Las comunidades reducen del 67% al 59% en 12 años el porcentaje de sus presupuestos que dedican a políticas sociales

Las comunidades autónomas dedican cada vez menos porcentaje de sus presupuestos a políticas sociales, según el informe publicado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Así, si en 2010 se destinó el 67,4% de las cuentas públicas a gasto social —esto es, educación, sanidad y servicios sociales—, en 2022 se redujo al 58,8%, según se desprende del estudio de esta organización, tras analizar datos del Ministerio de Hacienda. Esto no quiere decir que se invierta menos dinero (que de hecho ha aumentado en estos años, al pasar de 111.800a 139.100 millones de euros), sino que estas áreas ocupan cada vez menos peso en las cuentas públicas, según explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. “Lo más preocupante es que las comunidades cada vez tienen más presupuesto para el desarrollo de sus políticas, son ellas las que tienen que garantizar los sistemas de protección social, y cada vez dedican menos porcentaje al Estado del bienestar”, critica. El informe también señala importantes diferencias en la inversión de las autonomías, con Navarra liderando el gasto por habitante en 2022 (3.901 euros) y Madrid a la cola (2.399 euros).

La asociación, que publica este informe desde 2010, realiza anualmente un análisis de la evolución del gasto en políticas sociales. Precisamente, 2010 es el año de todos los que han estudiado en el que se alcanzó un mayor porcentaje de las cuentas públicas de las autonomías dedicado a políticas sociales. En este periodo se ha notado el golpe de una crisis económica que se saldó con duros recortes. A partir de 2014 se fueron registrando aumentos en los presupuestos del conjunto de las autonomías.

El informe analiza anualmente el presupuesto liquidado, a excepción de en 2022, cuando se estudia el presupuesto definitivo, a falta del dato de lo que efectivamente se liquidó. La pandemia dio un impulso a la inversión en políticas como la sanitaria. “Aunque la crisis sanitaria y social provocada por el covid-19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades autónomas solo ha sido del 13,5% entre 2019 y 2022″, puntualiza la asociación en una nota de prensa, “mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas en ese mismo periodo fue del 41%, tres veces más”. Ello, según esta organización, “evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas”.

Hay otro aspecto que preocupa igualmente a esta asociación. “Existe una gran desigualdad territorial en cuanto al desarrollo de políticas sociales. No es lo mismo vivir en Madrid si precisas de un sistema de educación, de sanidad y de servicios sociales públicos, que vivir en una comunidad como el País Vasco o Navarra, donde el presupuesto es muchísimo mayor”, explica Ramírez. La media que se dedica en el conjunto del país a gasto social fue en 2022 de 2.939,8 euros por habitante. En Madrid dedicaron 540 euros menos que la media, con 2.399,3 euros. Es la comunidad que está a la cola, junto a Cataluña (2.781,7 euros por habitante) y Andalucía (2.792,1). El ranking lo lideran Navarra (3.901,1 euros), País Vasco (3.708,1) y Extremadura (3.629,2).

Ramírez hace especial hincapié en el caso de Cataluña. En el conjunto del país, entre 2009 (el año antes de que comenzaran a aplicarse los recortes, según destaca el presidente de la asociación) y el año pasado se incrementó un 19% la partida a las políticas sociales. En Baleares se registró la mayor subida, con el 48%. En Cataluña, en cambio, el aumento fue de apenas del 4,7%. Es más, si se estudia la inversión por habitante al año, Cataluña es la única autonomía que no ha recuperado el presupuesto para políticas sociales previo a los recortes de 2010. En 2022 invirtió en estas tres áreas 6,38 euros menos por habitante que en 2009. Madrid es la siguiente comunidad peor parada, con un aumento de 167,8 euros. Las autonomías que encabezan la lista fueron la Comunidad Valenciana (con 855 euros más), Navarra (829,9 más) y Asturias (823,6 más). “Para hablar de igualdad, lo mejor es que los presupuestos compadezcan con los discursos. El Estado del bienestar garantiza la igualdad entre ciudadanos. Las diferencias entre comunidades son enormes”, indica Ramírez.