El aborto regresa al Supremo de Estados Unidos con el uso de un medicamento para interrumpir el embarazo

El acceso al aborto en Estados Unidos vuelve este martes al Supremo. Lo hará con un caso que cuestiona la conveniencia de la administración sin ciertas restricciones de la mifepristona, un fármaco que, combinado con otro llamado misoprotol, forma el cóctel más empleado en las interrupciones de embarazo en este país. Se trata del mismo alto tribunal que inauguró una nueva y caótica era en la libertad reproductiva de las mujeres en junio de 2022, cuando sus nueve magistrados, seis de ellos conservadores, tres de los cuales nombró Donald Trump, tumbaron el precedente de medio siglo fijado por la histórica sentencia Roe contra Wade.

Aquel fallo se tradujo en la derogación la protección federal al aborto y en la devolución a los Estados del poder para regular en ese asunto: desde entonces, 21 han prohibido o restringido severamente ese derecho en mitad de un mapa difícil de dibujar por las legislaciones cruzadas y las batallas en los tribunales. En los 14 territorios que cuentan con un veto total, este también afecta a la mifepristona.

El caso de este martes, FDA Vs Alliance for Hipocratic Medicine (AHM), enfrenta a la agencia del medicamento contra una asociación antiabortista creada en junio de 2022 y que lanzó su cruzada contra el fármaco desde el Estado republicano de Texas. El veredicto del Supremo, que no se conocerá hasta el final del curso judicial, a finales de junio, podría aumentar las restricciones a su acceso (rebajando el plazo y las condiciones en las que a los médicos les está permitido recetarlo ), lo cual tendría consecuencias en todo el país, también en aquellos lugares en los que sigue siendo legal el aborto. En torno al 63% de las interrupciones del embarazo se llevan a cabo en Estados Unidos recurriendo a estas pastillas, según los últimos datos del Instituto Guttmacher. En 2020, cuando aún estaba en vigor Roe contra Wade, las píldoras concursaban en el 53% de los casos.

“Ese incremento indica que el acceso a esos medicamentos ha sido aún más fundamental tras la prohibición del Supremo que antes, porque los números confirman que el número de abortos no ha disminuido [desde 2022], sino que ha crecido hasta los niveles más altos en más de una década”, explica Destiny López, consejera delegada en funciones de ese instituto, dedicado a la defensa de la libertad reproductiva. Las pacientes que recurren a esos métodos aducen razones de privacidad o de conveniencia para no acudir a la consulta de un médico. Y luego están aquellas que viven en lugares en los que la interrupción del embarazo está prohibida o severamente restringida, lo que les obliga a emprender viajes, largos y costosos, a otros Estados, con destino a menudo a clínicas que llevan casi dos años saturadas por el aumento de solicitudes.

Los demandantes buscaron con cuidado un tribunal (el del distrito de Amarillo) y un juez conservador (Matthew Kacsmaryk, con un prolongado historial de decisiones contra el aborto) para lograr su objetivo, con el argumento de que la FDA pasó por alto amenazas a la salud pública cuando tras la pandemia permitió que la mifepristona se obtuviera con mayor facilidad, sin necesidad de acudir al médico en persona o ampliando la flexibilidad para comprar las píldoras por correo. En los argumentos legales aportados al Supremo, la AHM habla, sin aportar pruebas, de “decenas de miles de complicaciones en pacientes derivadas del uso de la mifepristona”.

Lo cierto es que cuando la FDA aprobó su uso en 2000 reconoció que esta podía provocar hemorragias e impuso una serie de restricciones a su distribución que luego fue aliviando con los años. Al principio, solo se permitía su uso en las primeras siete semanas de gestación, plazo que se amplió en 2016 a las 10 actuales. En estas dos décadas, un centenar de estudios científicos han concluido que se trata de un fármaco seguro, y que no reviste contraindicaciones más graves que otros medicamentos de uso extendido. Recientemente, una publicación médica se retractó de dos estudios que sostenían lo contrario. Según la FDA, más de cinco millones de mujeres lo han usado. Esos estudios también defienden su alta eficacia si se emplea en la primera fase del embarazo y combinado con el misoprostol. La primera medicación detiene la producción de progesterona e interrumpe la gestación; la segunda provoca contracciones en la paciente y la ayuda a evacuar el feto.

