es el caso. Al estimar este recurso se ha desacreditado por completo al comité de garantías de Cataluña”, continúa.

Torrent, el abogado de la Generalitat en el caso de Noelia, también teme que se haya abierto una senda peligrosa. Y señala que, ante un derecho fundamental, el interés de un tercero “ha de quedar reservado para supuestos muy excepcionales”. “¿Alguien se plantearía que se pudiera parar judicialmente la libre decisión de interrumpir el embarazo de un familiar? ¿O de cambiar de sexo?”, se pregunta. Impedir que grupos como Abogados Cristianos recurran a los tribunales es inviable. Pero cuando lo hacen “sin fundamentos sólidos”, sus pretensiones “han de ser inadmitidas rápidamente” para no causar más daño, para no prolongar el calvario de una chica que tuvo que repetir ante la jueza, alto y claro, por si a alguien no lo había entendido: “Quiero acabar de una vez”.