Dos preguntas

En otro argumento legal aportado al caso del Supremo, un grupo de asociaciones que incluye al Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, se puede leer: “Los eventos adversos importantes (infección significativa, pérdida excesiva de sangre u hospitalización) ocurren en menos del 0,32% de los casos, según un estudio de gran prestigio con más de 50.000 pacientes”.

Dada la naturaleza de los demandantes, el Supremo se enfrenta a dos preguntas, según explica en una conversación telefónica Sabrina Talukder, abogada del centro de análisis progresista Center for American Progress, con sede en Washington. “La primera es si una organización conservadora cristiana en la que no participa ningún ginecólogo u otro especialista que haya trabajado con el fármaco cuestionado está autorizada para lanzar ese ataque legal”, aclara. Otro motivo por el que se decantaron por Amarillo, continúa Talukder, es que el tribunal de apelaciones que corresponde a esa área es el del Quinto Circuito, que tiene su sede en Nueva Orleans y jurisdicción sobre Luisiana, Texas y Misisipi, y es, en la definición de la experta, “el más extremista de Estados Unidos”. “En este caso, funciona además como un tobogán que lleva directo al Supremo”, añade. A Talukder le preocupa lo que eso indica de cómo “la politización de la justicia está llevando a Estados Unidos también a una politización de la medicina”.

La segunda pregunta afecta al fondo del asunto. Si los jueces confirman el fallo del tribunal de apelaciones, la regulación sobre la mifepristona, de cuya comercialización se beneficia Danko Laboratories, farmacéutica con sede en Nueva York, viajaría en el tiempo hasta 2011, cuando el fármaco solo podía recetarlo un médico en persona, y nunca, como ahora, en una consulta remota, tras la que la paciente puede recibir las pastillas a vuelta de correo. También devolvería el plazo en el que se permite su uso a las siete semanas, un tiempo en el que muchas mujeres no pueden saber aún que están embarazadas. La restricción del acceso a la mifepristona reduciría las opciones de los abortos médicos, que aún podrían llevarse a cabo usando solo misoprostol, como sucede en países como Brasil. Esa opción es menos eficaz y provoca, según los médicos, mayores efectos secundarios, como calambres, diarrea o fiebre.

Los defensores de restringir el acceso a la mifepristona también argumentan que eso limitaría el poder de las agencias gubernamentales, que se cuentan (desde el FBI, a la EPA, que protege el medioambiente) entre los principales enemigos de los políticos republicanos. Desde el otro lado del espectro político, arguyen que una decisión del Supremo desfavorable a sus intereses podría sentar un peligroso precedente. “Abriría la puerta”, advierte Talukder, “a que cualquier ciudadano ponga en duda la autoridad de la FDA para decidir sobre los medicamentos que se pueden recetar, y no siguiendo criterios médicos, sino políticos”.

La de este martes no será la única oportunidad en la que el alto tribunal tercie este año en el tema del aborto, uno de los asuntos que más han hecho por deteriorar su imagen, más dañada que nunca, ante la opinión pública estadounidense. En abril, sus nueve magistrados examinarán el caso Idaho contra Estados Unidos, en el que deben decidir sobre la legalidad de una norma antiaborto del Estado del Medio Oeste. Es una de las más severas del país. Según sus detractores, enfrenta a médicos y enfermeras a un dilema de difícil solución en los casos en los que la vida de la madre está en peligro si se la obliga a continuar con la gestación. Si practican una interrupción del embarazo, se exponen, según la ley de Idaho, a perder su licencia o incluso a acabar en la cárcel. Si no, contravendrían otra norma, esta de alcance federal, que obliga a los hospitales que ofrezcan servicios de emergencia a intervenir si la salud de la paciente está en juego.